Es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte un nuevo caso sobre leyes electorales con el cual los republicanos esperan que se reconozca a la legislatura estatal como la principal autoridad constitucional para establecer las reglas electorales del Congreso, presidenciales y de redistribución de distritos, logrando frenar el poder de las cortes estatales para intervenir en esas disputas.
«La Constitución de EE. UU. es clara como el agua: las legislaturas estatales son las responsables de trazar los mapas del Congreso, no los jueces de las cortes estatales y, desde luego, no con la ayuda de agentes políticos partidistas», dijo en marzo Tim Moore, republicano y presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, cuando presentó un recurso contra la orden de la Corte Suprema de su estado que redibujaba el mapa electoral del estado en contra de los deseos de la legislatura estatal, de mayoría republicana.
«Tenemos la esperanza de que la Corte Suprema reafirme este principio básico y deseche el mapa ilegal impuesto al pueblo de Carolina del Norte por su máximo tribunal. Es hora de resolver la cuestión de la cláusula electoral de una vez por todas».
La causa es Moore vs. Harper, expediente judicial 21-1271. Una petición fue presentada a la Corte el 17 de marzo, precedida por una solicitud de emergencia que buscaba suspender un fallo del 14 de febrero de la Corte Suprema de Carolina del Norte, el que exigía al estado modificar sus actuales distritos electorales del Congreso para las elecciones primarias y generales de 2022. La demandada, Rebecca Harper, forma parte de un grupo de 25 votantes individuales de Carolina del Norte.
La Corte Suprema rechazó (pdf) la solicitud de suspensión el 7 de marzo. En un dictamen en la denegación de la suspensión, el juez Brett Kavanaugh declaró que el alto tribunal «ha dictaminado repetidamente que las cortes federales normalmente no deben alterar las leyes electorales estatales en el período cercano a una elección».
La petición (pdf) estaba programada para ser considerada por los jueces el 16 de junio. Está previsto que la Corte anuncie sus decisiones sobre las peticiones pendientes el 21 de junio. Para que una petición sea aceptada, al menos cuatro de los nueve jueces deben estar de acuerdo.
Los republicanos afirman que la Constitución faculta directamente a las legislaturas estatales para dictar sus normas para la celebración de elecciones, incluidas las presidenciales y sin embargo la Corte Suprema nunca ha invocado la llamada Doctrina de la Legislatura Estatal Independiente. La doctrina, una de las favoritas de los pensadores jurídicos conservadores, como el presentador de radio Mark Levin, que habla de ella con frecuencia, fue defendida a menudo por los republicanos a lo largo de las elecciones de 2020 que, según ellos, le fueron robadas al presidente en funciones, Donald Trump.
«Los tiempos, lugares y formas de celebrar las elecciones para senadores y representantes, serán prescritos en cada Estado por la Legislatura del mismo», establece la cláusula de las elecciones en el artículo 1.
«Cada Estado designará, en la forma que disponga su Legislatura, un Número de Electores igual al Número total de Senadores y Representantes a que tenga derecho el Estado en el Congreso», establece la cláusula de los electores presidenciales en el artículo 2.
Cuatro jueces conservadores de la Corte Suprema han manifestado su interés en pronunciarse sobre la doctrina y tres de ellos dijeron que se esto se aplicó en el caso Bush vs. Gore que resolvió las disputadas elecciones presidenciales del 2000.
Aunque Kavanaugh rechazó la solicitud de suspensión, el juez señaló que el tema «es casi seguro que seguirá surgiendo hasta que la Corte lo resuelva definitivamente». En una opinión disidente de la misma orden, el juez Samuel Alito escribió que si la cláusula electoral dijera que las reglas debían ser prescritas «por cada Estado», esa redacción «habría dejado a cada Estado la decisión de qué rama, componente o funcionario del gobierno estatal debería ejercer ese poder, ya que los Estados son generalmente libres de asignar el poder estatal como elijan».
«Pero eso no es lo que dice la Cláusula Electoral. Su lenguaje especifica un órgano particular de un gobierno estatal y debemos tomar ese lenguaje en serio», escribió Alito en un disenso al que se unieron los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch.
Los abogados electorales de izquierda están consternados por el hecho de que la Corte Suprema pueda pronunciarse sobre la doctrina.
«Un fallo que respalde una lectura fuerte o musculosa de la teoría de la legislatura estatal independiente daría potencialmente a las legislaturas estatales aún más poder para restringir los derechos de voto y proporcionaría una vía de litigio para subvertir los resultados de las elecciones que expresan la voluntad del pueblo», dijo a The Associated Press el profesor de derecho de la Universidad de California-Irvine, Rick Hasen.
Mientras tanto, los observadores legales esperan una opinión de la Corte Suprema mientras los jueces deliberan sobre otro caso del estado de Tar Heel llamado Berger vs. Conferencia estatal de Carolina del Norte de la NAACP, expediente judicial 21-248. Phil Berger, republicano, es presidente pro tempore del Senado de Carolina del Norte. La NAACP es la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color.
La corte escuchó los argumentos orales del caso el 21 de marzo, como informó The Epoch Times.
Berger argumentó que la legislatura de mayoría republicana del estado debería poder intervenir para abogar por una ley de identificación de votantes en las cortes porque Josh Stein, el fiscal general demócrata del estado, supuestamente no estaba haciendo lo suficiente para defender el estatuto.
No está claro cuándo se emitirá el dictamen. Los jueces están tratando de eliminar una acumulación de 18 dictámenes del período actual, incluidos otros casos relacionados con el aborto, la oración escolar, el derecho a portar armas y el cambio climático, antes de las vacaciones de verano.
La Corte tiene previsto publicar más fallos el 21 y 23 de junio.
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