La Corte Suprema emitió un fallo el miércoles indicando que el gobierno de Trump puede seguir aplicando una política que exige que los solicitantes de asilo esperen en México para sus audiencias en los tribunales de EE. UU.
El fallo anula una decisión de un tribunal inferior que habría bloqueado la política, al menos para las personas que llegan a la frontera entre EE. UU. y México en Arizona y California.
La acción del tribunal superior llegó un día antes de que la orden del tribunal inferior entrara en vigor. En cambio, la política de Permanecer en México —conocida formalmente como Protocolos de Protección al Migrante— seguirá en vigor mientras se desarrolla una demanda en los tribunales que la impugnan.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, de tendencia liberal, dictaminó que la política puede ser ilegal en virtud de la legislación de Estados Unidos que impide el envío de personas a países en los que sus vidas o su libertad se verían amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social determinado.
Poco después del fallo del 9º Circuito, la administración Trump pidió a la Corte Suprema que permitiera al gobierno seguir aplicando la política.
Alrededor de 60.000 solicitantes de asilo han tenido que regresar a México para esperar a que sus casos pasen por los tribunales de inmigración obstruidos desde que la política se introdujo en enero de 2019 en San Diego y luego se expandió a través de la frontera. La política tiene por objeto poner fin a las lagunas de la actual política de «captura y liberación», en virtud de la cual los solicitantes de asilo son liberados en el interior del país mientras esperan una audiencia judicial, a menudo para no ser vistos nunca más.
«Importante victoria de SCOTUS para asegurar la frontera. El acuerdo de política de ‘permanecer en México’ con el [gobierno] mexicano ha tenido un gran impacto en la reducción de los cruces ilegales de la frontera, especialmente crítico mientras trabajamos para contener la propagación de la pandemia del Coronavirus», escribió en Twitter el senador Ted Cruz (R-Texas).
«La Corte de Apelaciones declaró inequívocamente que esta política es ilegal. La Corte Suprema también debería hacerlo», dijo Judy Rabinovitz, una abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a los solicitantes de asilo y a los grupos de defensa de los inmigrantes en el caso.
El Departamento de Justicia dijo que la orden de la Corte Suprema restaura «la capacidad del gobierno de manejar la frontera suroeste y de trabajar en cooperación con el gobierno mexicano para abordar la inmigración ilegal».
«Los cruces ilegales de la frontera en Arizona se hundieron en un asombroso 90% año tras año tras la implementación de la nueva política ‘Permanecer en México'», escribió en Twitter el representante Paul Gosar (R-Ariz.).
Human Rights First, un grupo de defensa que se opone a la política, dijo que encontró más de 1000 informes públicos de secuestros, torturas, violaciones y asaltos en los solicitantes de asilo que fueron devueltos a México.
La administración dijo en los papeles de la corte que más de 36.000 de los 60.000 casos fueron resueltos en las cortes de inmigración. Se ha concedido asilo a menos del 1% de los casos que se han resuelto.
La administración había argumentado que miles de migrantes se precipitarían en la frontera si el tribunal superior no intervenía.
Janita Kan y Associated Press contribuyeron con este informe.
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