Más de 500 de activistas cubanos dirigieron una carta a la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, pidiendo que se exija al régimen de Cuba que respete su Constitución y los pactos internacionales reconocidos por la ONU.
En la carta abierta enviada el 1 de junio al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los firmantes señalan que Cuba ha pasado «del pesimismo a la frustración en sus esperanzas» de que el régimen castrista respetara y gobernara de acuerdo a la ley, luego de que se proclamara una nueva Constitución el pasado 10 abril de 2019.
Según los peticionarios, al cambiar la Constitución, el régimen cubano estaba violando «de modo flagrante» el Artículo 52, el cual garantiza la libertad de movimiento de la ciudadanía.
«[Cuba] ha decidido desatar una guerra civil legal contra la sociedad, a través de decretos que limitan la libre creación artística y de bienes y servicios desde la sociedad civil, que atacan las libertades de expresión, de reunión y de asociación, y que sancionan el ejercicio de ciertos derechos civiles y políticos reconocidos en la Constitución», dice la carta.
«Hoy, a un año y dos meses de aprobada, la Constitución es letra muerta», agregaron.
Los activistas también solicitaron al Consejo de Derechos Humanos que pida a los países que votan para elegir a los miembros, que abran o fortalezcan sus comunicaciones con las organizaciones cubanas de derechos humanos y constitucionales. Asimismo, pidieron que las organizaciones internacionales apoyen a los esfuerzos de la comunidad cubana en las Naciones Unidas.
«Los autoritarismos vienen tejiendo, con relativo éxito, su coalición global contra los derechos en el seno mismo de las organizaciones de derechos humanos», dicen los activistas.
“Nosotros creemos firmemente que las Naciones Unidas de hoy deben ser para los derechos, no para los autócratas”, agregaron.
Entre los firmantes se encuentran José Daniel Ferrer, expreso político y fundador de la UNPACU; Boris González Arenas, periodista reprimido en La Habana; el pastor cristiano Mario Félix Lleonart y Manuel Cuesta Morúa, del movimiento opositor Arco Progresista, entre otros.
Asimismo, recordaron que hace aproximadamente un año, cerca de 2000 cubanos invitaron a Bachelet a que visitara la isla, como lo hizo en Venezuela, y constatara de primera mano el comportamiento del régimen; sin embargo, no hubo respuesta.
La oficina de la Alta Comisionada dijo en un correo electrónico a El Nuevo Herald que de acuerdo a la práctica de las Naciones Unidas, la funcionaria solo puede visitar el país al ser invitada por las autoridades y agregó que, hasta el momento, Bachelet no ha sido invitada por las autoridades del régimen liderado por Díaz Canel.
“El Alto Comisionado decide sobre la pertinencia de la visita con base en una variedad de criterios, incluida la disponibilidad de la agenda, la garantía de ciertas condiciones mínimas durante la visita, el posible impacto de la visita al país”, escribió la oficina.
Por su parte, la activista Rosa María Payá dijo en una entrevista para El Libero que “Bachelet ha hecho muy buen trabajo en ignorar todas las peticiones que vienen desde la ciudadanía cubana, en actuar como si el régimen cubano no fuera la dictadura criminal que es”.
También denunció las condiciones sanitarias que se viven en la isla por la propagación de COVID-19 y señaló que es burda la manera en que el régimen cubano le miente al mundo diciendo que hasta abril la cifra de fallecidos por COVID-19 disminuyó en dos.
“La situación del pueblo cubano es de crisis humanitaria (…) Es necesaria la ayuda internacional con el pueblo cubano”.
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