Una organización católica que cuestiona la participación de otras organizaciones católicas en el traslado de inmigrantes enfermos de COVID a Estados Unidos presentó una demanda a principios de este mes en un tribunal federal de Texas.
CatholicVote y el grupo de vigilancia conservador Judicial Watch presentaron la demanda federal basándose en dos solicitudes de la Ley de Libertad de Información denegadas que hicieron al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En la demanda, presentada el 4 de febrero, la organización católica con sede en Indiana solicita «toda la comunicación» entre las dos agencias federales y varias organizaciones católicas cerca de la frontera de Texas, incluyendo Caridades Católicas, la Diócesis Católica de Brownsville, el Obispo Daniel Forest, el Centro de Respiro Humanitario de McAllen, administrado por los católicos, y su directora ejecutiva, la hermana Norma Pimental.
CatholicVote sugiere en la demanda que las organizaciones católicas y las personas nombradas pueden haber conspirado con las agencias federales para eludir los procedimientos de investigación exigidos por el estado de los inmigrantes ilegales que se sabe que están enfermos con COVID-19 y luego usar los dólares de los contribuyentes para alojarlos en hoteles.
«No hay ninguna enseñanza católica que yo conozca que justifique la violación abierta de la ley federal o estatal con el dinero de los contribuyentes para conseguir algo bueno», dijo Brian Burch, presidente de CatholicVote, a The Epoch Times. «La hipocresía es flagrante si, de hecho, tenemos un estándar diferente para los migrantes en la frontera que para los estadounidenses dentro de Estados Unidos».
Las llamadas telefónicas realizadas por The Epoch Times a las partes mencionadas en la demanda no fueron devueltas.
CatholicVote ha recibido críticas de otras organizaciones católicas por cuestionar los esfuerzos de los católicos en la frontera.
«Aquellos que sirven a los sin voz y vulnerables en la frontera merecen oraciones, apoyo y gratitud, no ataques partidistas», tuiteó Kim Daniels, codirectora de la Iniciativa sobre Pensamiento Social Católico y Vida Pública de la Universidad de Georgetown, en respuesta a la demanda.
Es la última de las crecientes divisiones dentro de la comunidad religiosa más grande del país en temas como la inmigración ilegal, el aborto, el apoyo a políticos católicos proaborto como el presidente Joe Biden y Nancy Pelosi, y los mandatos de la vacuna contra el COVID-19.
El mismo día en que CatholicVote presentó su demanda, un grupo de padres llamado Concerned Catholics lanzó una petición a la archidiócesis de Washington contra el superintendente de las escuelas católicas, el cardenal Wilton Gregory, por su negativa a reconocer las exenciones religiosas de los padres católicos.
La petición, organizada a través de Change.org, denuncia que la negativa de Gregory a aceptar las exenciones religiosas de la vacuna contradice las creencias más fundamentales de la fe.
«Es inaceptable y constituye una coacción de conciencia que cualquier escuela católica exija a los estudiantes la obtención de vacunas moralmente objetables para su admisión», escribieron los padres en su petición.
La Archidiócesis de Washington no devolvió inmediatamente las llamadas telefónicas sobre el asunto.
En un publicitado discurso en enero, el Papa Francisco, en contraste con los padres católicos de Washington, calificó la vacuna como una «obligación moral» y describió a los católicos que se oponen a ella como «personas que se dejan influir por la ideología del momento», refiriéndose a la ideología como «información sin fundamento o hechos mal documentados».
Según una encuesta del Centro de Investigación Pew, los católicos estadounidenses están divididos políticamente a grandes rasgos: cerca del 48% de los votantes católicos registrados votan por los republicanos y el 47% por los demócratas. Esta división ha dado lugar a una división entre la derecha y la izquierda de la iglesia católica.
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