Con la oposición de tres jueces conservadores, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió a los funcionarios de Pensilvania reanudar el recuento de las cuestionadas papeletas de voto por correo sin fecha de una elección judicial a nivel estatal que tuvo lugar el año pasado en el condado de Lehigh.
La orden del alto tribunal se produjo casi al final de la jornada laboral del 9 de junio. Una ley estatal exige que se rechacen las papeletas a las que les falta la fecha escrita a mano en el sobre aunque fueran recibidas a tiempo. El Partido Republicano de Pensilvania sostiene que los votos por correo sin fecha no deben contarse.
La decisión de la Corte Suprema, que afectará a otras elecciones en el Estado de Keystone, llegó demasiado tarde para el exdirector general de fondos de cobertura, David McCormick, quien el 3 de junio concedió la contienda de las primarias para el Senado de EE. UU. al célebre cirujano cardíaco Mehmet Oz, respaldado por el expresidente Donald Trump.
McCormick había presentado una demanda ante el tribunal estatal para intentar obligar a los funcionarios electorales a contar los votos en ausencia y por correo que se recibieron a tiempo y fueron sellados por las juntas del condado, pero en los que los votantes no escribieron la fecha en el sobre de envío exterior. El 2 de junio, el Tribunal de la Commonwealth de Pensilvania falló (pdf) a favor de McCormick, ordenando que las papeletas impugnadas se incluyeran en el recuento, informó The Epoch Times.
En la elección para el cargo de juez, el republicano David Ritter tiene actualmente una ventaja de 71 votos sobre el demócrata Zachary Cohen. Alegando la ley estatal, Ritter intentó impedir que se procesen papeletas adicionales, pero la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), actuando en nombre de un grupo de votantes, pidió que el recuento continuara.
El 27 de mayo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito ordenó (pdf) al estado que contara las papeletas de voto por correo sin fecha.
El juez Theodore McKee, que fue nombrado por el entonces presidente Bill Clinton, escribió para el panel que el Congreso aprobó la Disposición de Materialidad de la Ley Federal de Derechos Civiles «para asegurar que los votantes calificados no fueran privados del derecho al voto por requisitos sin sentido que impidieran a los votantes elegibles emitir sus votos pero que no tuvieran nada que ver con la determinación de las calificaciones de uno para votar».
«Ignorar las papeletas porque el sobre exterior no tenía fecha, aunque la papeleta se recibiera indiscutiblemente antes de la fecha límite para votar, no tiene otro propósito que privar del derecho a voto a votantes que, por lo demás, están cualificados. Este es exactamente el tipo de privación de derechos que el Congreso pretende evitar», escribió McKee.
El 31 de mayo, la Corte Suprema se involucró en la elección judicial cuando el juez Samuel Alito suspendió temporalmente (pdf) el fallo del 3er Circuito «en espera de una nueva orden del infrascrito o de la Corte».
Pero a última hora del 9 de junio, la Corte Suprema anuló la orden de suspensión temporal del juez Samuel Alito.
La nueva orden (pdf) en el caso conocido como Ritter vs. Migliori, expediente judicial 21A772, no está firmada y no hay indicación de qué jueces votaron para levantar la suspensión, pero tres jueces votaron en contra de eliminarla. Los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch se unieron a una opinión disidente escrita por Alito.
La decisión del Tercer Circuito es probablemente errónea, escribió Alito en la disidencia, expresando su preocupación por «el efecto que la interpretación del Tercer Circuito» de la ley federal «puede tener en las elecciones federales y estatales que se celebrarán en Pensilvania en noviembre».
«La interpretación del Tercer Circuito abrió nuevos caminos y en esta coyuntura me parece que esa interpretación es muy probablemente errónea. Si no se altera, bien podría afectar al resultado de las elecciones de otoño y sería mucho mejor que abordáramos esa interpretación antes y no después de que tenga ese efecto».
La interpretación del tribunal de circuito «parece claramente contraria al lenguaje estatutario», escribió Alito.
«Cuando una papeleta de voto por correo no se cuenta porque no se ha rellenado correctamente, al votante no se le niega ‘el derecho a votar’. Más bien, el voto de ese individuo no se cuenta porque no siguió las reglas para emitir un voto».
De ello se desprende, añadió Alito, que la «negativa de un Estado a contar los votos de estos votantes no constituye una denegación del ‘derecho de voto'».
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