La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el 22 de julio a volver a examinar la apelación de un exdetenido canadiense de Guantánamo que pidió que se anularan sus condenas por el asesinato de un soldado estadounidense en Afganistán y los delitos conexos que cometió cuando tenía 15 años.
La decisión de no volver a examinar el caso del demandante, Omar Ahmed Khadr, de 37 años, nacido en Toronto, se produjo después de que el 20 de mayo la Corte denegara su petición de certiorari, o revisión, en relación con una sentencia de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
El caso se remonta a 2002, cuando el Sr. Khadr fue detenido en Afganistán en relación con la muerte del sargento Christopher Speer, soldado estadounidense, en un intercambio de disparos. El Sr. Khadr lanzó una granada de mano que mató al sargento Speer.
El padre del Sr. Khadr, un alto operativo del grupo terrorista al-Qaeda, había llevado a su hijo a Afganistán y lo había dejado con los fabricantes de bombas. La célula terrorista disparó contra las tropas estadounidenses ellos cuando llegaban a su complejo.
Estuvo detenido en la prisión militar estadounidense de la base naval de Guantánamo, en Cuba, durante una década.
En 2007, él fue acusado de cinco delitos en virtud de la Ley de Comisiones Militares de 2006, creada para apoyar la Guerra Global contra el Terrorismo, declarada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Entre los delitos de los que se acusó al Sr. Khadr figuran asesinato en violación del derecho de la guerra, intento de asesinato en violación del derecho de la guerra y prestación de apoyo material al terrorismo.
En 2010 llegó a un acuerdo con la fiscalía que le valió una condena de ocho años y su traslado a una prisión canadiense.
En 2012, la jurisprudencia que rige los enjuiciamientos relacionados con la guerra cambió cuando la Corte de Circuito del Distrito de Columbia dictaminó en un caso diferente que los acusados no podían ser acusados en virtud de la Ley de Comisiones Militares por crímenes que tuvieron lugar antes de que se promulgara el estatuto.
A pesar de esa decisión, el Circuito de Washington D.C. determinó en mayo de 2023 que no podía conocer de su caso porque aceptó renunciar a su derecho a revisión en la apelación, cuando firmó el acuerdo de culpabilidad en 2010 ante una comisión militar estadounidense.
La orden sin firma de la Corte Suprema, de hace dos meses, denegó la petición de Khadr vs. Estados Unidos sin comentarios. Ningún juez disintió. Los jueces Brett Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson se recusaron porque habían participado en el caso cuando eran jueces de la Corte de Circuito del Distrito de Columbia.
La nueva orden sin firma de la Corte Suprema, del 22 de julio, denegó la petición de una nueva audiencia para el Sr. Khadr sin comentarios. Ningún juez disintió. Los jueces Kavanaugh y Jackson volvieron a recusarse por el mismo motivo.
En la petición de una nueva audiencia presentada ante la corte el 14 de junio, el Sr. Khadr había argumentado que la recusación de los dos jueces en la etapa de petición de certiorari perjudicaba su caso.
En términos del resultado de un caso, la recusación de un juez de la Corte Suprema es «efectivamente lo mismo que emitir un voto en contra del peticionario», afirma el documento, citando un fallo de una corte inferior de 2004.
La recusación en estas circunstancias era opcional, no obligatoria, y fue dispensada para el Sr. Khadr, añade el documento.
«[S]i existe un motivo imperioso para la descalificación, los jueces tienen la obligación de oír y decidir el caso para garantizar la integridad del sistema judicial».
Además, la reanudación del caso con la participación de los nueve magistrados está «justificada para permitir a esta Corte dar plena consideración a la cuestión fundamental presentada por [el] caso del Peticionario».
La participación de los dos jueces en el caso cuando estaba ante el Circuito de D.C. no tenía «ninguna relación con la cuestión fundamental presentada por la Petición [de certiorari]», afirma el documento.
Estaba relacionado sobre si el acuerdo de culpabilidad que firmó, le impedía presentar posteriormente una apelación en el caso.
The Epoch Times se puso en contacto con el abogado del Sr. Khadr, Juan Perla, del bufete Curtis, Mallet-Prevost, Colt y Mosle, de Washington, y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para solicitar sus comentarios, pero en el momento de la publicación no se había recibido respuesta alguna.
El Sr. Khadr también está inmerso en procedimientos judiciales en Canadá.
La Corte Suprema de Canadá dictaminó en 2010 que se habían violado sus derechos humanos cuando funcionarios de los servicios de inteligencia canadienses ayudaron a interrogarlo en Guantánamo. Entre las tácticas identificadas como fuera de los límites, estaba la privación del sueño. Estas alegaciones no formaban parte de la reciente apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El gobierno canadiense anunció en julio de 2017 que había llegado a un acuerdo civil en el caso y se disculpó formalmente con el Sr. Khadr. Los detalles del acuerdo son confidenciales.
El Sr. Khadr demandó a funcionarios canadienses por 20 millones de dólares canadienses (14.5 millones de dólares estadounidenses) por violar sus derechos, pero el acuerdo económico que recibió ascendió a 10.5 millones de dólares canadienses (unos 7.6 millones de dólares estadounidenses).
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