Los usuarios de redes sociales de la Unión Europea descontentos con las decisiones tomadas por TikTok, YouTube o Facebook sobre la eliminación de posteos o videos podrán ahora apelar a un nuevo organismo.
Appeals Center Europe, anunciado el martes, es un «órgano extrajudicial de resolución de litigios» que ha sido certificado por los reguladores de la República de Irlanda, pero que arbitrará en las disputas sobre moderación de contenidos en los 27 países del bloque.
El organismo, que tendrá su sede en Dublín y está financiado por una subvención única de 15 millones de euros (16.5 millones de dólares) concedida por Meta —propietaria de Facebook— está dirigido por el director ejecutivo Thomas Hughes, exdirector ejecutivo de Article 19, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la libertad de expresión.
Hughes dijo que escucharía apelaciones sobre «todo, desde violencia e incitación al discurso de odio hasta acoso y hostigamiento».
«Podría tratarse de todo, desde un caso relacionado con un jefe de Estado hasta una disputa vecinal», añadió.
Tasa «nominal» para los denunciantes
Los usuarios que se quejen pagarán una tasa «nominal» de cinco euros (5.50 dólares), que les será reembolsada si el organismo falla a su favor.
Hughes explicó que la tasa está pensada para evitar que la gente «juegue con el sistema o abuse de él».
Las empresas tecnológicas tendrán que pagar 95 euros (104 dólares) por cada caso que atienda el organismo.
Hughes fue anteriormente presidente de la Junta de Supervisión de Meta, un organismo casi independiente que se creó en 2020 para juzgar los problemas de moderación de contenido que involucran a Facebook, Instagram y Threads.
Appeals Center Europe no gestionará inicialmente disputas que impliquen a Instagram, Threads o Snapchat, aunque podrían añadirse más adelante.
Empezará a recibir disputas de usuarios de TikTok, Facebook y YouTube antes de finales de año.
Mientras que Facebook es propiedad de Meta, TikTok pertenece a ByteDance, con sede en Beijing, y YouTube a la matriz de Google, Alphabet.
En virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE, las empresas tecnológicas y las plataformas de redes sociales deben colaborar con los organismos de resolución de litigios y acatar sus decisiones.
No está previsto que el organismo se ocupe de las quejas contra X, que mantiene su propio mecanismo de tramitación de quejas y cuyo propietario, Elon Musk, defiende ferozmente el derecho a la libertad de expresión.
En julio, la UE llegó a la conclusión preliminar de que X había violado la DSA por restringir el acceso a los datos a los investigadores, la falta de transparencia publicitaria y el diseño de su sistema de cuentas verificadas con «palomita azul», que dejaba a los usuarios expuestos al engaño.
Bruselas ha querido dar a los ciudadanos de la UE un medio de impugnar las decisiones de las grandes empresas tecnológicas, y el nuevo organismo se encargará de equilibrar la libertad de expresión con los riesgos online, especialmente para los niños y las personas con problemas de salud mental.
Las empresas que hagan caso omiso de la DSA se exponen a cuantiosas multas.
Muchas empresas tecnológicas de Silicon Valley tienen su sede europea en Dublín, razón por la cual se eligió la capital irlandesa como base natural del organismo de apelación.
Aplicación justa e imparcial
Hughes declaró: «Queremos que los usuarios tengan la opción de plantear una disputa ante un organismo independiente de gobiernos y empresas, y centrado en garantizar que las políticas de contenidos de las plataformas se apliquen de forma justa e imparcial».
El mes pasado, la Junta de Supervisión de Meta emitió una resolución sobre tres posteos distintos de Facebook en las que se utilizaba la frase palestina «del río al mar», que muchos judíos consideran antisemita.
La junta dijo que no infringían las normas de Meta sobre «incitación al odio, la violencia y la incitación u organizaciones e individuos peligrosos».
Dictaminaron que, aunque los tres mensajes contenían «signos contextuales de solidaridad con los palestinos», no había «ningún lenguaje que llamara a la violencia o a la exclusión».
El Consejo de Supervisión de Meta seguirá funcionando y Hughes dijo que los dos órganos «apuntarán en la misma dirección en términos de responsabilidad y transparencia de la plataforma, derechos de los usuarios».
Hughes dijo que las decisiones se tomarían en un plazo de 90 días, pero el objetivo sería que se escucharan mucho más rápido.
Appeals Center Europe tendrá un consejo de siete directores.
Con información de Associated Press y Reuters
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