Decenas de policías estatales de Massachusetts han presentado su dimisión antes de la fecha límite necesaria para cumplir con la orden de vacunación obligatoria del estado contra la COVID-19.
«Muchos de estos policías van a volver a sus anteriores departamentos de policía municipal dentro del estado que permiten la realización de pruebas periódicas y mascarillas», dijo en una declaración el jefe de la Asociación de Policías Estatales de Massachusetts, Michael Cherven. «Hasta la fecha, docenas de policías ya han presentado su documentación de renuncia».
«A lo largo del COVID, hemos estado en primera línea protegiendo a los ciudadanos de Massachusetts y más allá», añadió. «Sencillamente, todo lo que pedimos son las mismas adaptaciones básicas que otros innumerables departamentos han proporcionado a sus primeros intervinientes, y que se trate una enfermedad relacionada con el COVID como una lesión en acto de servicio».
La noticia se produjo cuando una jueza del Tribunal Superior de Massachusetts rechazó la petición del sindicato de retrasar la vacunación obligatoria, que entra en vigor el 17 de octubre. Se conceden exenciones, bajo una orden emitida por la oficina del gobernador, a aquellos que buscan exenciones religiosas o médicas a la vacuna.
«Estamos decepcionados por el fallo de la jueza; sin embargo, respetamos su decisión», comentó también Cherven. «Es lamentable que [el gobernador Charlie Baker] y su equipo hayan elegido imponer una de las órdenes de vacunación obligatoria más estrictas del país sin alternativas razonables».
La Asociación de Policías Estatales de Massachusetts había presentado una demanda la semana pasada diciendo que la fecha límite del 17 de octubre causaría a los policías un «daño irreparable» y buscaba más tiempo para «negociar los términos y condiciones de su empleo». También pretendían que los policías que no estuvieran vacunados se sometieran a las pruebas periódicas de COVID-19 y llevaran una mascarilla en el trabajo.
Pero la jueza, Jackie Cowin, dijo que retrasar la vacunación obligatoria no serviría al interés público.
«El interés público está, sin duda, mejor servido si se detiene la propagación del virus, con el fin de proteger a las personas de caer en la enfermedad, garantizar un suministro adecuado de servicios médicos y frenar la aparición de nuevas variantes más mortíferas del virus», según su sentencia.
A nivel federal, la Administración Biden emitió hace unas semanas una orden que obliga a todos los trabajadores y contratistas federales, incluido el personal de las fuerzas de seguridad, a vacunarse contra la COVID-19. Anteriormente, el gobierno federal estipuló que los empleados federales y los contratistas que no se vacunaran tendrían que llevar mascarillas, distanciarse socialmente y someterse a pruebas rutinarias.
Unas cuantas docenas de empleados federales, incluidos miembros del Servicio Secreto de EE. UU., presentaron la semana pasada demandas contra la Administración Biden por esta orden. Algunos argumentaron que una infección previa por COVID-19 debe excluirles de recibir la vacuna, mientras que otros dijeron que las vacunas obligatorias violarían su libertad religiosa.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina del gobernador Baker para una solicitud de comentarios.
Con información de Associated Press.
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