La Corte Suprema rechazó por unanimidad los argumentos de la administración Biden en un caso de Rhode Island que pide permitir que la policía ingrese a las casas sin una orden judicial para incautar las armas de fuego.
El fallo en el caso, Caniglia v. Strom, expediente judicial 20-157, se produjo el 17 de mayo. Los argumentos orales se llevaron a cabo telefónicamente el 24 de marzo.
El caso llegó ante el tribunal superior cuando el presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso presionaron por nuevas restricciones agresivas a los derechos de propiedad de armas de la Segunda Enmienda. También presionaron por las controvertidas leyes de «bandera roja», que permiten incautar armas a los propietarios legales, a raíz de los muy publicitados tiroteos masivos de marzo en un supermercado de Boulder (Colorado) y en balnearios de la zona de Atlanta.
La policía generalmente no puede realizar búsquedas de propiedad privada sin consentimiento o sin una orden judicial.
En Cady v. Dombrowski, la Corte Suprema sostuvo en 1973 que la policía puede realizar registros sin orden judicial relacionados con «funciones de cuidado de la comunidad», pero solo para «accidentes de vehículos». Desde entonces, el principio se ha convertido en “el conjunto de una amplia gama de responsabilidades que los agentes de policía deben cumplir, además de sus actividades de ejecución penal”, afirmó la Corte de Apelaciones del 1er Circuito en el caso Caniglia.
La doctrina del cuidado comunitario sostiene que la policía no siempre opera como agentes del orden que investigan las irregularidades, sino, a veces, como cuidadores para prevenir daños en situaciones de emergencia.
Edward Caniglia no tiene antecedentes penales ni antecedentes de violencia. Había estado casado con su esposa durante 22 años cuando, el 20 de agosto de 2015, tuvieron un desacuerdo dentro de su casa, en Cranston, Rhode Island.
La discusión se intensificó. Sacó una pistola descargada y dijo: «¿Por qué no me disparas y me sacas de mi miseria?»
Preocupado de que pudiera tener tendencias suicidas, su esposa le pidió a la policía que realizara un control de bienestar. El esposo fue a un hospital local brevemente después de que la policía le asegurara que no le quitarían sus dos pistolas. Después de que se fue, se apoderaron de sus armas sin una orden judicial, diciéndole a la esposa que su vida y la de otros podría estar en peligro si dejaban las armas en la casa. La policía se negó a devolver las armas y Caniglia demandó, argumentando que la excepción de cuidado comunitario no debería aplicarse dentro de «la casa, el más protegido de todos los espacios privados».
Una breve opinión del Tribunal Supremo sobre el caso, escrita por el juez Clarence Thomas, señaló el precedente del caso Cady v. Dombrowski, que indicó que se aplicaba a la policía «que responde a vehículos inutilizados o que investiga accidentes».
«La pregunta hoy es si el reconocimiento del caso Cady en estos deberes de ‘cuidado’ crea una doctrina independiente que justifica registros e incautaciones sin orden judicial en el hogar», escribió Thomas.
«No es así», agregó.
Thomas escribió que la corte del distrito federal falló a favor de la policía y el 1er Circuito amplió esto, indicando que la policía «a menudo tiene razones no criminales para interactuar con los automovilistas» en las carreteras públicas. El tribunal de apelaciones «extrapoló» del fallo de Cady «una excepción de cuidado comunitario independiente que se aplica tanto a automóviles como a hogares».
La regla de cuidado comunitario de la corte de apelaciones «va más allá de todo lo que esta Corte ha reconocido», escribió Thomas.
El presidente del Tribunal Supremo John Roberts presentó una opinión concurrente, a la que se unió el juez Stephen Breyer. Los jueces Samuel Alito y Brett Kavanaugh presentaron opiniones concurrentes separadas.
Esta es una historia en desarrollo. Se actualizará.
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