Autoridades judiciales informaron este jueves que 62 personas han sido juzgadas hasta el momento en Cuba por su participación en las protestas contra el régimen del 11 de julio, mientras se desconoce aún la cifra oficial de detenidos.
El delito predominante, imputado a 53 de los procesados, fue desorden público, aunque se les imputaron también otros como desacato, resistencia, instigación a delinquir y daños, declaró el magistrado del Tribunal Supremo Popular Joselín Sánchez al diario estatal Granma.
Las penas para esos delitos van de tres meses a un año de prisión o multas de hasta 300 cuotas o ambas, según el Código Penal cubano.
El juez indicó que 22 de los 62 procesados asistieron al juicio oral con abogados, 45 presentaron el recurso de apelación y solo uno quedó absuelto.
Aseguró que los procedimientos se llevaron a cabo «con apego a la legalidad y respeto al debido proceso y a todas las garantías previstas en la legislación cubana».
Sánchez mencionó que la Fiscalía recibió 215 reclamaciones después del 11 de julio, principalmente para saber dónde estaban los detenidos, sobre los que hasta el momento no hay una cifra oficial.
En cuanto a los «excesos cometidos» por la Policía, afirmó que las quejas «no han sido representativas».
Durante y después de las protestas de julio se produjo una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes.
El régimen no ha ofrecido datos sobre detenidos y se desconoce cuántos hay, si bien organizaciones han hecho sus propios estudios que los cifran desde más de cien hasta miles en todo el país.
Estas organizaciones han denunciado graves incumplimientos de la legalidad por parte de la justicia cubana, desde ignorar el derecho de habeas corpus de los procesados hasta juicios sin abogado defensor y condenas de cárcel sin pruebas concluyentes.
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