La Corte Suprema puso fin el 22 de febrero a la lucha legal del expresidente Donald Trump para retener documentos de su periodo en la Casa Blanca que, según él, estaban protegidos por el privilegio ejecutivo ante los demócratas en el Congreso que investigaban la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
El privilegio ejecutivo ha sido invocado por los presidentes para bloquear el acceso a los documentos internos de la Casa Blanca con la teoría de que la divulgación pública de dichos documentos no es en el mejor interés de la nación. Si los asesores no son libres de decir lo que piensan al discutir asuntos de Estado con el presidente porque saben que las deliberaciones internas se harán públicas en algún momento, la nación sufrirá, según el razonamiento.
Los demócratas de la Cámara de Representantes, incluida la presidenta Nancy Pelosi (D-Calif.), se mostraron eufóricos ante la sentencia.
«Hoy, la Corte Suprema ha dejado rotundamente claro que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente que incitó a una insurrección letal», dijo en un comunicado.
«Al rechazar de nuevo los intentos del expresidente de ocultar documentos relacionados con el 6 de enero, la decisión del tribunal es una victoria para la verdad, para el estado de derecho y para el pueblo estadounidense», dijo Pelosi, acusando a Trump de participar en una «campaña ilegal y peligrosa para ocultar la verdad al pueblo estadounidense».
Los tribunales inferiores rechazaron el argumento de Trump de que el privilegio ejecutivo impide el acceso a los documentos. El gobierno de Biden también se puso del lado del comité después de que el presidente Joe Biden, que fue investido dos semanas después del incidente, considerara que los registros de la anterior Casa Blanca no estaban cubiertos por el privilegio ejecutivo.
Pelosi y sus colegas esperan que los documentos en cuestión arrojen luz sobre las acciones de Trump en torno a la violación de la seguridad que ocurrió hace 13 meses y medio y que retrasó la certificación formal de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 durante varias horas, como consecuencia partidarios de Trump fueron detenidos y condenados por varios delitos, como la obstrucción de un procedimiento oficial. La comisión del 6 de enero pidió los registros de visitas de la Casa Blanca, los registros telefónicos y las comunicaciones escritas entre los asesores de Trump.
Los acontecimientos de ese día han sido caracterizados por los demócratas y algunos republicanos como una insurrección destinada a anular los resultados de las elecciones, en las que Joe Biden fue finalmente declarado ganador de la presidencia. Mientras que en el mitin de Trump, a más de una milla de distancia, cerca del extremo opuesto del National Mall, el entonces presidente instó a sus partidarios a protestar pacíficamente, los demócratas de la Cámara de Representantes afirman que, sin embargo, Trump desempeñó un papel en el fomento de la violencia que tuvo lugar ese día. Los investigadores de la Cámara exigieron a la Casa Blanca de Trump documentos que, según ellos, pueden arrojar más luz sobre lo que ocurrió entre bastidores aquel día.
El caso en cuestión es Trump contra Thompson, expediente judicial 21-932. El principal demandado, el representante Bennie Thompson (D-Miss.), es el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes para investigar el ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.
«Se deniega la petición de certiorari», declaró el tribunal el 22 de febrero, en una orden sin firma. De acuerdo con su práctica habitual, el tribunal no proporcionó razones para su decisión. Ningún magistrado disintió de la sentencia.
El rechazo de la demanda de Trump se produjo después de que la Corte Suprema rechazara previamente, con una votación de 8 a 1, una solicitud de emergencia separada de Trump para no entregar documentos de la Casa Blanca al comité de Thompson, como reportó The Epoch Times el 19 de enero. El único que discrepó en esa orden (pdf) fue el juez Clarence Thomas.
En el caso actual, Trump presentó su petición (pdf) ante la Corte Suprema el 23 de diciembre de 2021, calificando «de gran amplitud» la solicitud del comité de que se le proporcionen muchos de los registros presidenciales confidenciales de Trump. El expresidente argumentó que la demanda de documentos del comité «implica importantes preocupaciones constitucionales y estatutarias derivadas de la Ley de Registros Presidenciales, la separación de poderes y el privilegio ejecutivo».
The Epoch Times se puso en contacto con el abogado de Trump en el procedimiento legal, Jesse Ryan Binnall, pero no recibió respuesta antes de publicar este artículo, mientras que Douglas N. Letter, abogado general de la Cámara de Representantes, no quiso hacer comentarios.
Al momento de publicar este reportaje, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no había respondido a las solicitudes de comentarios.
Con información de Zack Stieber y Mimi Nguyen Ly.
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