El martes 28 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos relativos a las impugnaciones sobre la legalidad del controvertido programa de la administración Biden para condonar miles de millones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno federal. La confirmación de que la Corte Suprema escucharía el caso se emitió el 1 de diciembre de 2022.
La administración Biden anunció el programa de alivio de la deuda estudiantil en una hoja informativa el 24 de agosto de 2022, poco más de dos meses antes de las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre de 2022. Como informó anteriormente The Epoch Times, algunos sugirieron que el programa era uno de los varios esfuerzos para «comprar votos».
«Prácticamente todos los expertos legales con los que he hablado han dicho que el presidente de los Estados Unidos realmente no tiene la autoridad para hacer esto, y la gente de la Casa Blanca y el Consejo de Política Interior lo saben», dijo el comentarista Tom Basile a The Epoch Times. «Pero también saben que no podrían conseguirlo a través del Congreso, así que pensaron que harían esto y dejarían que la gente creyera que iban a ser capaces de hacerlo».
Basile también sugirió que esta no era la primera vez que la administración Biden ha impulsado un programa que sabían que se enfrentaría a desafíos legales para que pudieran hacer que los republicanos «parecieran los malos al tratar de defender el estado de derecho».
«Ellos sabían que sería litigado», señaló el comentarista, añadiendo que la medida es «muy similar» a lo que hizo la administración con la moratoria de desahucios.
Basile, más conocido como presentador del programa America Right Now de Newsmax, es profesor adjunto de la Universidad Fordham y miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York.
Debido a las impugnaciones legales, el gobierno de Biden se vio obligado a retrasar varias veces la aplicación de su plan.
Los argumentos
Actualmente, existen dos objeciones legales al programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden.
Los republicanos y los grupos conservadores argumentan que Biden no tiene potestad para cancelar la deuda de los consumidores sin la aprobación del Congreso y que la política en sí es perjudicial.
En septiembre, la Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es partidista, estimó que el programa de Biden, de aplicarse, costaría a los contribuyentes estadounidenses unos USD 400,000 millones, una cifra que, según los críticos, subestima el alcance del costo que realmente recaerá sobre los hombros de los contribuyentes estadounidenses.
Biden vs. Nebraska
El 29 de septiembre de 2022, los fiscales generales republicanos de seis estados —Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur— presentaron una impugnación (pdf), pidiendo a la Corte Suprema que considere la legalidad del programa de alivio de la deuda estudiantil de la administración Biden, afirmando que el plan excede la autoridad del secretario de Educación.
Mientras que los seis estados alegan que el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden excede la autoridad del secretario de Educación, la administración Biden argumenta que la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes (HEROES) de 2003, autoriza al secretario a renunciar o modificar los estatutos durante o después de emergencias nacionales y le otorga la autoridad para implementar el programa de alivio de la deuda. Estados Unidos opera bajo una Declaración de Emergencia debido a COVID desde el 13 de marzo de 2020.
El Octavo Circuito dictaminó que en el caso de Missouri, se cuenta con una legitimación activa, basándose en el perjuicio que sufriría la Autoridad de Préstamos para la Educación Superior de Missouri (MOHELA), un proveedor de préstamos creado por la ley de Missouri. Los demandantes argumentan además que el programa de condonación podría perjudicar los ingresos fiscales del Estado y disminuir las inversiones vinculadas a los préstamos estudiantiles. También argumentan que la acción del secretario no está autorizada por la ley porque las condiciones económicas utilizadas para justificar el plan de condonación de préstamos estudiantiles no están suficientemente conectadas con la emergencia COVID-19 y que su propósito es evitar que ciertos prestatarios sufran más problemas financieros en relación con sus préstamos estudiantiles.
Como se indica en la hoja informativa de la Casa Blanca, un objetivo del plan es: «Avanzar en la equidad racial».
«Al apuntar la ayuda a los prestatarios con mayor necesidad económica, es probable que las acciones de la administración ayuden a reducir la brecha de riqueza racial», explicó la administración Biden, alegando que «los estudiantes negros tienen más probabilidades de tener que pedir prestado para la escuela y más probabilidades de pedir préstamos más grandes», y que «los prestatarios negros tienen el doble de probabilidades de haber recibido Becas Pell en comparación con sus pares blancos. Otros prestatarios de color también tienen más probabilidades que sus compañeros de recibir Becas Pell».
Debido a estas razones, los demandantes piden a la corte que anule el programa, afirmando que es inconstitucional y que «no está ni remotamente adaptado para hacer frente a los efectos de la pandemia en los prestatarios de préstamos estudiantiles federales».
Departamento de Educación vs. Brown
El 10 de octubre de 2022, se presentó otra demanda (pdf) en el estado de Texas en nombre de dos prestatarios de préstamos estudiantiles, Myra Brown y Alexander Taylor, que argumentan que «los procedimientos de notificación y comentario de la Ley de Procedimiento Administrativo existen por una buena razón: garantizar que los administradores no elegidos, que no son directamente responsables ante la población, se vean obligados a justificar su elaboración de normas cuasi legislativas ante un público informado y escéptico».
«Nada de lo dispuesto en esta ley se considerará que disminuye los derechos constitucionales de ninguna persona, ni que limita o deroga requisitos adicionales impuestos por ley o reconocidos de otro modo por la ley», aclara el estatuto. «Salvo que la ley disponga lo contrario, todos los requisitos o privilegios relativos a pruebas o procedimientos se aplicarán por igual a organismos y personas. Si alguna disposición de esta ley o la aplicación de la misma se considera inválida, el resto de esta ley u otras aplicaciones de dicha disposición no se verán afectadas».
Se argumenta además que la administración Biden no cumplió la ley federal cuando puso en marcha su plan de condonación de la deuda. La ley federal (pdf) exige que las agencias gubernamentales concedan al menos 30 días tras la publicación de un programa para que el público presente «datos, opiniones o argumentos por escrito» en relación con la norma propuesta.
«En lugar de notificar y solicitar comentarios del público, el Departamento elaboró los detalles críticos del Programa en secreto y con la vista puesta en asegurar la condonación de la deuda a tiempo para las elecciones de noviembre», argumentan los fiscales republicanos en el escrito.
«En el camino, el Departamento tomó numerosas decisiones arbitrarias sobre el Programa, incluyendo qué personas recibirán la condonación de la deuda, cuánto de su deuda será condonada, y qué tipos de deuda calificarán para el Programa».
Respuesta de la Casa Blanca
En un escrito legal presentado en enero de 2022, la administración Biden se defendió, insistiendo en que la Ley HEROES de 2003 autoriza al secretario de Educación a «renunciar o modificar cualquier disposición legal o reglamentaria aplicable a» los programas de ayuda estudiantil cuando «sea necesario en relación con una guerra u otra operación militar o emergencia nacional».
«Para proteger a los prestatarios de préstamos estudiantiles afectados por una emergencia nacional del daño financiero relacionado con la deuda estudiantil, el Congreso otorgó al secretario de Educación la autoridad para renunciar o modificar las disposiciones legales y reglamentarias que rigen sus obligaciones de préstamos estudiantiles bajo condiciones específicas», sostiene la administración. «En agosto de 2022, el secretario anunció un plan para utilizar esa autoridad legal para proporcionar una condonación de la deuda específica a millones de prestatarios de préstamos estudiantiles que sufren las continuas consecuencias económicas de una pandemia mundial sin precedentes».
Sin embargo, John Boehner, Howard «Buck» McKeon y John Kline —los exmiembros republicanos de la Cámara que redactaron la Ley HEROES— presentaron un texto amicus curiae (pdf) afirmando que, al aprobar la medida, «el Congreso nunca pretendió nada parecido al esfuerzo de cancelación de préstamos que se está llevando a cabo aquí».
«A pesar del asombroso alcance de esta medida reglamentaria, se adoptó con una informalidad y opacidad pasmosas», aclara el escrito. «El Departamento no emprendió el proceso de notificación y comentario requerido para la elaboración de normas y mucho menos solicitó la opinión del público. Ni siquiera emitió una orden o directiva formal que estableciera su programa de cancelación. En su lugar, emitió un comunicado de prensa el 12 de agosto junto con dos memorandos legales que proporcionaban sus justificaciones y, más tarde, una sección de preguntas frecuentes creada apresuradamente en su sitio web».
El 27 de septiembre de 2022, los abogados de Frank Garrison presentaron otra demanda contra el Departamento de Educación de Estados Unidos (pdf), argumentando que la Ley HEROES solo autoriza al secretario de Educación a «renunciar o modificar cualquier disposición legal o reglamentaria aplicable a» los programas de ayuda estudiantil cuando «sea necesario en relación con una guerra u otra operación militar o emergencia nacional».
«Es importante destacar que, para tener derecho a tal exención o modificación, las personas deben residir o estar empleadas en una ‘zona de desastre’ declarada por un funcionario federal, estatal o local en relación con una emergencia nacional», explica el escrito, insistiendo en que «concluyendo que toda la nación es una ‘zona de desastre’ debido a la pandemia de COVID, la administración afirma que el secretario de Educación tiene el poder de emitir ‘automáticamente’ la condonación general de préstamos a 8 millones de prestatarios …».
De la otra parte, decenas de organizaciones y particulares, entre ellos grupos de derechos civiles, sindicatos, expertos jurídicos y gobiernos estatales, presentaron escritos amicus curiae o documentos del tipo «amigo de la corte» en apoyo del plan de la administración Biden.
Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre estos casos antes de finales de junio. Teniendo en cuenta la mayoría conservadora de 6-3 votos, algunos especulan que el programa de Biden será anulado. Otros sugieren que el gobierno de Biden perderá la batalla porque los argumentos en contra de la legalidad del programa son sólidos.
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