En marzo de 2020, los funcionarios pidieron un cierre en la mayor parte de Canadá y Estados Unidos debido a COVID-19. Se cerraron las escuelas, los negocios, y la vida pública se detuvo.
El plan inicial era frenar la propagación, pero las restricciones se extendió a varias semanas, y luego meses.
El objetivo declarado de estas medidas restrictivas es contener una enfermedad potencialmente letal hasta que la amenaza de COVID-19 sea erradicada. Pero esta estrategia conlleva efectos secundarios dolorosos: suicidio y problemas de salud mental, sobredosis de drogas, abuso doméstico, destrucción de pequeños negocios, desempleo, hambre y pobreza.
Sin embargo, los expertos médicos y los responsables de la formulación de políticas dicen que, a pesar del dolor que hemos sufrido hasta ahora, es necesario un sacrificio aún mayor, como lo confirma el constante aumento del número de casos de COVID-19.
A pesar del sufrimiento y del creciente retroceso en contra de tales medidas, los legisladores dicen que la ciencia y las opiniones de los principales expertos médicos guían sus órdenes. Los cierres, aunque dolorosos, son necesarios para el bien público.
Pero muchos expertos de salud promueven un camino radicalmente diferente.
La Gran Declaración de Barrington, por ejemplo, expresa «graves preocupaciones por los efectos perjudiciales para la salud física y mental de las políticas vigentes de COVID-19». Escrito por expertos médicos de Stanford, Harvard y Oxford, está firmado por 12,785 científicos de salud pública y 38,463 médicos.
Los defensores del cierre sostienen que las órdenes de permanecer en casa salvan vidas, pero la Declaración sostiene que estas políticas están «produciendo efectos devastadores en la salud pública a corto y largo plazo». Según este grupo de expertos en salud pública, mantener las medidas socialmente restrictivas «causará un daño irreparable, con los desfavorecidos perjudicados de manera desproporcionada».
Contra la manada
En lugar de los cierres, la Gran Declaración de Barrington aboga por el regreso a la vida normal, antes que se vieran mascarillas fuera de un quirófano y la gente pudiera reunirse con menos de seis pies de distancia entre ellas. Su objetivo es algo llamado la «inmunidad de la manada». La idea es que si suficientes personas sanas se contagian del virus, pueden desarrollar una inmunidad a éste, y pasar estos anticuerpos adquiridos a los miembros más débiles de la manada de la humanidad. Los expertos en salud pública que respaldan la Declaración dicen que su plan devolvería la vida a las personas sanas, y de hecho protegería a los que corren mayor riesgo.
«El enfoque más compasivo que equilibra los riesgos y beneficios de alcanzar la inmunidad de manada, es permitir que aquellos que corren un riesgo mínimo de muerte vivan sus vidas de forma normal para construir la inmunidad al virus a través de la infección natural, al tiempo que se protege mejor a los que corren un mayor riesgo», afirma la Declaración. «A esto lo llamamos Protección Focalizada».
Así que, ¿por qué los políticos no tienen en cuenta las recomendaciones de estos expertos y científicos? Una razón es la censura. A lo largo de la pandemia, gran cantidad de médicos y científicos han presentado ideas y pruebas que desafían el enfoque convencional. Sin embargo, los medios de comunicación han censurado o eliminado rutinariamente gran parte de los testimonios públicos. Los que antes eran videos virales ahora son imposibles de encontrar.
Las empresas tecnológicas dicen que silencian a los chiflados callejeros que lanzan falsas afirmaciones sobre COVID-19 para prevenir «daños físicos inminentes». ¿Pero qué pasa si algunas de estas ideas tienen mérito, y qué pasa si el número de expertos detrás de ellas es considerable?
Las revistas científicas aumentan la confusión. En octubre, una carta abierta publicada en The Lancet habla de un «consenso científico sobre la pandemia de COVID-19». Este supuesto consenso considera la idea de la inmunidad de la manada como una «falacia peligrosa no respaldada por pruebas científicas», e insiste en que la única forma de avanzar es mantener las restricciones.
«No nos podemos permitir distracciones que socaven una respuesta efectiva; es esencial que actuemos urgentemente con base en la evidencia», afirma la carta de Lancet.
Sin embargo, los partidarios de la inmunidad de la manada pueden señalar la evidencia del mundo real sobre que la reducción de las restricciones puede ser realmente más saludable para la sociedad en general. A Suecia se le atribuyó desde el inicio el mérito de haber mantenido bajo el número de casos a pesar de haber evitado las normas de bloqueo que han diezmado las economías personales y nacionales de otros países.
Otro ejemplo es Dakota del Sur. En una carta publicada el 7 de diciembre en el Wall Street Journal, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, explica que, aunque se la ha tildado de «imprudente», el número de casos de COVID en su estado ha sido mucho menor que en varios estados que aplicaban medidas de restricción social.
«El estado no ha emitido cierres o mandatos de enmascaramiento. No hemos cerrado negocios o iglesias», escribe Noem. «De hecho, nuestro estado ni siquiera ha definido lo que es un ‘negocio esencial’. Ese no es el papel del gobierno.»
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es aún más directo. En una conferencia de prensa del 30 de noviembre, dijo que su estado no tendría cierres, multas, cierres de escuelas, o mandatos de uso de mascarillas como los que se han impulsado en otros estados.
«No creo que funcionen», dijo DeSantis.
Por supuesto, tales decisiones parecen peligrosas para algunos expertos. En un artículo publicado en The Lancet el 24 de octubre por el editor en jefe de la revista, el Dr. Richard Horton, la estrategia de Suecia no es tan exitosa como sugiere la multitud de la inmunidad de la manada. Horton dice que, debido a la política sueca de no encierro, las muertes en las casas de cuidado han sido especialmente severas, y los brotes en los hospitales son comunes.
«La inmunidad de la manada no se ha logrado. Las infecciones están aumentando una vez más», escribió Horton. «Y muchos científicos suecos creen que demasiados ciudadanos han muerto innecesariamente por una política que no tomó en serio las consecuencias de COVID-19».
Horton dice que entiende el atractivo de un enfoque de inmunidad de manada en una población que lucha con la fatiga de la cuarentena. Pero advierte que los gobiernos que tomen este camino se enfrentarán a mayores tasas de infección, y a hospitales saturados.
A Horton también le preocupa que la promoción de estrategias que se apartan de las medidas convencionales ponga en riesgo la delicada confianza del público.
«Ya no se considera que los científicos proporcionen asesoramiento imparcial e independiente al gobierno», escribe Horton. «Se les considera responsables de la caída de las economías, del aumento del desempleo y de la ruina de las fuentes de sustento».
¿Seguir la ciencia?
Entonces, ¿cómo se encuentra la verdad entre las diferentes perspectivas y la censura sistemática de las voces disidentes? Los expertos en salud y los responsables de las políticas dan un discurso de labios para afuera a la ciencia, pero ¿tiene otra fuerza una influencia aún mayor?
Un editorial de noviembre de 2020 del British Medical Journal culpa a los responsables políticos por seleccionar solo los estudios que se ajustan a sus planes y suprimir los que no lo hacen. Los investigadores escriben que, en todo el mundo, «las personas, las políticas y las adquisiciones están siendo corrompidas por las agendas políticas y comerciales».
«Los políticos a menudo afirman que siguen la ciencia, pero eso es una simplificación excesiva y engañosa. La ciencia raramente es absoluta», escribieron los investigadores. «La politización de la ciencia fue desplegada con entusiasmo por algunos de los peores autócratas y dictadores de la historia, y ahora es lamentablemente común en las democracias».
El artículo del BMJ señala ejemplos específicos de corrupción en la respuesta a la pandemia del Reino Unido, pero dice que una fuerza corruptora similar se puede encontrar en todo el mundo.
«Las personas designadas por el gobierno logran ignorar o escoger la ciencia (…) y se entregan a prácticas anticompetitivas que favorecen sus propios productos y los de sus amigos y asociados», afirma el artículo.
Los cierres son solo una manzana de la discordia en la respuesta convencional al COVID. Otra es el tratamiento: específicamente con la medicina hidroxicloroquina. Poco después de que el presidente Donald Trump destacara a los médicos que la usaban para tratar COVID-19, varios expertos médicos se presentaron para desacreditarla.
La reacción fue ampliamente promovida, pero gran parte de ella resultó ser falsa. Sin embargo, la supresión de la hidroxicloroquina (HCQ) como tratamiento para COVID-19 ha persistido.
Aunque algunos estados y hospitales prohíben o restringen el uso de HCQ, muchos médicos siguen considerando que esta medicina es un arma clave en la lucha contra COVID-19. Uno de ellos es el Dr. Peter McCullough, cardiólogo clínico y profesor de la Escuela de Medicina de Texas A&M. McCullough publicó una guía sobre el tratamiento temprano de COVID-19 en el American Journal of Medicine en julio de 2020 como parte de una colaboración entre EE. UU. e Italia. Afirma que el cóctel de hidroxicloroquina es su tratamiento principal.
Y no es el único. En una entrevista del 30 de noviembre con el australiano SKYNews, McCullough dijo que la HCQ es «el terapéutico más utilizado para tratar COVID-19 en el mundo, sin lugar a dudas».
«Ha estado en el mercado durante 65 años. Lo he recetado durante 30 años para el lupus sistémico, la artritis reumatoide y para tratar y prevenir la malaria. Es un medicamento muy seguro y efectivo. En India y Grecia, está en sus directrices utilizarlo en primera línea», dijo McCullough.
Pero los funcionarios de salud instan a la precaución por lo que algunos creen que es un tratamiento no probado y potencialmente peligroso. La Asociación Médica Americana (AMA) instruyó a los médicos a dejar de recetar HCQ para COVID. El 30 de octubre, se presentó una propuesta a la AMA para rescindir su demanda con pruebas que demuestran que la ayuda que proporciona el HCQ supera con creces cualquier riesgo. Pero la Asociación rechazó la propuesta.
McCullough cree que nunca ha habido ninguna controversia sobre si la hidroxicloroquina funciona. La controversia está en la política pública que guía su uso. Dice que aunque el medicamento se prescribe ampliamente para COVID-19 en todo el mundo, en ciertos países —como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia— los pacientes sufren porque los médicos se ven desalentados a prescribir cualquier tratamiento en el hogar.
«El enfoque de la salud pública consiste simplemente en usar mascarillas, quedarse en casa, refugiarse en el lugar y esperar una vacuna. Esto debe ser parte del plan maestro. Pero para la gente que se enferma, obviamente no funciona». Dijo McCullough. «Así que la población está ahora tan hambrienta de una vacuna solo para seguir adelante. Pero los medios no justifican los fines, en mi opinión».
El artículo del BMJ no toma ninguna posición sobre los cierres, y expresa la preocupación de que la hidroxicloroquina fue «aprobada apresuradamente» en EE. UU. Pero lleva una advertencia que resuena con gran parte de nuestro entendimiento y política COVID-19: cuando la buena ciencia es suprimida para obtener beneficios políticos o financieros, la gente muere.
«COVID-19 ha desatado corrupción estatal a gran escala, y esto es perjudicial para la salud pública», afirma el artículo del BMJ. «Los políticos y la industria son responsables de esta malversación oportunista. También los científicos y los expertos en salud. La pandemia ha revelado cómo el complejo médico-político puede ser manipulado en una emergencia, un momento en el que es aún más importante salvaguardar la ciencia».
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