La defensa de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez celebró este martes que un tribunal se declaró «incompetente» para juzgarla por la vía ordinaria, en un caso por la muerte de civiles durante la crisis política de 2019.
Un tribunal de sentencia de la jurisdicción de El Alto, ciudad vecina de La Paz, resolvió que: «No (se) constituye (en) juez natural» para administrar la acusación fiscal de genocidio por las muertes en el barrio de Senkata contra Áñez y que le corresponde un proceso según una ley vigente para juzgar a mandatarios bolivianos.
La decisión «es una luz de esperanza» y una muestra de que «se está acatando lo establecido en la ley», declaró a EFE Luis Guillén, abogado de la exmandataria interina, detenida desde marzo de 2021.
El jurista también consideró que la decisión del tribunal muestra que «la justicia ordinaria es la vía incorrecta para juzgar actos presidenciales y juzgar a una exmandataria».
La semana pasada, el fiscal general, Juan Lanchipa, presentó la acusación formal contra Añez por las muertes en Sacaba (10), en Cochabamba, y Senkata (10) en jurisdicción de El Alto, durante los enfrentamientos entre civiles, que protestaban contra el Gobierno interino; las fuerzas militares y policiales.
La Fiscalía acusó de genocidio a Áñez, a tres de sus exministros; varios exjefes militares y de la Policía, contra quienes pidió la máxima condena de 30 años de prisión, tras valorar que las fuerzas de seguridad utilizaron «municiones de guerra» contra «civiles desarmados».
La Fiscalía General inicialmente remitió la proposición acusatoria por los casos de Sacaba y de Senkata al Parlamento boliviano en agosto de 2021, para que se siga un juicio de responsabilidades contra Áñez como exmandataria.
Sin embargo, a principios de este año, un par de tribunales en las jurisdicciones de El Alto y Cochabamba se declararon competentes para seguir esos procesos por la vía ordinaria.
El exmandatario Evo Morales (2006-2019) consideró que la resolución de los jueces que declararon su incompetencia niega «justicia» a las familias de los fallecidos y que se trata de una decisión «política y corrupta» contra los responsables de esos sucesos.
«Después de ×2,5 años de linchamiento, hoy dictaminan que @JeanineAnez tiene derecho a juicio de responsabilidades en TSJ. Lo señalamos una y otra vez estos años, ahora lo hacen jueces», escribió el exgobernante Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) en la red social X (antes Twitter).
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso llamado «golpe de Estado II», en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
La exmandataria interina Añez, detenida desde marzo de 2021, afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria.
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