Los republicanos de la Cámara de Representantes de Arizona pidieron asegurar la frontera sur en una proclamación legislativa oficial, patrocinada por la representante estatal Gail Griffin y firmada por los 31 miembros del caucus de la mayoría republicana.
La proclamación (pdf), publicada el 25 de mayo, condenó la continua violación a la frontera, expresó su apoyo a las comunidades seguras y respaldó “acciones inmediatas y decisivas para asegurar la frontera y aliviar las crisis humanitarias y de seguridad asociadas con la inmigración ilegal”.
La proclamación secundó la opinión de Mark Brnovich, el fiscal general de Arizona, quien anteriormente se había referido al cruce de inmigrantes ilegales a Estados Unidos como una “invasión”.
“A principios de este año, nuestra oficina emitió una opinión legal que determina que la crisis actual en la frontera sur de Arizona, alimentada por la violencia y la anarquía de los cárteles y las pandillas, califica legalmente como una ‘invasión’ según la Constitución. Gracias a @AZHouseGOP por destacar nuestros esfuerzos”, escribió Brnovich en un tuit el 25 de mayo.
El anuncio del Partido Republicano dijo que hubo un aumento del 379 por ciento en los encuentros fronterizos durante el último año fiscal en comparación con el año anterior.
De manera similar, hubo un crecimiento sustancial en la cantidad de detenciones, expulsiones y «fugas», con 1 millón de encuentros y 300,000 «fugas» entre el 1 de octubre de 2021 y el 11 de abril de 2022.
Una “fuga” (getaways) es un inmigrante ilegal que se observa cruzando la frontera, pero no es detenido y no regresa a México. En marzo de 2022, el alguacil del condado de Cochise, Mark Dannels, dijo que los funcionarios capturaron a más de 7000 inmigrantes ilegales que intentaron escapar. Hace dos años, ese número era «un manejable» 400 por mes, dijo Dannels a los miembros del Congreso durante una audiencia en la Cámara el 6 de abril.
“Estos 1.7 millones de personas representan a 164 países, incluidos países con presuntos vínculos terroristas, y el 63 por ciento de ellos son de países distintos a México”, decía la proclamación. Los menores representaron el 8 por ciento, o 136,000 de los 1.7 millones de encuentros durante el último año fiscal.
Después de cruzar la frontera, señalaba la proclamación, las personas contrabandeadas comenzarían una vida de servidumbre, incluida la distribución de drogas, la esclavitud moderna y el tráfico sexual, para pagarles a los cárteles mexicanos y sudamericanos que los ayudaron.
Los cárteles utilizan a jóvenes, “algunos de hasta de catorce años”, para transportar a los ilegales en vehículos a Tucson o Phoenix. Los conductores se reclutan a través de plataformas de redes sociales y se les paga entre USD 1500 y USD 2000 por cada persona que transportan.
Además de esto, una frontera porosa permite el flujo de drogas ilícitas al país.
“En el último año fiscal, la cantidad de drogas ilegales incautadas se disparó, incluidas 10,000 libras de fentanilo, 180,000 libras de metanfetamina, 86,000 libras de cocaína, 5000 libras de heroína y 311,000 libras de marihuana”.
Junto con las drogas y los inmigrantes ilegales, ha habido un aumento en la actividad delictiva: “La policía ha documentado 60 homicidios, 1178 agresiones, 2138 arrestos relacionados con drogas o tráfico de drogas, 825 robos, 1629 DUI, 336 arrestos por armas y 488 agresiones sexuales”.
El anuncio del Partido Republicano enfatizó la amenaza que enfrentan las comunidades locales, así como los ciudadanos estadounidenses inocentes, y mencionó el bloqueo a la construcción del muro en la frontera sur, que tiene numerosas secciones sin terminar en Arizona.
Varios fiscales generales estatales, entre ellos Brnovich, de Arizona, demandaron en abril al gobierno de Biden por cambiar las políticas de inmigración establecidas por el Congreso.
El cambio de regla otorga una autoridad sin precedentes a los oficiales de asilo dentro del Departamento de Seguridad Nacional, en lugar de a los jueces federales de inmigración, para otorgarle asilo a los inmigrantes directamente.
“Esto no es más que un intento radical de establecer un sistema que fomente la inmigración ilegal y socave el estado de derecho”, dijo Brnovich.
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