Un juez federal dictó prisión preventiva a dos policías estatales de Guerrero, estado del sur de México, acusados de los delitos de homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio contra el estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, ocurrido el jueves pasado.
El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista, informó del resultado de la audiencia, que se llevó a cabo en los juzgados federales del puerto de Acapulco, en la que se les dictó prisión preventiva.
En tanto, la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Gómez Valdovinos, informó que se defenderá para permanecer en su cargo luego de que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, informó que iniciaría el proceso para destituirla, tras el asesinato del estudiante.
Ayer, tras una semana del asesinato del joven, la gobernadora informó la destitución de la fiscal y las renuncias del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, lo que era exigencia de la madre del joven y sus compañeros.
En respuesta, mediante un comunicado, Gómez Valdovinos dijo ser respetuosa de lo dicho pero que para removerla se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales, que le permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa.
Adelantó que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que la Fiscalía llevó a cabo tras el asesinato de Yanqui Kothan que, informó, se investiga por el delito de homicidio calificado.
Las autoridades todavía siguen en la búsqueda del presunto autor material del asesinato de Yanqui Kothan, quien ha sido identificado como el policía estatal David N, a quien el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llamó a entregarse durante su conferencia matutina el miércoles.
Todo ello después de que se fugase el pasado lunes, lo que desató protestas en Chilpancingo, capital de Guerrero, contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional lesionados.
La polémica ha crecido tras la muerte del estudiante el jueves pasado en un retén de la Policía de Guerrero, estado donde se han recrudecido las manifestaciones porque López Obrador no ha resuelto el caso de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014.
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