La defensa de Jeanine Áñez rebatió las acusaciones que señalan que la expresidenta interina de Bolivia se «autoproclamó» en 2019 y que existía un plan con las Fuerzas Armadas y la Policía en «confabulación» para que asumiera el poder tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
En la tercera jornada de la etapa final del juicio contra Áñez la defensa también esgrimió que la solicitud de asilo político de Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera implicaban una «ausencia definitiva» del cargo y que, sumado a las otras renuncias, hubo un «vacío de poder» en el país.
Antes del turno de la defensa de Áñez, la Procuraduría General del Estado (PGE) finalizó con sus exposiciones, en las que señaló que las Fuerzas Armadas y la Policía «tenían un plan» y actuaron en «concomitancia y confabulación» junto con la exmandataria interina para que asumiera la Presidencia del país.
El representante que tomó la palabra de la PGE, que está dirigida por el exabogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, identificó los momentos en que supuestamente las fuerzas de seguridad se subordinaron a Áñez y que, al hacerlo, ambas partes incurrieron en faltas a la Constitución.
La PGE aseguró que siendo Áñez segunda vicepresidenta del Senado y tras la renuncia de Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados, tuvo resguardo de las fuerzas de seguridad desde su región natal, Beni, hasta el Parlamento en La Paz que no correspondía.
Asimismo, la Procuraduría señaló que Áñez convocó sesiones en ambas Cámaras, algo que «sin la participación y la colaboración activa tanto de la Policía y las Fuerzas Armadas» no hubiese podido realizar y que con ello violentó la Constitución, reglamentos y otras normas para «autoproclamarse».
La PGE mostró el fragmento de un video en el que Áñez «ordena, pide e instruye» al Ejército salir a las calles «sin tener condición y facultad» para hacerlo.
Gran parte de las pruebas que la PGE presentó en la audiencia son grabaciones de transmisiones televisivas y declaraciones en medios de comunicación en 2019.
A su turno Alaín de Canedo, uno de los abogados de Áñez, argumentó que realmente «existieron» las renuncias de toda la cadena de sucesión constitucional del oficialismo de entonces y que únicamente la expresidenta interina se mantuvo en disposición de asumir la Presidencia en ese momento ante el «vacío de poder» en el país.
Sobre las supuestas órdenes al Ejército, el abogado De Canedo citó la declaración completa de su defendida en la que en ese entonces hizo una «súplica» y un «ruego» a que las fuerzas de seguridad cumplieran con su rol, lo que «no se subsume a un delito».
Otra de las abogadas de Áñez, Norka Cuéllar, recalcó el papel de la exmandataria transitoria en ese momento para el país y pidió que pueda ser beneficiada con una sentencia absolutoria.
Tras la intervención de Cuéllar, el Tribunal dispuso nuevamente un receso en la presentación de los alegatos finales que se reanudará este jueves a las 14.00 hora local (18.00 GMT).
La ex jefa de Estado interina está detenida preventivamente desde marzo del año pasado, inicialmente por el caso «golpe de Estado I», por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración, del que luego se derivó el proceso «golpe de Estado II».
El juicio en curso por el caso «golpe de Estado II» es sobre sus acciones cuando era segunda vicepresidenta del Senado y asumió en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el Gobierno de Luis Arce y el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), tras las renuncias de Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.
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