La Corte Suprema de EE.UU. rechazó el lunes escuchar una apelación de la administración de Biden relacionada con Texas, dejando sin resolver si los médicos en los estados con las leyes de aborto más restrictivas deben realizar el procedimiento en ciertas emergencias.
Los magistrados tomaron su decisión el 7 de octubre sin dar explicaciones, manteniendo intacta la sentencia de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. a favor de Texas.
El núcleo del caso de Texas es la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA), una ley federal que obliga a las salas de urgencias de hospitales que reciben fondos de Medicare a proporcionar el «tratamiento estabilizador necesario» a pacientes con una «afección médica de emergencia». Para mujeres embarazadas, una condición médica de emergencia incluye aquella que pone en peligro la salud de la mujer o de su feto.
Tras la decisión de la Corte Suprema en 2022 de anular el caso Roe contra Wade y devolver la cuestión del acceso al aborto a los estados, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU. publicó directrices afirmando que el aborto puede considerarse atención estabilizadora según la EMTALA.
Aunque la ley federal deja al médico determinar qué constituye un estado de emergencia médica para una mujer embarazada, la guía enumera ejemplos específicos —como embarazo ectópico, complicaciones de aborto espontáneo y preeclampsia grave— que, según el HHS, requerirían aborto para estabilizar a una paciente.
«Sin ambigüedades, reafirmamos que esperamos que los proveedores sigan ofreciendo estos servicios y que la ley federal prevalece sobre las prohibiciones estatales de aborto cuando sea necesario para la atención de emergencia», dijo el secretario del HHS Xavier Becerra en un comunicado anunciando la orientación.
Texas respondió demandando al HHS, alegando que la agencia federal se extralimitó en sus funciones. La orientación, según el fiscal general de Texas, Ken Paxton, introdujo nuevos requisitos relacionados con el aborto que «no existen bajo la ley federal» y transformaría «cada sala de emergencias en el país en una clínica de aborto sin cita previa».
«A esta administración le cuesta cumplir la ley, y ahora intenta que los burócratas que ha nombrado obliguen a los hospitales y médicos de urgencias a practicar abortos», dijo Paxton en ese momento.
Tanto un tribunal de distrito como el 5º Circuito fallaron a favor de Texas, dictaminando que la EMTALA no se antepone a las restricciones de la ley de Texas respecto al aborto. Específicamente, los tribunales consideraron que la EMTALA no prevalece sobre la Ley de Protección de la Vida Humana de Texas, que prohíbe los abortos a menos que el embarazo «ponga a la mujer en peligro de muerte o suponga un grave riesgo de deterioro sustancial de una función corporal importante».
La administración Biden apeló entonces a la Corte Suprema, señalando un caso similar en Idaho. En ese caso, el alto tribunal votó 6-3 para desestimar un recurso de las autoridades de Idaho, manteniendo una sentencia del tribunal de apelaciones que permite a los médicos realizar abortos de emergencia en el estado mientras continúa el litigio.
Sin embargo, la desestimación por la Corte Suprema del caso de Idaho no aborda la cuestión jurídica subyacente de si la EMTALA entra en conflicto con las leyes estatales sobre el aborto. La decisión ha suscitado críticas de los defensores del derecho al aborto, así como de los jueces Samuel Alito y Ketanji Brown Jackson, quienes argumentaron por diferentes razones que el tribunal debería haber abordado el fondo del caso.
«Mientras este tribunal se demora y el país espera, las mujeres embarazadas que sufren una emergencia médica se encuentran en una situación precaria, ya que sus médicos desconocen qué exige la ley», escribió Jackson en su voto particular.
Alito, por su parte, escribió en otro voto particular que la interpretación de la EMTALA por parte de la administración Biden era «claramente errónea», dado que el lenguaje llano de la ley «exige sin ambigüedades» que los hospitales financiados por Medicare protejan la salud tanto de la mujer embarazada como del feto.
«El texto de la EMTALA demuestra concluyentemente que no obliga a los hospitales a practicar abortos», escribió.
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