Para Nancy Orr, la decisión de tomar sus propias decisiones médicas tuvo un alto precio.
Sin embargo, ser despedida en septiembre de su puesto de asistente ejecutiva de la Biblioteca de Virginia, en Richmond, no fue exactamente una sorpresa, porque, como dijo a The Epoch Times, lo vio venir.
«Como mucha gente al principio de esto, me puse una mascarilla y traté de cumplir lo que me recomendaban», dijo Orr.
En diciembre de 2020, contrajo el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus, el agente patógeno que causa el COVID-19.
Su médico, el Dr. Leland Stillman, que ahora trasladó su consulta (Leland Stillman, MD) de Virginia a Orlando, Florida, le recetó ivermectina, lo que según Orr le redujo sus síntomas en cuestión de horas.
Stillman dijo a The Epoch Times que Orr era una de las muchas pacientes a las que él había recetado ivermectina el año pasado, «con grandes resultados».
«Yo sigo recetándola a los pacientes porque no veo ninguna desventaja y hay tremendas ventajas», declaró a continuación. «¿Qué clase de médico no prescribe una terapia que se sabe que es efectiva, con eficacia documentada en la literatura y que es más segura que el Tylenol?».
Orr dijo que ahora tiene inmunidad verificada por el laboratorio.
«Pero eso no se reconoce bajo la orden ejecutiva» de vacunación, añadió.
En agosto, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, promulgó una orden ejecutiva que exige a los empleados estatales que muestren una prueba de vacunación o se sometan a pruebas de detección del virus semanalmente
Orr indicó que había dejado de usar la mascarilla meses antes porque, según ella, además de tener una inmunidad natural, el uso de la mascarilla le provoca dificultades respiratorias y aumenta su ritmo cardíaco, lo que le provoca una presión arterial alta.
Cumplir o no cumplir
Después de someterse a la prueba de detección de COVID-19, ella consideró que las pruebas, la mascarilla y la vacuna eran innecesarias para su persona, pero a medida que las directrices del gobierno se convertían en obligaciones, se cernía la inquietante decisión de cumplir o no cumplir.
«No podía en conciencia participar en el proceso porque lo veo explícitamente como un pasaporte de vacunas», dijo Orr. «Ellos no tienen derecho a esa información. No tienen derecho a segregar a las personas en función de su estado médico y no se basa en nada científico porque ahora sabemos que los totalmente vacunados pueden infectarse y transmitir el virus».
Privilegiar a las personas en función de su estado médico es discriminatorio, añadió.
«Es inmoral, poco ético, ilegal e inconstitucional», dijo a continuación.
Ella consideró la exención religiosa y médica que estaba disponible debido a su estatus de COVID-19, pero decidió no hacerlo.
«Me di cuenta de que si elegía una exención médica, estaría validando o incluso declarando la participación al declarar mi estado de vacunación y simplemente no es de su entera incumbencia», declaró Orr. «Es información médica privada y solo porque alguien emita una orden ejecutiva, eso no lo hace legal y ciertamente no lo hace moral o ético».
Defensa de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
Orr indicó que recurrió a una organización de defensa de los derechos individuales llamada The Zunga, descrita por uno de sus miembros, John Jay Singleton, como una organización de profesionales que ofrece representación a las personas para que ejerzan sus derechos en el marco de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Según explica Singleton en el sitio web de The Zunga, «se considera que todo el mundo tiene una discapacidad, ya que se considera que todo el mundo tiene una enfermedad contagiosa. Aquí es donde empieza todo: todo el mundo puede expresar sus derechos que están siendo violados a través de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades».
Según los protocolos de COVID-19, Orr dijo que a las personas se les clasifica como portadoras de una infección, lo que constituye una discapacidad calificada según la ADA.
Por ello, agregó, si una persona es considerada discapacitada, tiene derecho a invocar la protección de la ADA, lo que significa, según ella, que tiene derecho a rechazar «cualquier adaptación» que se le ofrezca, como las pruebas de detección del virus, las mascarillas y las vacunas.
Utilizando las pautas y la orientación de su afiliación a The Zunga, presentó una denuncia por discriminación contra la Biblioteca de Virginia y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
«Hay una investigación activa», dijo Orr. «También voy a presentar una demanda federal por despido improcedente, discriminación y represalias basadas en la discapacidad que consideraron que yo tenía, lo que provocó el cese de mi empleo».
A sus 63 años, Orr señala que había planeado trabajar en la biblioteca hasta su jubilación.
Incómodo y angustioso
«No soy una persona con medios importantes, así que estoy recibiendo un golpe financiero considerable», añadió. «Ha sido incómodo y angustioso».
Orr no espera triunfar con su denuncia contra la biblioteca, dijo, «ya que la medicina y el gobierno se han convertido en armas», y añadió que ella no cree que pueda ni siquiera conseguir el seguro de desempleo.
«Pero sigo adelante porque esto está en consonancia con lo que creo que es verdad», agregó.
Mientras tanto, indicó que también sigue adelante con su vida, se involucra políticamente y busca a otros que no están cumpliendo con la orden de vacunación.
Sin ataduras para mí
Antes de su despido, experimentó ansiedad y noches de insomnio a medida que las narrativas en torno a las políticas de COVID-19 se desviaban cada vez más de los límites de la racionalidad.
«Yo no podía soportarlo más», dijo Orr. «Personalmente veo a todos los implicados en esto como cómplices de una actividad criminal al perpetuar la orden del gobernador Northam».
Al menos, su consuelo de hoy es que está libre, proclamando que «no hay ataduras en mi».
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