La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó, por unanimidad, la apelación del régimen venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó continuar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La investigación abarca, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones contra el régimen desde abril de 2017.
“La decisión de la Sala de Apelaciones es adoptada por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada”, dijo el juez Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, al leer la sentencia.
La sentencia fue dictada el viernes en una audiencia pública celebrada en La Haya, en presencia de la Fiscalía de la CPI, representantes del régimen venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV por sus siglas en inglés).
El régimen del líder Nicolás Maduro apeló, el año pasado, la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que el régimen “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.
Entre los argumentos expuestos por el régimen venezolano para apelar, figura que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en “errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales” del Estatuto de Roma, entre ellos la presunta desestimación de pruebas que demostrarían la “productiva” labor del sistema de justicia de Venezuela.
Durante una de las audiencias de apelación, la fiscalía de la CPI cuestionó que Venezuela haya demostrado “impacto” en las investigaciones mientras que el canciller chavista volvió a negar que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en el país.
Durante este tiempo la fiscalía de la CPI ha mantenido sus facultades investigativas debido a que la Sala de Apelaciones negó que hubiera efectos suspensivos sobre las facultades, como pidió el régimen venezolano.
En 2023, durante su tercera visita a Venezuela, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país.
En 2021, la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el régimen un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
El régimen de Venezuela manifestó su “desacuerdo” con la sentencia de la sala de la CPI y la calificó como una decisión “infundada”.
“El proceso incoado ante la Corte Penal Internacional responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”, precisa un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes.
De acuerdo al régimen venezolano, se trata de una “maniobra” construida a partir de un “reducido” conjunto de “delitos” que, asegura, han sido o están siendo “debidamente investigados y sancionados” por las autoridades del país.
Además, sostiene que, como Estado soberano, tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas y, aunque agradece la asistencia técnica de la fiscalía de la CPI, dice que “no es necesario ni apropiado” que “lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales”.
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