La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el 17 de julio que considerará formalmente el 30 de septiembre si debe admitir una apelación que está relacionada con una demanda en curso de México contra fabricantes de armas nacionales, por 10,000 millones de dólares.
La corte considerará la petición en el caso Smith & Wesson Brands Inc. vs. Estados Unidos Mexicanos en su próxima audiencia judicial privada programada al final de su actual receso de verano. Al menos cuatro de los nueve jueces deben votar a favor para conceder la petición de que la demanda avance hacia los argumentos orales.
Según lo determinado por la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Primer Circuito, se debía permitir que el litigio procediera en las cortes inferiores.
La cuestión que ahora se plantea ante la Corte Suprema es si la corte de circuito tiene justificación para revocar un fallo anterior de una corte de distrito federal que ya desestimó la demanda.
México está demandando a varios fabricantes de armas estadounidenses por supuestamente inundar el país con armas de fuego, lo que, según afirma, ha contribuido a los delitos violentos en dicha nación. En los documentos judiciales, México afirma que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas de fuego encontradas en las escenas del crimen en ese país provienen de Estados Unidos.
Aunque algunos activistas por el control de armas dan la bienvenida a la demanda de México, los defensores del derecho a portar armas dicen que la acción legal presentada por un gobierno extranjero está explotando la ley de Estados Unidos en un esfuerzo por paralizar la industria de armas de fuego y debilitar las protecciones de la Segunda Enmienda que disfrutan los estadounidenses. Los fabricantes de armas estadounidenses demandados niegan su responsabilidad y dicen que la ley federal prohíbe tal demanda.
La decisión de seguir adelante con el caso se produjo después de que el peticionario principal Smith & Wesson presentara una petición ante la Corte Suprema el 18 de abril. Entre los copeticionarios de la apelación se encuentran Beretta U.S.A. Corp., Glock Inc. y Sturm, Ruger & Co..
En septiembre de 2022, el juez de distrito de EE. UU., Dennis Saylor, desestimó en Massachusetts la demanda que reclamaba que las empresas estadounidenses estaban socavando intencionalmente las estrictas leyes sobre armas de México al fabricar “armas de asalto de estilo militar”, que llegan a los cárteles de la droga y a los criminales.
El juez Saylor determinó que la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de 2005 “prohíbe inequívocamente las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas por los actos de individuos que usan armas para el propósito previsto”. La PLCAA se promulgó para proteger a la industria de demandas frívolas.
Pero en enero de 2024, un panel del Primer Circuito integrado por tres jueces votó a favor de permitir que la demanda de México avanzara y envió el caso nuevamente a la corte de distrito con instrucciones para proceder.
El juez de circuito, William Kayatta, escribió que la PLCAA impone límites a los tipos de demandas que los gobiernos extranjeros pueden presentar en las cortes de Estados Unidos por daños sufridos fuera de Estados Unidos, pero dictaminó que México presentó un argumento plausible de que las actividades de los fabricantes de armas están cubiertas por una excepción en el estatuto.
La corte de circuito sostuvo que la afirmación de México de que fue perjudicado cuando los peticionarios “deliberadamente ayudaron e incitaron a la venta ilegal de armas de fuego a compradores que abastecían a cárteles brutales en México” debía ser escuchada en los juzgados.
A pesar de las estrictas leyes que hacen “prácticamente imposible” que los delincuentes obtengan armas de fuego legalmente en México, el país informa que tiene el tercer mayor número de muertes relacionadas con armas de fuego en el mundo, pasando de menos de 2500 en 2003 hasta alrededor de 23,000 en 2019, escribió el juez Kayatta.
México dijo, según el escrito ante la Corte Suprema del 3 de julio, que el Primer Circuito falló correctamente y que se le debería permitir continuar con su reclamo.
Las compañías de armas “diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas, de manera que saben que rutinariamente arman a los cárteles de la droga en México”, dice el escrito.
El 17 de julio, Smith & Wesson presentó un nuevo escrito argumentando que su petición “merece la revisión inmediata de esta corte”.
Un país extranjero está “tratando de utilizar el sistema judicial estadounidense para llevar a la quiebra a la industria estadounidense de armas de fuego basándose en demandas de daños novedosas y descabelladas, en contra de una orden expresa expresa establecida por el Congreso”.
Un agravio es un acto que da lugar a responsabilidad civil.
“[L]a decisión del Primer Circuito destripa [la] PLCAA e invita a la ley jurídica el estatuto exacto diseñado para que se ejecute”, agrega el escrito.
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