Grupos del exilio cubano en Miami mostraron este martes su apoyo a la decisión de EE.UU. de endurecer sanciones a Cuba con el levantamiento de la suspensión de título III de la ley Helms-Burton, que permitirá reclamar en este país propiedades privadas en la isla expropiadas por el régimen castrista.
La suspensión de esta parte de la ley Helms-Burton, de 1996, prevista para el miércoles, abre la puerta a que los estadounidenses puedan demandar por daños a compañías extranjeras que han invertido en bienes comerciales confiscados tras la llegada de la Revolución cubana.
Esta medida servirá para «cortar las vías económicas que beneficiaban hasta ahora directamente al régimen cubano cuando hacen negocios con las empresas extranjeras», dijo a Efe Ramón Saúl Sánchez, director del Movimiento Democracia.
Pese a que Sánchez ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo al embargo comercial a Cuba, sostiene que este es un momento de «coyuntura» en que «se debe aplicar» este endurecimiento, dado que el régimen de la isla «sigue reprimiendo a la población».
«Se le debe apretar con todo lo que se pueda y dirigir esas acciones contra los represores y dirigentes del régimen», algo que se puede realizar bien y con eficacia si se logra «separar al pueblo del régimen».
Sánchez explicó que su organización ha solicitado en reiteradas ocasiones a las diferentes Administraciones estadounidenses la aplicación de los Principios Sullivan, que exigen a las compañía nacionales que hacen negocios con el régimen cubano que cumplan esos principios de responsabilidad empresarial.
Lo que no es de recibo, afirmó el activista exiliado, es que, por ejemplo, las empresas de cruceros estadounidenses «hagan negocio con el régimen cubano pagándole a este directamente» por los servicios realizados por los trabajadores cubanos.
Orlando Gutiérrez, directivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de grupos opositores de dentro y fuera de la isla, se mostró un firme defensor de esta política.
En opinión de Gutiérrez, el impacto de esta medida tendrá consecuencias graves, por ejemplo, en las compañías de cruceros estadounidenses que «invierten en los muelles de La Habana o Santiago», ya que podrían afrontar demandas por daños en los tribunales de Estados Unidos.
El «régimen cubano ha subestimado al exilio cubano», pero el «exilio no va a desaparecer» y sí va a buscar mantener todo tipo de presiones políticas y económicas contra La Habana, dijo a Efe.
La medida podría alcanzar también a cadenas hoteleras como la estadounidense Marriot o el grupo español Meliá, compañías que, según el activista cubano, «han invertido en propiedades y hoteles robados» por el régimen cubano.
En ese contexto judicial, los bienes de estas compañías, entre otras posibles, localizados en territorio estadounidense «podrían estar sujetos a una reclamación por daños causados» y al fallo consecuente de un juez federal.
De levantar el miércoles el Gobierno estadounidense la suspensión del título III de la ley Helms-Burton, «cualquier compañía que opere en Cuba puede verse afectada, así como empresas que tienen que trabajar con el régimen cubano, sean privadas o no», dijo a Efe Dylan Jackson, especialista en asuntos legales y de negocios.
En cuanto al impacto que pueda tener en las compañías de inversión extranjeras, todo va a depender, agregó Jackson, de si la Administración de Trump «permite que se cumpla la ley completa».
Hasta ahora las «únicas entidades afectadas son las empresas de propiedad cubana y las entidades gubernamentales», por lo que resulta «simbólico», ya que «si los demandantes quieren que se les devuelva su dinero, la empresa debe tener presencia» en Estados Unidos, apuntó.
Ahora bien, las suspensiones del Título III de la ley Helms-Burton «abriría las puertas» a demandas contra empresas multinacionales como Carnival Cruises y otras «porque tienen presencia en Estados Unidos».
Para Sylvia Iriondo, presidenta de Madres y Mujeres contra la Represión (MAR por Cuba), la implementación del Título III de esta ley supone un «paso decisivo para la libertad de Cuba y Venezuela, así como para el fin de la impunidad del régimen de La Habana».
Entre las propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la Revolución cubana que podrían ser objeto de demanda en los tribunales de EE.UU. figuran lugares clave como los muelles del puerto de La Habana y de Santiago de Cuba o el Aeropuerto Internacional José Martí.
Gutiérrez explicó a Efe que los muelles de La Habana eran propiedad de «Havana Docks Corporation Muelles», de la familia Behn, que ya había presentado en EE.UU. una reclamación certificada.
En cuanto al Puerto de Santiago de Cuba, este era propiedad de las familias Bengoechea y Badun.
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