Con una votación de 7 a 2, la Corte Suprema ha ratificado la ley Obamacare por tercera vez, eludiendo la cuestión de su constitucionalidad al dictaminar que quienes la impugnaban carecían de la capacidad legal necesaria para hacerlo.
La ley se promulgó en marzo de 2010 sin un solo voto republicano en el Congreso para su aprobación final. Desde entonces, las primas de los seguros se han disparado, y muchos consumidores no han podido pagarlas y han perdido su seguro. En 2016 Forbes escribió que hay «pruebas abrumadoras de que el Obamacare provocó un aumento sustancial de las primas».
El juez Reed O’Connor del Distrito Norte de Texas dictaminó el 14 de diciembre de 2018 que la ley Obamacare era inconstitucional en su totalidad y suspendió su aplicación durante el proceso de apelación.
Cuando el Congreso en 2017 derogó efectivamente el mandato que obligaba a los estadounidenses a comprar un seguro médico, «cortó la última pata en la que se sostenía [el Obamacare]», sostuvo el juez. «El tribunal considera que el mandato individual ‘es esencial para’ y es inseparable de ‘las otras disposiciones de'» el estatuto.
El caso es en realidad dos casos que tuvieron una audiencia conjunta: California contra Texas, expediente judicial 19-840, y Texas contra California, expediente judicial 19-1019. La audiencia telefónica del 10 de noviembre de 2020 en los casos agrupados duró 121 minutos, superando los 80 minutos programados.
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Stephen Breyer. A él se unieron el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces Clarence Thomas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
El juez Samuel Alito escribió una opinión disidente, a la que se sumó el juez Neil Gorsuch.
Tal y como se promulgó originalmente en 2010, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida popularmente como la ley Obamacare, exigía a la mayoría de los estadounidenses obtener una cobertura mínima esencial de un seguro médico, escribió Breyer para el tribunal.
La ley también «imponía una sanción monetaria, en función de los ingresos, a las personas que no lo hicieran». El Congreso «anuló efectivamente» la sanción al fijar su importe en cero dólares en 2017.
«Texas y otros 17 Estados presentaron esta demanda contra Estados Unidos y los funcionarios federales. Más tarde se les unieron dos individuos (Neill Hurley y John Nantz). Los demandantes afirman que, sin la penalización, el requisito de cobertura mínima esencial de la Ley es inconstitucional.
«En concreto, afirman que ni la Cláusula de Comercio ni la Cláusula Fiscal (ni ninguna otra facultad enumerada) otorgan al Congreso la facultad de promulgarla. (…) También argumentan que el requisito de cobertura mínima esencial no es separable del resto de la Ley. Por lo tanto, consideran que la Ley en su conjunto es inválida.
«Sin embargo, no entramos en estas cuestiones de validez de la Ley, ya que Texas y los demás demandantes en este juicio carecen de la capacidad necesaria para plantearlas».
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