El Parlamento cubano respaldará la próxima semana el nuevo plan de ajuste del Gobierno, el segundo en apenas seis meses, para afrontar la grave crisis que sufre el país desde hace cuatro años.
El Consejo de Ministros presentó un paquete de medidas para recortar gastos —de suspender inversiones públicas a reducir partidas presupuestarias—, medidas que se suman a las decisiones del pasado diciembre, con las que se buscaba principalmente aumentar los ingresos, en pesos y en divisas.
Éste es un recorrido por las principales decisiones que afectan al Estado y las pequeñas empresas privadas, así como una radiografía de la compleja situación de la isla, que el propio Gobierno califica de «economía de guerra».
Situación macroeconómica
El producto interno bruto (PIB) cubano se contrajo entre un 1 y un 2 % en 2023, según el estimado oficial, con lo que sigue por debajo de los niveles prepandemia (2019).
La combinación del Covid-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y fallidas políticas económicas y monetarias agravaron problemas estructurales de la economía cubana.
Desde 2020 el país sufre escasez de básicos (alimentos, medicinas, combustible) y frecuentes apagones, además de una creciente dolarización, falta de efectivo y fuertes subidas de precios.
La inflación
El índice de precios al consumo (IPC) oficial superó el 77% en 2021 y desde entonces ha oscilado mayormente entre el 30 y el 40 % interanual, mientras salarios estatales y pensiones permanecen estables. La inflación real, a juicio de expertos independientes, es mucho mayor.
Déficit
El Gobierno prevé que el desfase entre gastos e ingresos en las cuentas públicas suponga este año el 18.5% del PIB, con lo que Cuba firmará su quinto año consecutivo en números rojos, tres de ellos con un déficit superior al 10%. Esto es un serio problema porque las autoridades están monetizando gran parte de este déficit, atizando la inflación.
Dependencia exterior
Cuba importa el 80% de lo que consume. Sus principales exportaciones permanecen estables o decrecen y la incertidumbre envuelve a sus principales fuentes de ingresos del exterior.
El turismo internacional no repunta tras el Covid-19 y está aún lejos de los niveles prepandemia, las remesas están descendiendo —según diversos cálculos independientes— y los servicios profesionales —principalmente las misiones médicas- están siendo muy cuestionadas.
Así las cosas, el Gobierno —que controla el comercio exterior y gran parte de la economía— tiene problemas de liquidez, lo que se traduce en recortes y retrasos en la llamada canasta básica —los productos altamente subvencionados que se entregan mensualmente por la libreta de abastecimiento (cartilla de racionamiento)— e inestabilidad en el suministro de combustibles, un ingrediente más de la crisis energética.
Primer plan de ajuste
El Gobierno cubano anunció en diciembre pasado un paquete de medidas que incluyó subidas de más del 400% al precio minorista de los combustibles y subidas de hasta el 600% al transporte interprovincial. También alzas en servicios públicos como la electricidad, el gas y el agua.
El plan incluía también la creación de un grupo de expertos para revisar el tipo de cambio (el dólar cotiza en el mercado informal a casi 15 veces su precio fijo en el formal) e incluso el fin de los subsidios universales a productos para dar paso a un sistema de ayudas a personas vulnerables. En ninguno de estos dos ámbitos se han anunciado avances.
Segundo plan de ajuste
Además de buscar aumentar la producción nacional y las exportaciones, el nuevo paquete incluye recortar partidas presupuestarias de este año, asignar recursos financieros mensualmente a partir de los ingresos reales, así como elevar los requisitos para la ejecución de gastos y centralizar su aprobación.
El Gobierno habló asimismo de “posponer e incluso paralizar” inversiones que “no sean imprescindibles”, restringir “al máximo posible” los gastos corrientes y de capital del sector estatal y “disminuir las transferencias de recursos al sector empresarial”.
De forma paralela se anunciaron medidas que afectan a las pequeñas y medianas empresas privadas, como el tope máximo a seis productos básicos, la obligación de tener una cuenta bancaria empresarial diferenciada y la prohibición de realizar pagos en el exterior.
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