Los casos de violencia en el contexto de las elecciones generales de noviembre próximo en Nicaragua sumaron 279 en el lapso de un mes y medio, entre el 1 de abril y el 15 de mayo pasados, informó este lunes el grupo independiente Urnas Abiertas.
Entre los principales hechos de violencia relacionados con el proceso electoral, Urnas Abiertas registró 178 casos de hostigamientos, 36 agresiones, 27 retenciones, 15 amenazas, 14 detenciones, seis lesiones y tres procesos judiciales.
Al menos 267 personas fueron «víctimas identificadas» de la violencia dirigida en su mayoría por la Policía Nacional (85.51 % de casos) o grupos sandinistas «contra organizaciones, medios de comunicación, o partidos políticos», de acuerdo con la agrupación.
Los casos de violencia reportados en el informe de Urnas Abiertas se suman a otros 323 registrados entre octubre y marzo pasados, para totalizar 602 sucesos violentos en el contexto de las elecciones previstas para el 7 de noviembre próximo, en las que el líder Daniel Ortega busca mantenerse en el poder por otros cinco años.
Según el grupo observador, en los dos últimos meses el ambiente electoral de Nicaragua se ha caracterizado por «hostigamiento a liderazgos de organizaciones políticas», un «acceso parcializado al derecho de reunión», y por el «uso de recursos públicos en la precampaña electoral por parte del partido de Gobierno».
El informe destacó la cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD) y del Partido Conservador (PC), el primero con respaldo de uno de los principales bloques de la oposición conocido como Coalición Nacional.
Asimismo, resaltó la acusación del Ministerio Público por supuesto lavado de dinero, bienes y activos contra la directora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, quien, según la encuestadora Cid Gallup, es la aspirante a la Presidencia de la oposición con mayor probabilidad de vencer a Ortega en los comicios.
También acciones del régimen contra la prensa local, en las que destacó el segundo allanamiento contra un grupo de medios que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado con el premio Ortega y Gasset 2021, y hermano de Cristiana.
El ambiente en Nicaragua ya era tenso desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del líder Ortega, debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como «intento de golpe de Estado», dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen solo reconoce 200.
En las elecciones de noviembre, Ortega, quien gobernó entre 1979 y 1990, busca extender por cinco años el poder que recuperó en 2007.
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