En 2014, hace ya media década, la Proposición 47, conocida como la «Ley de barrios y escuelas seguras», fue aprobada con el objetivo de reducir las penas por algunos delitos.
Desde entonces, las reacciones a la Propuesta 47 han sido variadas. Los partidarios aclaman la ley como un gran éxito, señalando que la población carcelaria del estado se redujo por debajo del objetivo establecido por el gobierno federal. Sin embargo, otros han notado un fuerte aumento de ciertos delitos.
Los partidarios señalan que la población carcelaria de California se redujo en un 25% y que la población carcelaria general se redujo en un 11% durante la reciente «era de la reforma carcelaria» de la última década.
Un informe del Centro de Justicia Criminal y Juvenil encontró que los índices de delitos contra la propiedad cayeron más del 3% en todo el estado entre 2010 y 2016. La organización argumentó que los patrones delictivos recientes pueden ser el resultado de políticas locales y no de una reforma de las políticas estatales.
«La divergencia entre las 213 ciudades que han mostrado aumentos en los delitos contra la propiedad desde el 2010 en comparación con las 298 ciudades con disminuciones en los delitos contra la propiedad fue tan grande – una diferencia de 31 puntos porcentuales – que las dos categorías de ciudades en realidad intercambiaron lugares. Este sorprendente resultado sugiere que las medidas de reforma como la Proposición 47 no son la razón por la que una minoría de ciudades experimentó aumentos en el crimen», dijo el investigador principal del grupo, Mike Males, Ph.D., en una declaración.
Sin embargo, California reportó 51,000 robos adicionales en todo el estado en 2016, según el Independent Institute. En San Francisco, los robos de vehículos aumentaron 24% de 2016 a 2017, estableciendo un nuevo récord de 31,322 robos reportados. Eso es más de una entrada forzada cada 20 minutos en promedio.
«Aunque algunas reformas a la justicia penal que trajo consigo la Proposición 47 fueron positivas, la ley provocó un aumento de robos de automóviles y hurtos en tiendas en todo el estado», informó el Instituto en 2018.
El jefe de policía de San Francisco, William Scott, reportó un aumento del 24% en los delitos contra la propiedad de 2016 a 2017. Los robos de automóviles se dispararon en todos los distritos, y la tasa de arrestos es sorprendentemente baja: 1,6%.
«Los residentes y comerciantes viven con una población de adictos; cuerpos apilados en las aceras, junto con sus viejas agujas y heces. No hay razón para esconderse. Hay pocas o ninguna consecuencia», se lamentó Scott.
Según Michael Rushford, presidente de la Criminal Justice Legal Foundation, «Se están cometiendo muchos más, no menos, de estos delitos, pero la gente simplemente no los denuncia. No creen que vaya a pasar nada, y no ven el sentido. Y tienen razón».
Las fuerzas de seguridad informan que muchos ladrones ahora calculan tomar lo suficiente para permanecer por debajo del umbral de 950 dólares de la Proposición 47. A lo sumo, se emite una citación por delito menor si son capturados. Pueden repetir el mismo robo hasta el mismo umbral de 950 dólares tantas veces como deseen sin que se convierta en un delito grave. Los robos no son acumulativos.
Marisa McKeown, ayudante del fiscal de distrito del condado de Santa Clara que supervisa la Unidad de Estrategias Delictivas de su oficina, le dijo al Bay Area News Group que el problema es tan grave que los talleres de reparación locales están experimentando una escasez de vidrios para ventanas rotas.
La Propuesta 47 tenía el propósito de liberar fondos para que el estado se pudiera concentrar en los verdaderos delincuentes violentos y graves. Si se liberara a ciertos delincuentes, cuyos delitos se redujeran a delitos menores, se reducirían las penas de prisión, y los ahorros se destinarían a programas de prevención y apoyo en las escuelas, servicios para las víctimas, y tratamiento de salud mental y drogas.
Idealmente, los ladrones de poca monta, que podrían ser drogadictos, enfermos mentales o personas sin hogar crónicas, evitarían el encarcelamiento costoso. El referéndum contó con el pleno apoyo del partido demócrata de California y de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Fiscalmente, cientos de millones de dólares se están colocando en tres áreas: 1) ampliar el tratamiento de la salud mental para hacer frente a los graves problemas de salud mental; 2) ampliar el tratamiento del abuso de drogas para hacer frente a la adicción; y 3) ampliar los programas de vivienda para las poblaciones crónicamente desamparadas que participan en actividades delictivas.
Sin embargo, las personas sin hogar, los usuarios de drogas y aquellos con necesidades de atención por salud mental tienen que involucrarse voluntariamente en estos programas para mejorarse.
Jim Cooper, un asambleísta estatal del área de San Joaquín, es parte de la coalición Keep California Safe que tiene una petición en marcha para detener la liberación anticipada de presos por tráfico de niños, violencia doméstica y violación de una persona inconsciente, todos ellos considerados «delitos menores no violentos» bajo la Proposición 47.
«Bajo la ley de la Proposición 47, la violación por intoxicación, la violación de una persona inconsciente y una lista de otros crímenes terribles ya no se consideran violentos para California», dijo Beth Hassett, directora ejecutiva de WEAVE ó Woman Escaping a Violent Environment.
La Asociación de Subfiscales de Distrito, miembros de la asamblea estatal, coaliciones como Keep California Safe, y otros dicen que todos están trabajando para crear legislaciones que contrarresten la Proposición 47, 57, AB 109, y otras leyes similares.
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