Los abogados de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez objetaron este miércoles la legalidad de un nuevo proceso ordinario por la llamada masacre de Senkata en 2019, cuando existe una acusación fiscal por esos mismos sucesos en el Parlamento, para un juicio especial de responsabilidades.
«Es el cuarto proceso que se intenta llevar por la vía ordinaria contra la expresidenta de Estado», dijo en una rueda de prensa el abogado Luis Guillén, que representa a Áñez.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó sobre la ampliación de la acusación contra Áñez por los delitos de «genocidio, homicidio y lesiones graves y leves», en un mensaje en Twitter que acompañó con el documento firmado por una comisión de fiscales.
El caso Senkata está relacionado con la muerte de al menos una decena de civiles en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en noviembre de 2019, cuando Áñez asumió la Presidencia del país después de la renuncia de Evo Morales.
Guillén cuestionó que la ampliación de esta acusación choque con otra que presentó el fiscal general, Juan Lanchipa, en agosto de 2021 al Parlamento, y que desde entonces «se encuentra en trámite», por lo que ese debiera ser el canal legal de juzgamiento.
Juicio de responsabilidades
El caso Senkata «ya tiene un curso» con el que se ha procesado a varios militares y «se está investigando el exceso de la fuerza pública» en esos hechos, por lo que «involucrar» a Áñez implica «reconocer» su rol de expresidenta y que «le corresponde un juicio de responsabilidades».
Por su parte, la abogada Norka Cuéllar manifestó que el fiscal general y la comisión de fiscales «no se están poniendo de acuerdo» y que «no se sabe a qué están jugando» con un mismo proceso por dos vías diferentes.
Mientras que otro de los abogados de Áñez, Alaín de Canedo, advirtió que un juicio ordinario por este caso «tarde o temprano sería declarado nulo» en instancias nacionales o internacionales y que a la larga «se va a realizar un daño» a las víctimas de esos sucesos.
La abogada Cuéllar mencionó que Áñez «no se va a presentar a ningún otro proceso» y que «no va a estar presente» en los actos judiciales «mientras no se le reconozca el debido proceso», que debe seguir la vía especial de juicio de responsabilidades.
El pasado 6 de enero en una audiencia virtual por el caso EBA, Áñez tomó la palabra para anunciar que dispensaba y prescindía de sus abogados al considerar que sus acusadores la buscaban «linchar» judicialmente con varios procesos en su contra.
La ex jefa de Estado interina, detenida desde marzo de 2021, fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso llamado «golpe de Estado II», por situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales, quien denunció un «golpe de Estado» en su contra.
Sin embargo, el arresto de Áñez en una primera instancia se hizo por el caso llamado «golpe de Estado I», impulsado por una exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración.
Además, la Fiscalía mantiene un proceso contra Áñez por una supuesta designación irregular que la exmandataria interina hizo en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
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