La defensa del expresidente Jair Bolsonaro apeló este lunes la decisión de inhabilitación política de 8 años emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en junio pasado.
Uno de los hechos que los abogados de Bolsonaro cuestionaron en el caso es la inclusión del borrador de un decreto presidencial, que —supuestamente pretendía ser utilizado para un «golpe de Estado» tras las elecciones de 2022— hallado en casa del exministro de justicia Anderson Torres, y afirman que expresidente no tuvo derecho a una defensa plena.
«La defensa fue perjudicada por el rechazo de la prueba testimonial; la ofensa al sistema acusatorio y la amplia defensa y la inclusión de nuevos hechos en el proceso después de la conclusión de la instrucción», dijo la defensa, según el medio brasileño UOL.
Los abogados del exmandatario brasileño consideran que el documento es «apócrifo», sin relación directa con el expresidente y que «innegablemente» solo serviría para ampliar el objeto de la acusación al ocurrir después de haber iniciado el juicio.
«No se posibilitó la participación de las partes, ni se garantizó el ejercicio de una amplia defensa», agregaron.
Bolsonaro fue juzgado en junio pasado por el TSE por una investigación de abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación tras una reunión con embajadores, en julio del año pasado —cuatro meses antes de las elecciones presidenciales— en la que el mandatario cuestionó las máquinas de votación electrónica y defendió el voto impreso.
En ese sentido, la defensa de Bolsonaro alegó que en ese evento no existía algún acto electoral a investigar, ya que en la reunión no se trató sobre las elecciones, tampoco existió solicitud de votos o ataques a opositores, y además no hubo comparación de candidaturas, según el medio Metropoles.
“Cabe señalar que, si la configuración del abuso de poder político, por definición, exige que el representante utilice el cargo que ocupa para influir en la legitimidad de las elecciones, la participación no directa de órganos con mayor relevancia temática para el evento [Casa Civil, ni la Cancillería, ni la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia] es relevante a los efectos de demostrar la inexistencia del delito», alegó la defensa al respecto.
En caso de que el TSE decida rechazar el recurso de apelación, la defensa de Bolsonaro puede apelar todavía al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país.
El 30 de junio, antes de ser inhabilitado, Bolsonaro dijo que recurriría a la STF en caso de ser despojado de sus derechos políticos.
“Conversaré con mis abogados y habrá un recurso ante el Supremo Tribunal Federal”, dijo el exmandatario en una entrevista a la emisora Itatiaia.
Ese mismo día por la tarde, el Tribunal Superior Electoral inhabilitó políticamente por 8 años a Bolsonaro con cinco votos a favor y dos en contra, considerándolo culpable de abusos de poder, por lo que no podrá postularse para elecciones en el país hasta 2030.
Con información de EFE.
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