La Corte Suprema votó 5-4 para permitir a los gentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. retirar el alambre de púas colocado a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México por el gobernador de Texas, Greg Abbott, mientras se resuelve un recurso legal.
En una breve sentencia, el alto tribunal anuló un fallo emitido a mediados de diciembre por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh votaron a favor de denegar la solicitud de anular esa orden judicial de la corte inferior, lo que habría impedido a los agentes de la Patrulla Fronteriza retirar la barrera.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y las juezas Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor se pusieron del lado de la Administración Biden. Ninguno dio una explicación de su voto.
En sus argumentos ante el alto tribunal, los abogados de la Administración Biden alegaron que la barrera impedía a los agentes llegar hasta los inmigrantes ilegales que ya habían entrado en Estados Unidos. Los abogados del estado de Texas, sin embargo, han afirmado que Washington no ha sido capaz de asegurar la frontera mientras el gobierno del Sr. Abbott instalaba vallas de alambre de púas en el marco del plan Operación Estrella Solitaria.
Argumentaron que el alambre de púas bloquea el acceso de los agentes a «la misma frontera que están encargados de patrullar y a los individuos que están encargados de detener e inspeccionar».
«Al igual que otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los agentes de la Patrulla Fronteriza que operan en circunstancias difíciles en la frontera deben tomar decisiones que dependen del contexto, a veces en fracciones de segundo, sobre cómo hacer cumplir las leyes federales de inmigración, manteniendo al mismo tiempo la seguridad pública», escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar a la Corte Suprema. «Pero la medida cautelar prohíbe a los agentes atravesar o mover obstáculos físicos erigidos por el estado que impiden el acceso a la misma frontera que están encargados de patrullar y a los individuos que están encargados de aprehender e inspeccionar».
En la solicitud, también rechazó la idea de que los agentes federales hayan hecho algo ilegal o indebido.
«El ejercicio de criterio por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza en relación con los medios para permitir la aprehensión, inspección y procesamiento de no ciudadanos no sugiere en modo alguno que corten cables con fines no permitidos», escribió la procuradora general.
En los documentos judiciales, la administración también dijo que, en cualquier caso, la ley federal de inmigración prevalece sobre los esfuerzos de Texas para detener el flujo de migrantes en el país.
Eso se presentó después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. se pusiera del lado de Texas hace varias semanas, diciendo que «el interés público apoya claras protecciones de los derechos de propiedad contra la intrusión y el control del gobierno».
A principios de este año, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la Administración Biden y varias agencias y funcionarios federales por la destrucción de la alambrada. Él y otros funcionarios estatales han argumentado que los agentes federales cortaron el alambre para ayudar a los grupos que cruzan ilegalmente a través del río antes de llevarlos para su procesamiento.
«Los agentes federales han desarrollado e implementado la práctica de destruir las alambradas de Texas para alentar, inducir y ayudar a miles de extranjeros a cruzar ilegalmente el Río Grande y entrar en Texas», dijo en un comunicado en octubre. «En algunos casos, los agentes federales intentaron facilitar a los extranjeros la posibilidad de subir ilegalmente por la orilla del río para entrar en Texas atando cuerdas o cables a la parte trasera de camionetas. Los agentes federales cortan regularmente nuevas aberturas en la alambrada, a veces inmediatamente después de que los agentes de Texas hayan colocado nuevo alambre para tapar los huecos en las barreras de la alambrada».
El Sr. Abbott también ha autorizado la instalación de barreras flotantes en el Río Grande, cerca de Eagle Pass, y ha permitido a los agentes detener y encarcelar a miles de inmigrantes acusados de allanamiento de morada. La administración también ha impugnado estas medidas ante los tribunales federales. Un tribunal federal de apelaciones obligó el mes pasado a los agentes federales a dejar de cortar las barreras de alambre. Un gran número de inmigrantes han cruzado por Eagle Pass en los últimos meses.
En un caso separado, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ordenó en diciembre a Texas que eliminara una barrera de boyas de 1000 pies de largo en el Río Grande, también diseñada para bloquear la inmigración ilegal. La Corte dio la razón al gobierno de Biden, que argumentó que la barrera dificulta la navegación por el río Grande.
Este mes, Texas denegó la entrada a los agentes de la Patrulla Fronteriza en los alrededores de Shelby Park, en Eagle Pass, después de que Abbott dijera que el estado no permitiría a los agentes «entrar en esa propiedad nunca más», ampliando así la disputa con la Administración Biden.
«Dijimos: ‘Estamos hartos. No vamos a permitir que esto siga ocurriendo'», dijo el gobernador a principios de este mes, refiriéndose a la disputa.
Con información de The Associated Press.
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