La Corte Suprema rechazó el lunes una petición de la administración Trump de anular varias disposiciones de una ley «santuario» de California que limita la cooperación entre la policía estatal y local y los agentes federales de inmigración.
La administración Trump apeló a la Corte Suprema después de que los tribunales inferiores se negaron a prohibir varias disposiciones de la Ley de Valores de California, o Proyecto de Ley del Senado 54 (SB 54).
La decisión del tribunal superior de negar la petición de la administración de revisar el caso deja en pie una decisión del tribunal federal de apelaciones que confirmó partes de la ley de California (pdf). El tribunal no proporcionó ninguna razón para el rechazo, pero señaló que los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito habrían concedido la petición para su revisión.
La administración solicitó a los tribunales que anularan las disposiciones de la SB 54 (pdf) que prohíben a los agentes de policía estatales y locales compartir información sobre la liberación de la custodia de un inmigrante ilegal, información personal y descripción física con los agentes de inmigración. Además, la ley también prohíbe a los funcionarios estatales y locales transferir a estas personas a los agentes de inmigración a menos que se den circunstancias exentas, como en el caso de una orden judicial.
El gobierno federal argumenta que la SB 54 «concede ‘frustración’ y ‘obstrucción’ a la aplicación de la ley federal de inmigración», ya que elimina la posibilidad de que los agentes de inmigración detengan a los inmigrantes ilegales antes de su liberación.
En su argumento, el gobierno federal dice que las disposiciones de la SB 54 invaden el derecho del gobierno federal a establecer condiciones bajo las cuales los inmigrantes ilegales en Estados Unidos pueden ser detenidos, liberados y expulsados, añadiendo que el gobierno federal tiene un «poder absoluto y exclusivo sobre la inmigración, la naturalización y la deportación».
«La Constitución establece claramente la ‘supremacía del poder nacional’ en este ámbito ‘queda clara en la Constitución, fue señalada por los autores de El Federalista en 1787, y ha sido reconocida continuamente por este Tribunal'», decía la petición.
Además, el gobierno de Estados Unidos también argumentó que el hecho de no derogar las disposiciones del SB 54 tiene «importantes consecuencias en el mundo real». El tribunal de apelación había reconocido que la ley SB 54 exige que los agentes federales vigilen una cárcel para tratar de hacer un arresto público, lo que presenta riesgos para el agente que realiza el arresto y para el público en general.
«Cuando los policías no pueden arrestar a los extranjeros —a menudo extranjeros delincuentes— que están en proceso de expulsión o a los que se les ha ordenado que salgan de Estados Unidos, esos extranjeros regresan en cambio a la comunidad, donde es desproporcionadamente probable que los extranjeros delincuentes cometan delitos», argumentó el gobierno.
El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó las disposiciones del SB 54 en su decisión de abril de 2019 (pdf). El panel de tres jueces rechazó los argumentos del gobierno para anular las disposiciones, dictaminando que se aplica la doctrina de la décima enmienda contra la manipulación. La doctrina prescribe que el gobierno federal no debe obligar a los estados o a los gobiernos locales a aplicar las políticas federales.
Junto con la SB 54, la demanda también había pedido al tribunal que concediera un mandato judicial preliminar para otras dos leyes de California. Una ley exige que los empleadores alerten a los empleados antes de las inspecciones federales de inmigración, mientras que la otra impone requisitos de inspección a las instalaciones que mantienen detenidos a inmigrantes civiles. Los tribunales inferiores sostuvieron que esas disposiciones probablemente no eran válidas, según la petición.
En respuesta a la petición de la administración Trump, los funcionarios californianos argumentaron que no era necesario revisar la decisión del tribunal inferior porque la ley federal no impide que los estados definan las circunstancias en las que los funcionarios estatales y locales pueden utilizar los recursos estatales para participar en la aplicación de la ley federal de inmigración.
Ellos argumentaron que la SB 54 solo limita la cooperación con los funcionarios federales de inmigración y no les obstruye su trabajo.
«Para estar seguros, los peticionarios preferirían que los estados y las localidades proporcionaran a las autoridades de inmigración cualquier asistencia solicitada por el gobierno federal», argumentaron (pdf). «Pero especialmente cuando el Congreso contempla la posibilidad de ayuda voluntaria estatal y local, pero no pretende ordenarla, un Estado no se entromete en las prerrogativas federales ofreciendo ayuda voluntaria en algunas circunstancias pero no en otras».
Los funcionarios californianos también argumentaron que la administración de Trump excedería su poder federal si impiden que los estados limiten la participación estatal y local en las actividades federales de aplicación de la ley de inmigración, citando principios de la Décima Enmienda de la Constitución, que dice que el gobierno federal no puede obligar a los funcionarios estatales a aplicar o administrar las políticas federales.
En otro escrito (pdf) del 2 de enero, la administración Trump cuestionó algunos de los argumentos de California, diciendo que la posición del estado «no entiende tanto la ley federal de inmigración como la Décima Enmienda».
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a la petición de The Epoch Times para hacer un comentario.
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