Mientras que los sindicatos y sus partidarios celebraron la firma de un proyecto de ley que cambiará la naturaleza del negocio de las comidas rápidas en California al aumentar los salarios mínimos y ampliar la supervisión regulatoria, otros dijeron que los empleados y consumidores serán los más afectados por la nueva ley.
La Asociación Nacional de Propietarios -un grupo que representa a los franquiciados de McDonald’s- dijo en un comunicado de prensa a principios de este año: «Esto destruirá el modelo de franquicia en California, una vía probada para ser propietario de un negocio y una oportunidad generacional para los empresarios. La inmensa mayoría de estos restaurantes son de propiedad local y están gestionados por pequeños empresarios».
Lo que está en juego es el Proyecto de Ley 1228, escrito por el asambleísta Chris Holden (D-Pasadena), que establecerá un consejo asesor, ampliará las responsabilidades legales para incluir a los franquiciadores y aumentará los salarios mínimos para los trabajadores de comida rápida en California a USD 20 por hora a partir del 1 de abril de 2024.
Dado el salario mínimo estatal de USD 15.5, la diferencia hará que los gastos operativos aumenten significativamente, elevando así los precios para los consumidores y limitando las oportunidades de ganancias e inversiones de las empresas, según los expertos.
«La nueva legislación AB 1228… resultará en un golpe financiero devastador para los franquiciados de McDonald’s de California con un costo anual proyectado de USD 250,000 por restaurante McDonald’s», dijo la asociación en un memorando que Fox Business dio a conocer por primera vez en septiembre.
Las regulaciones se aplicarán a miles de empresas en todo el Estado Dorado, incluidos todos los restaurantes de servicio rápido con al menos 60 ubicaciones en todo el país, con excepciones para aquellos que hornean y venden su propio pan, excluyendo así a Panera y Boudin.
El aumento de los salarios podría dar lugar a que algunos empleadores operen con menos personal, aumentando así la carga de trabajo de los empleados existentes, y otros optarán por nuevas opciones mecánicas para reemplazar a los trabajadores humanos, dicen los expertos.
Un local de McDonald’s totalmente automatizado (en el que no hay cajeros, cocineros ni trabajadores que interactúen con los clientes), en Fort Worth (Texas), podría ser una forma de respuesta a la ley, afirman.
Los críticos también argumentaron que las empresas se verán afectadas por litigios debido a las cláusulas del proyecto de ley que amplían la responsabilidad legal y responsabilizan a los franquiciados por violaciones laborales cometidas por otros propietarios-operadores.
Los defensores de la nueva ley dicen que se necesitan ramificaciones legales, ya que el sistema de franquicias ha permitido a corporaciones, como McDonald’s Corp., evitar litigios relacionados con violaciones de las leyes laborales al proteger a las corporaciones de las acciones de los franquiciados.
«En lugar de asumir la responsabilidad por las condiciones que han creado, los franquiciadores corporativos han diseñado el sistema de franquicias para protegerse de la responsabilidad por violaciones laborales», dijo Holden en el análisis del Poder Judicial del Senado. «Estas corporaciones multimillonarias han escrito las reglas para que puedan disfrutar del máximo control y máximas ganancias mientras dejan a los propietarios y trabajadores de pequeñas empresas a su suerte».
Los empleados de los restaurantes de comida rápida enfrentan los niveles más altos de pobreza de cualquier industria, según un informe reciente de la Mesa Redonda Económica: Muchos tienen más de un trabajo y uno de cada nueve se encuentra sin hogar.
Citando el informe del Centro Laboral de la Universidad de California en Los Ángeles, según el cual los trabajadores del sector tienen el doble de probabilidades que los demás de caer por debajo del umbral de la pobreza y muchas más de no estar asegurados, el asambleísta dijo que la nueva ley contribuirá a reducir el gasto estatal en programas y servicios sociales destinados a ayudar a los trabajadores en tales situaciones.
«Este desequilibrio de poder perjudica a las economías locales, así como a los contribuyentes de California, que pagan una factura de USD 4000 millones al año por la parte de los programas de red de seguridad social que subsidian a los trabajadores de la industria de la comida rápida», dijo Holden.
Los partidarios argumentaron que la nueva ley también es necesaria para mejorar las condiciones en la industria.
«La AB 1228 marca un siguiente paso fundamental en la lucha de los trabajadores de la comida rápida de California por el respeto y una voz más fuerte en el trabajo», les dijo en los análisis legislativos el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, patrocinador del proyecto de ley que representa a más de 1.9 millones de trabajadores.
Los opositores, entre ellos la Cámara de Comercio de California, la Asociación Internacional de Franquicias, la Asociación de Restaurantes de California y docenas de organizaciones, argumentaron que penalizar a los empleadores no beneficia a los trabajadores ni a las comunidades en las que viven.
«Garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas de California es primordial y asignar responsabilidad sólo a la parte responsable redunda en beneficio de todos los involucrados», escribieron los grupos en los análisis legislativos. «Desmantelar un modelo de negocios que brinda movilidad ascendente y oportunidades empresariales a miles de californianos es una política pública equivocada y sólo servirá para obstaculizar el crecimiento laboral y las oportunidades en todo el estado».
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