La Corte Suprema se ha negado a restablecer una nueva ley de Missouri que no permite a la policía local colaborar con el gobierno federal para hacer cumplir las leyes sobre armas de fuego.
La orden sin firma del tribunal en el caso Missouri contra Estados Unidos (expediente judicial 23A296) se emitió a última hora del 20 de octubre.
No es la última palabra sobre la ley. El caso sigue en los tribunales inferiores y podría volver a la Corte Suprema en el futuro.
El juez Clarence Thomas disintió del fallo, pero no explicó por qué.
Los jueces Neil Gorsuch y Samuel Alito se mostraron de acuerdo con la orden, pero dijeron que los ciudadanos privados aún podían aplicar la Ley de Preservación de la Segunda Enmienda de Missouri, de dos años de antigüedad. La ley estatal declara inconstitucional el registro de armas de fuego y las limitaciones a su transferencia.
El gobernador de Missouri, el republicano Mike Parson, promulgó la ley, también conocida como HB 85, en 2021.
El estatuto impone multas de 50,000 dólares y prohíbe a las fuerzas de seguridad locales hacer cumplir las leyes federales sobre armas de fuego que Missouri considera inconstitucionales. La prohibición estatal de hacer cumplir la ley incluye leyes federales que obligan a registrar determinadas armas de fuego, establecen límites sobre quién puede vender armas y restringen la posesión de armas, como la antigua ley federal que impide a los delincuentes convictos poseer armas, según un resumen de SCOTUSblog.
En febrero de 2022, la Administración Biden demandó al estado para impedir que aplicara la Ley de Preservación de la Segunda Enmienda.
Brian Boynton, del Departamento de Justicia de EE. UU., dijo entonces que los estados «no pueden simplemente declarar inválidas las leyes federales». El estatuto de Missouri «dificulta las leyes federales sobre armas de fuego y tensa las importantes alianzas de las fuerzas de seguridad que ayudan a mantener a los criminales violentos fuera de las calles».
A principios de este año, el juez de distrito de Estados Unidos Brian Wimes, que fue nombrado en 2012 por el presidente Barack Obama, encontró que el estatuto era inconstitucional porque va en contra de la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que las leyes estatales no pueden invalidar las leyes federales y que las leyes federales prevalecen sobre las leyes estatales inconsistentes.
El juez Wimes dictó una orden judicial que prohibía al estado aplicar la ley.
Missouri solicitó al Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito que suspendiera la orden del juez, pero el 29 de septiembre se negó a hacerlo.
El gobierno de Biden había pedido a la Corte Suprema que denegara la solicitud de emergencia para suspender la orden del juez.
En un escrito presentado el 10 de octubre, la procuradora general de EE. UU., Elizabeth Prelogar, se burló de la ley de Missouri como un «esquema anulacionista» inconstitucional y dijo que no había razón para que el máximo tribunal de la nación se involucrara en el caso.
«La Legislatura de Missouri es libre de expresar sus opiniones sobre la Segunda Enmienda, y también es libre de prohibir a los funcionarios estatales y locales que ayuden en la aplicación de la ley federal.
«Pero no es libre de pretender anular los estatutos federales; de ordenar a los funcionarios y tribunales estatales que traten esos estatutos como inválidos y se protejan contra su aplicación; o de regular y discriminar a los funcionarios federales que aplican esos estatutos.
«Este Tribunal no debe conceder medidas extraordinarias de emergencia para permitir a Missouri reanudar la aplicación de ese plan de anulación», escribió Prelogar.
En su solicitud de emergencia a la Corte Suprema, Missouri argumentó que el gobierno federal carece de legitimación para impugnar la ley.
El gobierno federal no puede establecer un perjuicio que sea «legal y judicialmente cognoscible» —o dentro de la jurisdicción del tribunal y capaz de ser juzgado en la corte— porque la ley «sólo puede ser aplicada contra las agencias de Missouri y las subdivisiones políticas de Missouri, no contra el gobierno federal —como la Corte Suprema de Missouri ha explicado».
Si fuera de otro modo, el gobierno federal «siempre tendría legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad cuando un Estado ejerciera la facultad que le confiere la Décima Enmienda de no contribuir a la aplicación de la ley federal», según la solicitud.
«Lo único que Estados Unidos ha identificado es una interpretación constitucional que no le gusta».
La orden del juez «no proporciona a los Estados Unidos ninguna reparación de su perjuicio (no reconocible) de la disminución de las asociaciones federales-estatales», continúa el documento.
«Los particulares podrían seguir presentando demandas privadas en los tribunales estatales, y con la perspectiva de fuertes sanciones, sería poco probable que las subdivisiones políticas ayudaran al gobierno federal a hacer cumplir ciertos estatutos federales, incluso con una orden judicial federal en los libros».
En una declaración presentada con la disidencia del juez Thomas, el juez Gorsuch estuvo de acuerdo con el argumento del estado sobre la aplicación privada de la ley. A su declaración se unió el juez Alito.
«En el entendimiento de que el tribunal de distrito ‘prohibió’ solo la ‘implementación y aplicación’ de H.B. 85 por parte del Estado de ‘Missouri y sus funcionarios, agentes y empleados’ y ‘cualquier otro en concierto activo con tales individuos’, … estoy de acuerdo con la denegación de la solicitud de suspensión en las presentes circunstancias. Una medida cautelar que pretenda obligar a las partes privadas que no están ante el tribunal de distrito o las disposiciones ‘impugnadas’ ‘en sí mismas’, sin embargo, sería incompatible con los ‘poderes equitativos de los tribunales federales'», escribió el juez Gorsuch, citando un precedente de 2021.
El nuevo fallo se produjo un año después de la histórica sentencia de la Corte Suprema en el caso New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, que sostuvo que existe un derecho constitucional a portar armas de fuego en público para defensa propia.
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, restó importancia a la sentencia de la Corte Suprema.
«Se trataba de una cuestión puramente procesal», dijo el funcionario republicano en una declaración a The Epoch Times.
«Esperamos defender los derechos de la Segunda Enmienda de los habitantes de Missouri en el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia de EE. UU. para obtener comentarios.
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