WASHINGTON— Los jueces de la Corte Suprema parecían escépticos ante los argumentos ambientalistas, de que una corte de apelaciones tenía razón, al invalidar un permiso del Servicio Forestal de los Estados Unidos, necesario para un gasoducto de gas natural con un costo de ocho mil millones de dólares.
Con un diámetro de 42 pulgadas, se supone que el oleoducto Atlantic Coast Pipeline propuesto por Dominion Energy Inc., con sede en Richmond, Virginia, recorre 604.5 millas, trayendo gas natural fracturado de la cuenca Marcellus Shale en Virginia Occidental a Virginia y Carolina del Norte. La tubería tendría una capacidad de hasta 1.5 mil millones de pies cúbicos de gas por día.
Dominion está desarrollando la tubería con Duke Energy Corp., con sede en Charlotte, Carolina del Norte, y espera comenzar la construcción a mediados de año y finalizar a fines de 2021. Aún no se ha completado una revisión regulatoria del impacto del proyecto en las especies en peligro de extinción.
Después de que otros reguladores aprobaron el proyecto, el Servicio Forestal de los EE. UU., que es parte del Departamento de Agricultura de los EE. UU., decidió permitir que la tubería cruzara por debajo de una porción del Sendero Escénico Nacional de los Apalaches, de casi 2200 millas y que se extiende por 14 estados, desde Georgia a Maine; pero la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito se puso del lado de los ambientalistas y anuló la acción.
La administración Trump apoya la posición prodesarrollo de Dominion Energy.
La corte de apelaciones dijo que la autoridad para otorgar los derechos de paso de la tubería debe recaer en el Servicio de Parques Nacionales, que es parte del Departamento del Interior de los Estados Unidos, porque la huella de la tubería atraviesa el Bosque Nacional George Washington en Virginia y West Virginia, y el Bosque Nacional Monongahela, en West Virginia.
Los partidarios del oleoducto dicen que la corte de apelaciones sustituyó incorrectamente su sentencia por la del Congreso y el poder ejecutivo. Dicen que la corte de apelaciones se equivocó, al encontrar que el Servicio Forestal carecía de autoridad bajo la Ley Federal de Arrendamiento de Minerales, para aprobar un derecho de vía de una tubería que cruza el Sendero de los Apalaches.
Anthony A. Yang, de la oficina del Procurador General de los Estados Unidos, dijo durante argumentos orales el 24 de febrero, que sin el derecho de paso «toda la empresa está acabada», agregando que las partes involucradas «tendrían que comenzar de nuevo».
«Si un árbol cae en tierras forestales sobre el sendero, es el Servicio Forestal el responsable de ello», dijo Yang. «No llamas a los nueve empleados del Servicio de Parques de Harpers Ferry y les pides que salgan y arreglen el árbol».
La teoría de los ambientalistas «es inconsistente con la Ley [de los Sistemas Nacionales de Senderos] y cambiaría dramáticamente el sistema nacional de senderos».
Durante los argumentos orales, las dos apelaciones consolidadas que formaron el caso, fueron escuchadas juntas: Servicio Forestal de EE. UU. contra Cowpasture River Preservation Association y Atlantic Coast Pipeline LLC contra Cowpasture River Preservation Association. La asociación es una organización sin fines de lucro con sede en Millboro, Virginia.
Dominion Energy y la administración Trump toman la posición de que a pesar de que el Servicio de Parques Nacionales administra el Sendero de los Apalaches, la tierra en la que se encuentra es parte de un bosque nacional, lo que significa que está dentro de la jurisdicción del Servicio Forestal.
La jueza Elena Kagan parecía perpleja y le dijo a Yang que separar el sendero de la tierra era «una distinción difícil de entender».
El Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, difirió, comparando el camino con un usufructo, en el que alguien posee la tierra en sí, pero otros tienen derecho a cruzarla.
Esto «simplemente no me parece un concepto tan inusual», dijo.
Roberts también parecía incrédulo ante los argumentos presentados por Michael K. Kellogg en nombre de la asociación.
El jurista le preguntó a Kellogg si era su posición que el Sendero de los Apalaches constituía una «barrera impermeable» entre la tubería de gas natural y las comunidades al este, las cuales necesitaban la energía que esta llevaría.
«Absolutamente incorrecto, Su Señoría», respondió el abogado, explicando que actualmente hay «55 tuberías actualmente en funcionamiento bajo el Sendero de los Apalaches», 19 de las cuales se encuentran en tierras federales en con paso permanente, y dos de las cuales están en tierras de estado y locales.
La jueza Sonia Sotomayor le dijo a Kellogg que no parecía haber probado «el desfile de horribles que se han presentado».
Ella dijo que su preocupación «más seria» era la opinión de que «todo el camino» se puede usar para «detener tuberías u otras cosas en todo el país».
Kellogg dijo en los últimos 50 años «no ha habido un solo derecho de paso de tubería nueva a través de tierras federales bajo el Sendero de los Apalaches», aunque algunos han sido otorgados en «tierras estatales, locales y privadas».
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