El lunes, el Corte Suprema se negó a escuchar la propuesta de la ciudad de anular una decisión del tribunal inferior que impedía que los funcionarios procesaran a las personas sin hogar por dormir al aire libre cuando no había otro refugio disponible.
La apelación de Boise, Idaho, pidió al tribunal superior que anulara un fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos que determinó que una ordenanza de la ciudad que procesaba a personas por acampar o dormir en las calles violaba la prohibición de la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales si «hay un mayor número de personas sin hogar [en la jurisdicción] que el número de camas disponibles [en los refugios]».
La decisión de la Corte Suprema se considera una victoria para los defensores de las personas sin hogar, ya que permite que la decisión del tribunal inferior se mantenga, pero la negativa del tribunal a tomar el caso también se considera un revés para los gobiernos locales y estatales que están tratando de abordar la crisis de las personas sin hogar en su localidad.
Theane Evangelis, abogado de Boise, dijo en una declaración en agosto que «la decisión del 9º Circuito perjudica a las mismas personas que pretende proteger».
«Elimina una herramienta importante que las ciudades tienen para detener la proliferación de campamentos permanentes, lo que socava los esfuerzos de las ciudades por proporcionar refugio y servicios a los más vulnerables», dijo.
Según un informe de la Casa Blanca (pdf) sobre el estado de las personas sin hogar en Estados Unidos en septiembre, más de medio millón de estadounidenses se quedan sin hogar en una sola noche en todo el país. Entre ellos, el 35 por ciento —o poco menos de 200,000—se encuentran durmiendo sin protección en las calles, como en aceras, parques, automóviles y edificios abandonados. Además, también encontró que los índices de personas indigentes sin refugio son más altos en ciudades de la costa oeste como San Francisco y Los Ángeles.
El caso fue iniciado por seis personas que fueron citadas o condenadas por la ordenanza de acampada pública de Boise entre 2007 y 2009.
En el fallo de septiembre de 2018, que fue enmendado en abril, un panel de jueces del Tribunal del Noveno Circuito confirmó el principio de que la «Octava Enmienda prohíbe al Estado castigar un acto o condición involuntario si es la consecuencia inevitable del propio estado o condición».
Los abogados de Boise argumentaron en su petición a la Corte Suprema que la decisión de la Corte del Noveno Circuito esencialmente creó un «derecho constitucional de facto a vivir en las aceras y en los parques».
También argumentaba que los campamentos públicos resultan en «crimen y violencia, enfermedades incubadas, y crean peligros ambientales que amenazan la vida y el bienestar tanto de los que viven en las calles como del público en general» a la vez que permitiéndolos amenazan una serie de leyes promulgadas por las ciudades para regular la salud y la seguridad públicas.
Los abogados dijeron que como resultado del fallo, «muchos municipios han abandonado los esfuerzos para contener las amenazas a la salud y seguridad pública que representan los campamentos, en lugar de enfrentarse a litigios y a posibles responsabilidades civiles».
La ciudad fue apoyada por muchos estados, ciudades y asociaciones que presentaron escritos de amigos de la corte advirtiendo sobre las consecuencias del fallo de la Corte del Noveno Circuito.
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