La citación emitida por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes para investigar el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos en busca de información sobre teléfonos móviles privados de Verizon no es válida por al menos cinco razones, según una demanda presentada a principios de esta semana en una corte federal por un destacado profesor de derecho constitucional.
La demanda, presentada el 14 de diciembre por el profesor John Eastman ante la Corte del Distrito de Columbia, pide que se declare inválida la citación del comité selecto a Verizon para obtener «registros telefónicos, mensajes de texto, listas de contactos, etc. para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de enero de 2021».
La acción de Eastman es una de las varias que se presentaron recientemente en la corte federal y que podrían dar lugar a un fallo judicial que obligue a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y a otros líderes demócratas a reorganizar y relanzar el comité selecto o a cerrarlo por completo.
Eastman afirma que la citación a Verizon no es válida por las siguientes razones:
-«En primer lugar, las declaraciones públicas de los miembros del Comité del 6 de enero dejan claro que el Comité está tratando de ejercer una función de aplicación de la ley, en lugar de una auténtica actividad legislativa. El Congreso de Estados Unidos no está facultado para emitir citaciones con fines policiales».
-«En segundo lugar, la citación se emitió en violación del Reglamento de la Cámara y de la propia resolución de autorización del Comité del 6 de enero… la falta de miembros minoritarios válidamente designados o de un ‘miembro minoritario de rango’ válidamente designado por el Comité hace imposible tal cumplimiento. Una citación emitida en violación del Reglamento de la Cámara es inválida».
-«En tercer lugar, la citación viola la Cuarta Enmienda. El Dr. Eastman tiene una expectativa razonable de privacidad en la información privada de su teléfono móvil a la que el Comité pretende ahora acceder sin una orden de registro».
-«Cuarto, la citación viola la Primera Enmienda. La citación busca información detallada sobre la actividad protegida por la Primera Enmienda del Dr. Eastman. Permitir que un comité del Congreso altamente partidista invada la actividad de la Primera Enmienda de un oponente político tendría un efecto escalofriante sobre la libertad de expresión».
-«Por último, la citación infringe el privilegio de cliente-abogado. Además de su trabajo académico, el Dr. Eastman ejerce la abogacía representando a clientes. La citación no prevé la protección de la información privilegiada de cliente-abogado».
Eastman, que se describe a sí mismo en la demanda como «un conservador político que apoyó al expresidente Donald Trump, lo que lo pone en desacuerdo con la composición altamente partidista del Comité», es un exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Chapman y profesor de Derecho Constitucional, Historia Jurídica y Propiedad.
Por separado, el comité selecto dijo que también citó a Eastman para una declaración porque «parecía haber sido instrumental en el asesoramiento del presidente Trump de que el vicepresidente [Mike] Pence podría determinar qué electores sean reconocidos el 6 de enero, una opinión que muchos de los que atacaron el Capitolio también compartieron».
También presentaron una demanda a principios de esta semana contra el comité selecto cuatro consultores políticos que ayudaron a organizar la manifestación pacífica del 6 de enero en la Casa Blanca en apoyo de Trump que precedió a los disturbios de ese mismo día en el Capitolio.
Los cuatro incluyen a Justin Caporale, descrito como «director de proyecto», Tim Unes, el fundador de Event Strategies, Megan Powers, que figura como «directora de operaciones», y Maggie Mulvaney, la «directora VIP» de la manifestación.
En su demanda, los cuatro sostienen que son «ciudadanos privados que no participaron en ninguna actividad o programa del gobierno federal». Solo tienen una conexión aparente con el asunto que el Congreso dice estar investigando: sirvieron como voluntarios para ayudar a dotar de personal a una asamblea pacífica, legal, ordenada y patriótica para promover un discurso protegido por la Primera Enmienda.
«A pesar de esto, los demandantes se sentaron voluntariamente para largas entrevistas y entregaron miles de documentos a los investigadores del Congreso. Los demandantes respondieron a todas y cada una de las preguntas sobre lo que ocurrió en el evento, quién habló, con quién hablaron los demandantes y cuándo. Si el Congreso quería saber algo más sobre la breve participación de los demandantes en los acontecimientos que supuestamente está investigando, solo tenía que haber preguntado».
«En lugar de ello, el Congreso recompensó a los Demandantes por su cooperación dirigiéndose al Demandado Verizon Wireless, su proveedor de telecomunicaciones, para exigir indiscriminadamente información detallada sobre sus cuentas, contactos, asociados personales y políticos, y ubicaciones físicas. Las citaciones cubrieron un periodo de tres meses que excede en gran medida la ventana de tiempo de 10 días sobre la que el Congreso interrogó a los demandantes».
Al igual que Chapman, los cuatro piden a la Corte que dictamine que la citación a Verizon es inválida porque «no fue emitida por un comité válidamente constituido; no es pertinente al asunto que el Congreso pretende investigar; no persigue un propósito legislativo; viola los derechos de los demandantes a la Primera y Cuarta Enmienda; y viola la Ley de Comunicaciones Almacenadas, 18 U.S.C. § 2701, et seq.»
Los argumentos citados en las demandas presentadas por los cuatro organizadores de la manifestación y el profesor de derecho constitucional son un reflejo de los presentados ante la misma Corte Federal en una demanda presentada el 8 de diciembre por el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, que también es exmiembro de la Cámara de Representantes, que lo citó por desacato el 14 de diciembre.
Además de alegar que las citaciones emitidas por el comité selecto son inválidas, todas las demandas argumentan que el propio panel es inválido porque no funciona de acuerdo con la H.R. 503, que lo creó.
Las demandas argumentan además que el comité selecto no cumple con un «propósito legislativo válido» consistente con las autoridades constitucionales del Congreso.
Meadows enmarca el argumento de esta manera: «El Congreso no tiene un poder autónomo para emitir citaciones. En cambio, sus poderes de investigación son auxiliares a su autoridad legislativa». Trump v. Mazars USA, LLP, 140 S. Ct. 2019, 2031 (2020).
«Debido a este vínculo entre los poderes de investigación y legislativos, el Congreso solo puede emitir citaciones que sirvan a un propósito legislativo válido. La aplicación de la ley y el castigo de los errores legales percibidos no son propósitos legislativos válidos. En la medida en que el Congreso pretende utilizar las citaciones para investigar y castigar las infracciones penales percibidas, se inmiscuye inconstitucionalmente en las prerrogativas del Poder Ejecutivo».
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