La defensa de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez presentó este miércoles unas 50 pruebas con las que busca «demostrar que todo es persecución política» y se «exigirá» la liberación inmediata de la exmandataria.
«Hoy se presentaron 50 pruebas demostrando que todo es persecución política y se exigirá su liberación inmediata», señalan varios mensajes en las redes sociales de Áñez que son administradas por sus familiares.
Áñez está en prisión preventiva desde hace más de tres meses por el caso llamado «golpe de Estado», en el que se le acusa de conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y la anulación de las elecciones de ese año en medio de denuncias de fraude a favor del exgobernante.
La defensa de la exmandataria considera que tras varios meses el Ministerio Público no ha presentado pruebas objetivas que demuestren los hechos por los que está procesada Áñez y dos de sus exministros.
Hasta el momento no se conoce el contenido de las pruebas que presentó la defensa de Áñez, las cuales deben ser evaluadas por un juez para determinar si procede o no el pedido de liberación.
«En Bolivia la Justicia sometida al MAS (Movimiento al Socialismo) decidió secuestrar a la expresidenta, acusándola de terrorismo, sedición y golpe de estado», se señala en una de las publicaciones.
Y añade «se violan sus derechos civiles y humanos al mantenerla detenida por un caso que ni siquiera ellos tienen bien armado y que el mismo Evo les desbarata en cada declaración que hace».
Hace unos días trascendió un video en el que Morales, rodeado de un grupo de militantes del MAS, afirma que «hay que cuidar a Áñez con tal que garantice las elecciones» en referencia a los comicios de 2020, material que la defensa de la exmandataria interina dijo que es una prueba más para la anulación del proceso judicial contra ella.
El pasado viernes la defensa de Áñez presentó ante el Parlamento dos recursos para que sea convocada a declarar por los procesos de responsabilidades que se le siguen.
En el Legislativo boliviano se han radicado ya tres requerimientos acusatorios para iniciar contra la exmandataria interina juicios de responsabilidades durante su gestión enmarcadas en delitos como incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
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