La Corte Suprema decidió el 27 de junio desestimar el recurso de Idaho contra una sentencia de una corte inferior que concedía una excepción a su estricta ley del aborto para los abortos considerados de urgencia médica.
La nueva decisión permite que se practiquen abortos de urgencia en Idaho mientras la impugnación de la ley del aborto del estado avanza en los tribunales inferiores.
El presidente Joe Biden elogió rápidamente el fallo.
«La orden de hoy de la Corte Suprema garantiza que las mujeres de Idaho puedan acceder a la atención médica de urgencia que necesitan mientras este caso vuelve a los tribunales inferiores. A ninguna mujer se le debería negar la atención, hacerla esperar hasta que esté cerca de la muerte u obligarla a huir de su estado natal solo para recibir la atención médica que necesita», dijo en una declaración escrita.
«Esto no debería ocurrir nunca en Estados Unidos. Sin embargo, esto es exactamente lo que está ocurriendo en estados de todo el país desde que la Corte Suprema anuló el caso Roe contra Wade».
La publicación de la opinión judicial se produjo después de que el personal del sitio web de la corte publicara inadvertidamente una versión del documento el 26 de junio, y luego la retirara.
La nueva opinión de la corte no está firmada y está marcada «per curiam», que significa «para el tribunal». La opinión también afirma que la decisión de conceder la petición y aceptar la audiencia del caso fue «improcedentemente concedida», lo que significa que los jueces decidieron que habían cometido un error al aceptar la audiencia del caso.
El nuevo dictamen se emite dos años después de que la Corte Suprema dictaminara en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization que la Constitución de EE. UU. no protege el derecho al aborto y devolviera su regulación a los estados. La sentencia anuló el caso Roe contra Wade (1973).
Una versión de la opinión de Dobbs se filtró semanas antes de que se publicara esa decisión. Una investigación de la corte no logró identificar la fuente de la filtración. Tras la filtración se produjeron protestas en los domicilios de los jueces conservadores de la corte. Un hombre fue detenido por intentar asesinar al juez Brett Kavanaugh.
La Ley de Defensa de la Vida de Idaho prohíbe los abortos excepto cuando sean «necesarios para evitar la muerte de la mujer embarazada» o durante el primer trimestre cuando el embarazo haya sido causado por violación o incesto. Practicar un aborto puede conllevar cinco años de cárcel y la revocación de la licencia de médico.
El caso trataba sobre si la ley estatal entraba en conflicto con la ley federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA), que prohíbe el «dumping de pacientes», la práctica de los hospitales de negar tratamiento de urgencia a personas que no pueden pagar los servicios médicos.
El gobierno de Biden afirma que la ley estatal infringe la EMTALA, que exige que los pacientes de urgencias reciban una atención estabilizadora. La administración argumentó que la atención estabilizadora incluye los abortos. El gobierno también dijo que las restricciones estatales al aborto, como la de Idaho, han confundido a los pacientes y a los profesionales de la salud y han retrasado la atención crítica a las mujeres embarazadas.
Al mismo tiempo, Idaho argumentó que la ley federal y la ley estatal no están en conflicto. Idaho afirmó que el gobierno federal estaba tratando de ampliar el alcance de la ley federal para anular la ley estatal sobre el aborto, como parte de un esfuerzo por crear un derecho federal al aborto a pesar de la sentencia de la Corte Suprema en el caso Dobbs.
La corte escuchó los argumentos orales el 24 de abril en el caso Moyle contra Estados Unidos, que se consolidó con el caso Idaho contra Estados Unidos. El demandante principal, Mike Moyle, es el presidente republicano de la Cámara de Representantes de Idaho. La organización conservadora Alliance Defending Freedom forma parte del equipo jurídico de Idaho.
En representación del gobierno de Biden, la procuradora general de EE. UU., Elizabeth Prelogar, dijo que la ley de Idaho obligaba a las mujeres a salir del estado para recibir tratamiento médico.
Las mujeres están siendo trasladadas a otros estados porque los médicos tienen miedo de practicar abortos, dijo en ese momento.
«Los médicos no pueden prestar la atención necesaria» porque temen que un fiscal «los esté mirando vigilando» y pueda «cuestionarlos», dijo la Sra. Prelogar.
El procurador general adjunto de Idaho, Joshua N. Turner, afirmó que la EMTALA y la ley de Idaho no entran en conflicto.
La interpretación errónea de la EMTALA por parte de la Administración Biden «carece de todo principio limitador», afirmó el abogado.
«Si los médicos de urgencias pueden realizar cualquier tratamiento que determinen apropiado, entonces los médicos pueden ignorar no solo las leyes estatales sobre el aborto, sino también las regulaciones estatales sobre el uso de opioides y los requisitos de consentimiento informado».
La EMTALA fue aprobada por el Congreso en 1986 con el objetivo de garantizar el acceso público a los servicios de urgencias independientemente de la capacidad de pago del paciente.
El gobierno federal adoptó la postura de que la Ley de Defensa de la Vida de Idaho quedaba excluida de la EMTALA. La prevalencia federal significa que una ley estatal que entre en conflicto con la ley federal es inválida.
El juez de distrito B. Lynn Winmill dictaminó en agosto de 2022 que la ley de Idaho entraba parcialmente en conflicto con la EMTALA. El juez impidió que Idaho aplicara su ley estatal «en la medida en que se aplique a la atención médica exigida por» la EMTALA.
En septiembre de 2023, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito revocó la decisión de la Corte de Distrito, encontrando que EMTALA y la ley estatal no entraban en conflicto, pero dos meses más tarde, la corte restableció la medida cautelar de la Corte de Distrito.
El pleno del circuito se disponía a reabrir el caso, pero el 5 de enero, la Corte Suprema intervino y accedió a la petición de Idaho de levantar la medida cautelar, a la espera del resultado del caso en el alto tribunal.
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