Dos estadounidenses de origen cubano presentaron este jueves en Miami sendas demandas contra la empresa de cruceros Carnival y abrieron así la puerta a más procesos legales contra personas y multinacionales en busca de indemnizaciones por el uso de bienes confiscados en Cuba tras la revolución comunista de 1959.
Con lágrimas en los ojos Mickael Behn, quien dijo que su abuelo era el dueño de Havana Docks Corporation, en el puerto de La Habana, hasta que se la confiscaron en 1960, anunció a la prensa el inicio de las primeras acciones legales en cortes estadounidenses.
«Ellos (el régimen cubano) solo esperan que mi familia muera o se vaya desvaneciendo, pero no lo haremos y no lo hicimos», manifestó a las afueras de una corte federal del Distrito Sur de Florida.
En el mismo sentido se expresó el neurocirujano Javier García Bengoechea, quien señaló que es el «legítimo» propietario del puerto de Santiago de Cuba, que le fue expropiado a su familia por el régimen comunista en 1960.
Explicó que comenzó hace una década esta pelea por el uso de instalaciones portuarias en Cuba confiscadas a su familia, en medio de las críticas de que iba a perder «tiempo y dinero».
«Miguel (Behn) y yo hemos perseverado», agregó.
«Carnival fue la primera línea de cruceros que traficó en nuestras propiedades, ellos entonces merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados», aseguró el médico.
Ambos demandantes criticaron que Carnival ha estado «explotando» sus propiedades por años «para obtener ganancias».
Portavoces de multinacional Carnival contactados por Efe se limitaron a señalar: «continuamos operando nuestro calendario previsto de cruceros a Cuba«.
Por su parte, Roberto Martínez, uno de los abogados que los representan, explicó que «después de la medianoche» presentaron las dos demandas, las primeras sobre el tema, gracias a la activación a partir de este jueves por parte del Gobierno de Donald Trump del Título III de la ley Helms-Burton, de 1996.
«Hoy, 2 de mayo de 2019, es un día histórico, porque esa suspensión ha sido levantada y finalmente nuestros clientes y otros en su misma situación vamos a tener oportunidad de buscar justicia, que ha sido negada para ellos en mucho tiempo», dijo otro de los abogados.
Precisamente este día se cumplen tres años de la llegada del primer crucero estadounidense al puerto de La Habana en más de medio siglo. El «Adonia», de la empresa Fathom, filial de Carnival, arribó a la terminal «Sierra Maestra» del puerto habanero el 2 de mayo de 2016 con 704 pasajeros a bordo.
«Cualquier persona o cualquier empresa que hayan usado esas propiedades tienen riesgo de asumir responsabilidad civil», añadió.
Martínez detalló a Efe que sus clientes, quien fueron «robados» por Carnival, tienen derecho a «un monto de compensación» y aunque no detalló de cuánto, señaló que «podría ser sumamente alto».
«Ellos sabían bien de quién era la propiedad», indicó Behn.
«Gracias a la comunidad del exilio y a la Ley Libertad (como se llama también la Helms-Burton) nosotros podemos por fin tener justicia después de sesenta años», manifestó Behn.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estadis Unidos-Cuba, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5913 casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al Título III por un total de 1900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
Pero además hay otros muchos más reclamos «no certificados» que podrían demandar.
Los reclamos involucran compañías canadienses, japonesas chinas, rusas y españolas, como Meliá e Iberostar, que operan generalmente en régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas.
Según Orlando Gutiérrez, director de la Asamblea de la Resistencia Cubana, además de los citados puertos, otras propiedades confiscadas que pueden ser objeto de demanda en EE.UU. son el aeropuerto José Martí, diversas áreas costeras, la Destilería Santa Cruz del Norte y la zona especial de desarrollo del Mariel.
Por su parte, García Bengoechea enfatizó que el Título III refleja «fielmente la ley internacional».
«Esto es una expresión de que los cubanos tienen y los norteamericanos tienen el derecho de ir a una corte ante un régimen que ha robado vidas y ha robado propiedades», indicó Gutiérrez.
El activista explicó a Efe que se trata de procesos legales multimillonarios y que vienen «otras demandas en otras cortes».
Para poder presentar una demanda la propiedad confiscada debe tener un valor igual o superior a los 50.000 dólares, según el Título III de la ley Helms-Burton.
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