La defensa de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez denunció este miércoles la intención de la justicia de someterla a un proceso ordinario por un acto en el ejercicio de sus funciones, algo que consideran contrario a lo que establecen las leyes.
El objetivo es «anular todos los juicios de responsabilidades que al presente se encuentran en trámite de aprobación» en el Parlamento, explicó el abogado Luis Guillén en una rueda de prensa convocada en La Paz por el grupo de abogados que defiende a la exmandataria interina.
La intención de fondo, mencionó Guillén, es «abrir esta puerta judicial» para que todos los procesos que se siguen contra la exjefa de Estado interina sigan la vía ordinaria y no reciba un tratamiento especial como presidenta del país, señaló el jurista.
Una audiencia programada para esta jornada debe determinar la ratificación o no de una resolución que dio pie a un proceso judicial contra Áñez por el nombramiento supuestamente irregular en la gerencia General de la Empresa Boliviana de Almendra (EBA), en mayo del año pasado.
Guillén explicó que lo que se observa es que dicha designación recayó sobre alguien que presuntamente no contaba con facultades para ejercer el cargo por no tener un título en provisión nacional y que ese proceso debía haberse llevado «al ámbito de derecho administrativo».
Al tratarse de una acción que Áñez asumió durante el ejercicio de la Presidencia interina del país correspondería un proceso de responsabilidades y no uno en la vía de la justicia ordinaria, mencionó el jurista.
Dijo que este «no es un tema menor» puesto que «los derechos de todos los ciudadanos bolivianos quedarían en indefensión y a merced de los operadores de justicia que al presente se encuentran seriamente cuestionados», dijo Guillén.
Al respecto, el diputado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Juanito Angulo, declaró a los medios de que Áñez «no cumplió con la sucesión constitucional» y que su gobierno fue «de facto» por lo que debiera corresponderle un proceso penal ordinario.
Justamente, varios altos funcionarios del Gobierno han reiterado de que el gobierno de Áñez fue producto de un «golpe de Estado» y que no cumplió con la sucesión constitucional en base a la interpretación de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, pero que no hace referencia explícita a la exmandataria.
En la misma línea, hace unos días el líder del MAS y expresidente de Bolivia Evo Morales pidió a la justicia acelerar un juicio ordinario contra Áñez ya que «no corresponde» un juicio de responsabilidades.
Áñez lleva más de siete meses de reclusión en una cárcel de La Paz acusada de terrorismo, sedición y conspiración en el caso llamado «golpe de Estado» en el que están señalados algunos opositores, excolaboradores suyos junto a exjefes militares y policiales por sucesos de la crisis política de 2019.
En el Parlamento están en revisión cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades, una de ellas por las muertes de una veintena de civiles, que necesita la aprobación de los 2/3 de los parlamentarios, una cantidad a la que el MAS no alcanza a pesar de su mayoría.
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