La Corte Suprema decidió el 12 de junio no escuchar la alegación de una escuela cristiana de Colorado de que no puede ser demandada por despedir a un maestro que acusó de racismo a la escuela, a los padres y a los alumnos.
La escuela alegó que, por ser una institución religiosa, está fuera del alcance de la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. La conocida enmienda empieza así: «El Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o que prohíba su libre ejercicio».
El caso se refiere a la denominada excepción ministerial que la Corte Suprema reconoció en el caso Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School vs Employment Opportunity Division (2012). La excepción impide a los empleados que desempeñan funciones religiosas demandar a organismos eclesiásticos.
La petición de la escuela (pdf) afirmaba que la «disputa interna no es asunto del poder judicial ni de las autoridades civiles. No es un tema apropiado para deposiciones y descubrimientos, repreguntas, argumentos de abogados o deliberaciones de jurados. Las Cláusulas de Libre Ejercicio y de Establecimiento de la Primera Enmienda prohíben categóricamente la investigación y la interferencia judiciales en las disputas de liderazgo religioso».
La Corte Suprema reafirmó la excepción ministerial en julio de 2020, cuando dictaminó por 7-2 en el caso Colegio Nuestra Señora de Guadalupe contra Morrissey-Berru que la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda exime a las organizaciones religiosas de las demandas por discriminación laboral, como reportó entonces The Epoch Times.
El 12 de junio, el tribunal desestimó la petición en el caso conocido como Faith Bible Chapel International (FBCI) contra Tucker (expediente judicial 22-741), en una orden sin firma. Ningún juez disintió. El tribunal no explicó su decisión.
El Tribunal de Apelación del 10º Circuito de EE. UU. había fallado anteriormente contra la escuela.
En 2018, Gregory Tucker, en aquel momento capellán de la escuela, enfureció a los directivos de la escuela, a los estudiantes y a sus padres en la Capilla de la Biblia de la Fe al darles lecciones sobre el «sesgo sistémico» y sobre su «privilegio blanco», dos conceptos controvertidos asociados con el movimiento radical «antirracista».
Este movimiento hace campaña contra la llamada incitación al odio y exige, entre otras cosas, formación sobre sensibilidad racial en el gobierno y las empresas, en un esfuerzo por erradicar lo que afirma que es el privilegio blanco. Los críticos tachan esta formación «woke» de reeducación ideológica forzada.
La presidenta y directora ejecutiva de Americans United for Separation of Church and State (AU), Rachel Laser, cuyo grupo representó a Tucker en el proceso judicial, aplaudió la nueva sentencia de la Corte Suprema.
«La libertad religiosa no es una licencia para perjudicar a otros o impedir que la gente busque justicia en los tribunales de justicia. Estos casos están lejos de haber terminado, pero Gregg Tucker y el padre Alexander Belya tienen ahora la oportunidad de reivindicar sus derechos», declaró Laser en un comunicado. Belya está implicado en un caso relacionado.
«Nos enfrentamos a un movimiento agresivo que trabaja para refundir la libertad religiosa en un arma que permita a las instituciones religiosas discriminar sin límites ni consecuencias», afirmó Laser.
«La UA cree que la libertad religiosa debe ser un escudo, no una espada. Hoy, el Tribunal ha hecho valer ese principio».
Tucker había alegado que la FBCI lo despidió porque expresó su oposición a la discriminación racial y al acoso dirigido contra él, como padre de una hija negra, y contra los alumnos pertenecientes a minorías de la escuela. Tucker organizó un simposio «para debatir el comportamiento racista dentro de la escuela con la intención de eliminarlo».
Tucker alegó en los documentos judiciales que su empleo finalizó en febrero de 2018 porque organizó el acto. La escuela cedió a la presión de «alumnos y padres culpables del comportamiento más incendiario desde el punto de vista racial dentro de la escuela [y] se sintieron ofendidos por el mensaje implícito de que eran culpables de racismo».
La escuela afirmó falsamente que era culpable de insubordinación grave, según una denuncia.
En respuesta, la escuela argumentó en los documentos judiciales que Tucker se comportó mal.
«Su mensaje acusaba a los alumnos y padres de Faith Christian de racismo, que el mensaje definía en términos de privilegio blanco y sesgo sistémico», afirmaba la petición de la escuela. «Muchos alumnos y padres se quejaron a la dirección de la escuela de que el mensaje de Tucker era político y no bíblico».
La FBCI concluyó que el mensaje de Tucker «no era coherente con la enseñanza de la iglesia».
La escuela se reunió con Tucker, que no estaba de acuerdo con su interpretación de la Biblia. Tucker escribió una carta a la comunidad escolar sobre sus opiniones y empezó a expresar abiertamente su desacuerdo con la dirección de la escuela.
La escuela lo relevó de su función de planificar y hablar en los servicios de capilla y, finalmente, dejó de trabajar allí, según la petición.
Daniel Blomberg, abogado principal del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, que representaba a la escuela, declaró en febrero que la Constitución impide que el gobierno interfiera en la formulación de la política de la escuela religiosa.
«Las iglesias deben ser libres de elegir a sus propios capellanes y dirigir sus propios servicios de capilla sin que jueces o jurados las cuestionen», declaró Blomberg a The Epoch Times.
«Si hacen falta años de litigios y honorarios de abogados sólo para proteger ese derecho, entonces la Primera Enmienda será letra muerta para la mayoría de los grupos religiosos. Quedarán fuera de juego antes de que la Constitución pueda entrar en vigor».
The Epoch Times se puso en contacto con el Fondo Becket para la Libertad Religiosa para obtener nuevos comentarios sobre la decisión del tribunal de no admitir a trámite el caso, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
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