Cuatro presos que eran atendidos en un centro de salud en un populoso barrio de Guayaquil, Ecuador, se fugaron este lunes luego de que un grupo armado irrumpiera en esa unidad, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado.
«Mientras cinco personas privadas de libertad (PPL) recibían atención médica en el Centro de Salud Tipo C, de Bastión Popular en Guayaquil, hombres fuertemente armados ingresaron en el establecimiento de salud», relató la fuente.
El SNAI agregó que guardias penitenciarios reaccionaron al ataque, pero reiteró que, «sin embargo, en medio del conflicto se produjo la evasión de cuatro PPL».
«Al momento, en coordinación con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se realizan operativos» para dar con el paradero de los reclusos fugados, añadió el SNAI en un comunicado difundido por redes sociales.
La unidad penitenciaria recalcó su compromiso para «determinar las causas y responsabilidades de este incidente, por lo que se iniciarán los procesos legales pertinentes para llevar a cabo las investigaciones».
Este suceso se enmarca en la crisis carcelaria y de inseguridad que azota a Ecuador desde hace unos tres años, cuando una serie de masacres en prisiones saltó a las calles, hasta convertir al país en uno de los más inseguros del continente.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, amparado en decretos de estado de excepción, pidió a principios de año a las Fuerzas Armadas que apoyen a la Policía en el control de las cárceles, donde se habían registrado constantes disputas entre bandas criminales.
Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno» y pasó a denominar a las bandas violentas como terroristas.
Pese a que ya cuncluyó la vigencia de los estados de excepción, los militares han mantenido las operaciones en las cárceles, ya que muchas de ellas estaban dominadas internamente por bandas criminales.
A las bandas del crimen organizado dedicadas principalmente al narcotráfico se les atribuye también la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar como el país con más homicidios per cápita, al registrar 47,2 por cada 100,000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
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