La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes un intento de las grandes petroleras de trasladar desde los tribunales estatales a los federales una serie de demandas en su contra relacionadas con el cambio climático, donde esperaban tener más posibilidades.
Los jueces denegaron (pdf) un total de cinco peticiones de BP, Chevron, Exxon Mobil, Shell, Suncor Energy y Sunoco LP sobre sentencias de cortes inferiores que mantienen sus casos en la corte estatal donde se presentaron originalmente.
Estas empresas están acusadas de causar daños por el cambio climático a propiedades que pertenecen o son gestionadas por el estado de Rhode Island; los condados de Boulder (Colorado) y San Mateo (California); y las ciudades de Baltimore (Maryland), Boulder (Colorado) y Honolulu (Hawai).
En cambio, sigue pendiente ante la Corte Suprema un recurso interpuesto por las petroleras contra decisiones de cortes inferiores en demandas de responsabilidad climática presentadas por los estados de Nueva Jersey y Delaware.
El juez Samuel Alito, que posee acciones petroleras, se recusó de las decisiones el lunes. El juez Brett Kavanaugh indicó que concedería la petición para el caso que involucra a los municipios de Colorado y a Suncor y Exxon.
Las demandas, respaldadas por el gobierno de Joe Biden, se consideran en gran medida un esfuerzo por imponer normativas medioambientales desde el banquillo, en lugar de que los legisladores electos elaboren y aprueben leyes que aborden el asunto.
En el caso de Colorado, por ejemplo, los demandantes sostenían que las petroleras debían pagar indemnizaciones por los incendios forestales y la sequía, que, según ellos, eran consecuencia del cambio climático provocado por el uso de combustibles fósiles.
Las empresas, según los expedientes judiciales, supuestamente se dedicaron a ocultar y tergiversar «los peligros asociados a la quema de combustibles fósiles a pesar de ser conscientes de esos peligros desde hacía décadas». Estas prácticas «contribuyeron a la quema excesiva de combustibles fósiles», lo que a su vez provocó «un aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera» y obligó a los municipios a gastar más dinero de los contribuyentes en el mantenimiento de las carreteras y la lucha contra los incendios forestales.
En marzo, el gobierno de Biden intervino en el caso a favor de los demandantes. Tras una invitación de la Corte Suprema en busca de orientación sobre el asunto, la Oficina de la Procuradora General de EE. UU., Elizabeth Prelogar, recomendó que la Corte Suprema rechazara la petición de las empresas y permitiera que el caso siguiera adelante en la corte estatal de Colorado.
En concreto, Prelogar indicó que la administración Biden decidió que «las reclamaciones de derecho estatal como las que se alegan aquí no deben ser recalificadas como reclamaciones derivadas del derecho común federal», y, por lo tanto, la petición de las empresas debe ser denegada.
Este es un cambio respecto a la política de la administración Trump, dijo la procuradora general.
Mientras tanto, las empresas han instado a la Corte Suprema a intervenir, argumentando que dejar este asunto a la discreción de las cortes estatales perturbaría la economía a escala nacional, si no mundial.
«Si el esfuerzo sin precedentes de los demandados por transformar las cortes estatales en reguladores mundiales del cambio climático tiene éxito, todas las cortes estatales de la nación estarán facultadas para utilizar la legislación estatal para imponer unilateralmente su propia visión de la política energética y medioambiental en todo el país y, de hecho, en todo el mundo», escribió Theodore Boutrous, abogado que representa a Chevron, en un escrito presentado ante la corte por el caso de California.
«Las reclamaciones de los demandados exponen al sector energético a un enorme e indeterminado alivio monetario que disuadirá la inversión y el empleo en toda la industria y en la economía en general, y causará trastornos a la economía mundial», añade el documento.
En una declaración a los medios de comunicación tras la decisión del lunes, Boutrous dijo que confía en que las demandas sean finalmente desestimadas.
«El cambio climático es un problema de magnitud nacional y mundial que requiere una respuesta política federal coordinada, no un mosaico inconexo de demandas en cortes estatales de varios estados», afirmó Boutrous. «Estas demandas despilfarradoras en las cortes estatales no harán nada para avanzar en las soluciones climáticas globales, nada para reducir las emisiones y nada para hacer frente a los impactos relacionados con el clima».
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