La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó en un informe publicado este martes que el régimen socialista de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela que deben ser investigados.
En las observaciones de la fiscalía de la CPI representada por la entonces fiscal Fatou Bensouda dio a conocer que se finalizó el examen preliminar de la situación relativa a Venezuela y concluyó que «existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de la competencia de la Corte».
«La fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, las autoridades civiles, los miembros de las fuerzas armadas y personas afines al gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional», se lee en la conclusión del informe de la CPI.
Los crímenes de lesa humanidad a los que concluyó la fiscal Bensouda que se cometieron en Venezuela fueron: «De conformidad con el artículo 7(1)(e); tortura, de conformidad con el artículo 7(1)(f); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, de conformidad con el artículo 7(1)(g); y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos, de conformidad con el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma», señala el informe.
El informe de la fiscal señala como responsables de los crímenes a miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que incluyen a «la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y algunas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».
El informe además, indica que «personas afines al gobierno participaron también en la represión de opositores reales o percibidos» del régimen de Venezuela, «principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento».
La fiscalía agregó que «si el fiscal toma la determinación de iniciar una investigación, la Fiscalía (‘Oficina’) también notificará también a Venezuela en consecuencia».
Esto ocurre luego que la Corte Penal Internacional (CPI) diera a conocer el 5 de julio el rechazo a la impugnación presentada por el régimen de Nicolás Maduro en un fallo preliminar fechado el 2 de julio, sobre la investigación por parte de la fiscalía respecto a la violación a los derechos humanos en Venezuela.
En el fallo preliminar, la CPI indicó que rechazó la solicitud de impugnación presentada el 14 de junio por Venezuela sobre “control judicial” del examen preliminar ya que se previó una oportunidad para que Venezuela pudiera presentar las impugnaciones que había buscado presentar, por lo que no existió “laguna” en el derecho aplicado.
Bensouda había dicho el 8 de junio que “El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa”, y que confiaba en poder hacer pública su decisión sobre el país caribeño antes de que finalizara su mandato, es decir, antes del 15 de junio. Sin embargo, sus conclusiones no se dieron a conocer públicamente hasta el pasado 10 de agosto.
La fiscal de Gambia, Fatou Bensouda de 60 años finalizó su cargo el 15 de junio tras 9 años de servicio en la CPI, transfiriendo el cargo a su colega el fiscal británico Karim Khan especializado en derechos humanos—quien asumió el 16 de junio—quedando a su cargo el caso de Venezuela.
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