La Corte Suprema rechazó el 3 de octubre una impugnación de 1o estados al mandato federal de la vacuna contra el COVID-19 para los trabajadores de la salud.
Los jueces rechazaron una petición para escuchar el caso, que dice que el mandato impuesto por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en 2021 es ilegal.
Los jueces no ofrecieron una explicación de su acción.
La Oficina del Fiscal General de Misuri, que llevó el caso, no respondió a una solicitud de comentarios. El HHS y los CMS no respondieron a las preguntas.
En mayo, Misuri y otros estados pidieron al tribunal que revisara el caso, varios meses después de que el máximo tribunal del país revocara el bloqueo del mandato por parte de un tribunal inferior.
En un fallo de 5 a 4, la mayoría de los jueces dijo que el mandato «entra dentro de las facultades» que el Congreso otorgó a los funcionarios federales de salud.
También afirmaron erróneamente que el hecho de que los trabajadores de la salud reciban las vacunas contra el COVID-19 «reduciría sustancialmente la probabilidad de que los trabajadores sanitarios contraigan el virus y lo transmitan a sus pacientes». Las autoridades sanitarias han reconocido que las vacunas tienen un bajo rendimiento contra la infección y no reducen la transmisión.
En una opinión disidente, el juez Clarence Thomas dijo que los CMS no tenían la «amplia autoridad» para obligar a los trabajadores de la salud a vacunarse.
El fallo fue en contra de una medida cautelar, dejando abierta la posibilidad de que el tribunal pueda finalmente fallar a favor de los estados.
En su petición de una audiencia, los estados dijeron que no hay pruebas de que los trabajadores no vacunados supongan un mayor riesgo para los pacientes y afirmaron que el mandato ha exacerbado la escasez de empleados. También reiteraron la creencia de que la ley no permite a los CMS imponer el mandato, que cubre todas las instituciones que reciben dinero de Medicare o Medicaid.
Los abogados del gobierno dijeron en respuesta que la ley permite al secretario de salud implementar medidas «para garantizar que los proveedores de atención médica que atienden a los pacientes de Medicare y Medicaid protejan la salud y la seguridad de sus pacientes» y que el mandato lo hace porque los no vacunados supuestamente representan una «amenaza grave» para los pacientes. Al parecer, solo citan datos de 2021, cuando la variante delta del virus aún era dominante.
En una respuesta el 8 de septiembre, los estados dijeron que el mandato no proporciona «ningún beneficio discernible para los pacientes y se basó en «evidencia obsoleta», señalando que la variante ómicron «ha dejado muy claro la eficacia limitada de las vacunas en la prevención de la infección y la transmisión del virus». Citaron al Dr. Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca, que dijo durante el verano que las vacunas «no protegen demasiado bien… contra la infección».
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