Enterrada en la página 305 de la «Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021«, de 1.9 billones de dólares, hay una disposición que otorga a los empleados federales con hijos hasta 21,000 dólares por cada hogar para que se queden en casa.
La disposición del «Fondo de licencia de emergencia para empleados federales» incluye 570 millones de dólares para los trabajadores del gobierno que se queden en casa para cuidar a los niños porque sus escuelas no han reanudado la instrucción en clase.
El proyecto de ley no incluye ninguna disposición específica similar para los millones de trabajadores del sector privado cuyos hijos no pueden volver a sus escuelas públicas.
La financiación adicional para el permiso remunerado está disponible para los trabajadores federales «si la escuela o el lugar de cuidado del hijo o hija ha sido cerrado, si la escuela de dicho hijo o hija requiere o hace opcional un modelo de instrucción de aprendizaje virtual o requiere o hace opcional un híbrido de modelos de instrucción de aprendizaje en persona y virtual, o el proveedor de cuidado infantil de dicho hijo o hija no está disponible, debido a las precauciones por el Covid-19», según el texto del proyecto de ley.
El permiso especial remunerado para los trabajadores federales está disponible hasta el 30 de septiembre y tiene un límite de 21,000 dólares por hogar. Lo reportó por primera vez Adam Andrzejewski, presidente de Open The Books, una fundación sin ánimo de lucro que hace un seguimiento del gasto federal.
«Es un rescate financiero personal para los empleados federales y ayuda a aliviar la presión de los sindicatos de profesores que se han resistido a reabrir las escuelas para la enseñanza a tiempo completo», dijo Andrzejewski a The Epoch Times el 24 de febrero.
«Si los empleados federales de la zona de D.C. son compensados con lucrativas vacaciones pagadas cuando las escuelas son a distancia o incluso híbridas, hay mucha menos presión de los padres para la educación a tiempo completo en las aulas. Nuestros hijos son los grandes perdedores», dijo.
El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (D-Md.), dijo el 23 de febrero que la Cámara de Representantes votará sobre el proyecto de ley el 26 de febrero. Los demócratas tienen una escasa mayoría de 221-211 votos en la Cámara tras perder 13 escaños en las elecciones al Congreso de noviembre de 2020.
El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), ha prometido hacer avanzar el proyecto de ley en el Senado lo más rápidamente posible, una vez que sea aprobado por la Cámara. Su mayoría depende de que la vicepresidenta Kamala Harris (D-Calif.) esté presente para desempatar en el Senado, que está dividido 50-50 entre los dos partidos.
Si la propuesta llega a la mesa del presidente Joe Biden, éste la firmará, con lo que el gasto total del gobierno federal desde marzo de 2020 en respuesta al virus del PCCh —también conocido como nuevo coronavirus— superará los 5.7 billones de dólares.
Según un análisis de Ciudadanos contra el Despilfarro Gubernamental (CAGW, por sus siglas en inglés), solo un 5%, o menos de 100,000 millones de dólares, de los 1.9 billones se gastarán en 2021. La gran mayoría del gasto se realizará entre 2022 y 2028, mucho después de que la enfermedad haya sido controlada.
Un análisis del grupo de Andrzejewski afirmaba que «la ayuda específica por el Covid-19 en el proyecto de ley puede abarcar generosamente los 473,000 millones de dólares en pagos a particulares, 75,000 millones de dólares en efectivo para vacunas, 26,000 millones de dólares para restaurantes, 15,000 millones de dólares para ayudar a financiar las nóminas de las aerolíneas y otros 7200 millones de dólares en fondos del Programa de Protección de Cheques para las pequeñas empresas».
Pero gran parte del resto de los fondos contemplados en la propuesta se destina a fines no relacionados con el virus del PCCh, según Andrzejewski, que señaló los siguientes ejemplos
- 350,000 millones de dólares asignados para rescatar a los 50 estados y al Distrito de Columbia. La asignación, que se basa en las tasas de desempleo, subvenciona en la práctica los programas de los gobernadores demócratas de los estados azules, como Gavin Newsom, de California, y Andrew Cuomo, de Nueva York, que tenían las políticas de cierre más estrictas. Estados como Florida son penalizados porque mantuvieron abiertos los negocios y continuaron floreciendo con una mínima reducción económica.
- 270 millones de dólares para el Fondo Nacional de las Artes y las Humanidades, que el año pasado tenía un presupuesto de 253 millones de dólares. Un análisis de Open The Books de 2017 encontró que el 80% de las subvenciones sin fines de lucro de la agencia fluyeron a las organizaciones adineradas con más de un millón de dólares en activos.
- 200 millones de dólares para el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, que es tan pequeño que ni siquiera emplea a un inspector general.
- 128,500 millones de dólares para financiar la educación pública K-12. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) determinó que la mayor parte de este dinero se distribuirá a las escuelas entre 2022 y 2028.
- 39,500 millones de dólares para ayudar a la educación superior. Las anteriores leyes de ayuda y recuperación por el virus del PCCh proporcionaron más de 35,000 millones de dólares a los colegios y universidades.
- 86,000 millones de dólares para salvar casi 200 planes de pensiones asegurados por la Pension Benefit Guaranty Corp. (PBGC), muchos de los cuales están coadministrados por sindicatos que contribuyeron en gran medida a la campaña presidencial de Biden en 2020 y a los actuales congresistas demócratas. El proyecto de ley no incluye ninguna reforma en la gestión de los fondos.
Andrzejewski añadió que otras disposiciones del proyecto de ley prevén 1.5 millones de dólares destinados al puente internacional Seaway, que conecta el estado de Nueva York con Ontario, Canadá, así como 50 millones de dólares para servicios de planificación familiar sin exención de abortos; 110 millones de dólares para la segunda fase del metro de Silicon Valley, que conecta San Francisco y San José, en California, y 852 millones de dólares para apoyar el voluntariado cívico a través de AmeriCorps.
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