Los jueces de la Corte Suprema de EE. UU. rechazaron el 13 de enero una petición para revisar una orden de una corte inferior sobre la orden del presidente Joe Biden que establece un salario mínimo de 15 dólares para los contratistas federales.
Los jueces rechazaron la petición de la Colorado River Outfitters Association, un grupo comercial de rafting, Duke Bradford, y la empresa de Bradford, Arkansas Valley Adventures.
Los jueces no dieron ninguna razón para rechazar la petición, en la que se les pedía que revisaran un fallo de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito.
Los jueces de esa corte dictaminaron en una decisión dividida de 2024 que Biden tenía autoridad para obligar a los contratistas a pagar a los empleados al menos 15 dólares la hora. Biden emitió la orden en 2021.
Bradford, su empresa y el grupo comercial dijeron que el mandato del salario mínimo obligaría a las empresas de rafting a tomar medidas drásticas, como eliminar viajes más largos, porque los guías suelen trabajar más de 40 horas a la semana y generalmente se les paga «salarios de viaje» planos en lugar de un salario por hora. Bajo una regla de la era Trump, los outfitters como Arkansas Valley Adventures (AVA) estaban exentos de las reglas federales de salario mínimo para contratistas.
«El problema legal que crea el mandato es directo: La Ley de Adquisiciones simplemente no autoriza al Presidente a imponer un salario mínimo a los contratistas federales, y mucho menos a los permisionarios como AVA que simplemente operan en tierras federales», señaló la petición a la Corte Suprema.
Si la interpretación del Décimo Circuito se mantiene, entonces «representa una expansión masiva del poder del Presidente en virtud de la Ley», añade la petición.
La petición señaló que otras cortes de apelaciones han fallado de manera diferente sobre el asunto, incluida la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, que determinó a finales de 2024 que la orden iba más allá de los poderes del presidente.
La Corte Suprema se ocupa regularmente de las llamadas divisiones de circuito para establecer qué sentencias de cortes inferiores han sido correctas.
La Pacific Legal Foundation representó a los demandantes.
«Nos decepciona que la Corte Suprema haya rechazado el caso Bradford, pero confiamos en que la Corte aborde algún día la afirmación del presidente de que tiene una autoridad ilimitada para regular las prácticas comerciales de empresas como la de nuestro cliente en virtud de la Ley de Contratación Pública», dijo Steve Simpson, director de litigios sobre separación de poderes de la fundación, a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico.
«Mientras tanto, seguiremos luchando contra la acción ejecutiva unilateral en este y otros casos».
El Departamento de Trabajo, demandado en el caso, y el Departamento de Justicia, que representa al gobierno, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
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