Cuando el 11 de abril de 2020, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Justin Walker, decidió conceder una orden judicial temporal solicitada por el Centro Cristiano On Fire contra el alcalde de Louisville, Kentucky, Greg Fischer, dejó en claro que no estaba contento con los funcionarios de la ciudad.
«El Jueves Santo, un alcalde estadounidense criminalizó la celebración comunitaria de la Pascua. Esa sentencia es una que este Tribunal nunca esperó ver fuera de las páginas de una novela distópica, o quizás en las páginas de The Onion», dijo Walker.
«Pero hace dos días, alegando la necesidad de distanciamiento social durante la actual pandemia, el alcalde de Louisville, Greg Fischer, ordenó a los cristianos que no asistieran a los servicios dominicales, aunque se quedaran en sus coches para celebrar el culto y aunque sea Pascua».
«La decisión del alcalde es sorprendente, y es, ‘más allá de toda razón’, inconstitucional», dijo Walker.
La decisión fue una victoria rotunda para la iglesia y un triunfo histórico para la garantía de la Primera Enmienda de la libertad de ejercicio religioso y de reunión, según el presidente del First Liberty Institute (FLI), Kelly Shackelford.
«A eso lo llamamos el disparo que se escuchó en todo el mundo, ese fue el primero, de cualquier decisión dictada durante la pandemia, y fue un golpe de suerte, una decisión fuerte del juez Walker», dijo Shackelford a The Epoch Times el 15 de marzo. Los abogados de First Liberty Institute representaron a la congregación On Fire en el caso.
Fischer, citando la amenaza para la salud pública que supone el virus del PCCh —también conocido como el nuevo coronavirus— había decretado que en la ciudad que alberga el Seminario Teológico Bautista del Sur, no se celebraran servicios de culto.
La orden de Fischer, emitida tres días antes del Domingo de Resurrección, abarcaba los servicios de culto en el interior, las reuniones al aire libre e incluso las que los congregantes asistían sentados en sus coches en el aparcamiento de la iglesia.
En los meses siguientes, miles de congregaciones de todo el país recibieron órdenes de funcionarios estatales y locales de limitar severamente la asistencia o suspender los servicios por completo, con el resultado de que muchas iglesias acudieron a los tribunales con recursos de inconstitucionalidad. Desde el 15 de marzo de 2020, se atribuye al virus la muerte de más de medio millón de estadounidenses.
Muchas iglesias también desafiaron las órdenes y siguieron celebrando los servicios, sobre todo en California, Nueva York y Nevada, donde los gobernadores demócratas Gavin Newsom, Andrew Cuomo y Steve Sisolak, respectivamente, emitieron decretos que señalaban un tratamiento singularmente duro a los grupos religiosos, mientras que eximían a las tiendas de licores, los casinos de juego y las grandes tiendas como Walmart.
«Las personas intentan aprovecharse del miedo y de lo desconocido, y es fácil que las personas olviden por qué este país es tan especial», dijo Shackelford. «Las personas tienen la libertad de cometer sus propios errores y de tomar buenas decisiones. La libertad es algo que algunos consideran muy peligroso, pero es lo que hace que EE.UU. sea EE.UU.».
Como resultado, se produjeron docenas de impugnaciones judiciales en todo el país en las que las iglesias ganaron repetidamente, culminando en algunos aspectos en la Acción de Gracias, cuando la Corte Suprema, en una decisión de 5-4, se anuló un decreto de Cuomo dirigido a las congregaciones cristianas y judías específicas de Brooklyn.
En el caso legal Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo, et al., el juez asociado, Neil Gorsuch, observó que «no existe ninguna razón aparente por la que la gente no pueda reunirse, sujeta a idénticas restricciones, en iglesias o sinagogas, especialmente cuando las instituciones religiosas han dejado claro que están preparadas, son capaces y están dispuestas a seguir y quizás más aún, todas las precauciones de seguridad exigidas a los negocios ‘esenciales'».
«La única explicación para tratar los lugares religiosos de forma diferente parece ser un juicio de que lo que ocurre allí no es tan ‘esencial’ como lo que ocurre en los espacios seculares».
«De hecho, el gobernador es notablemente franco al respecto: A su juicio, la lavandería y el licor, los viajes y las herramientas son ‘esenciales’, mientras que los ejercicios religiosos tradicionales no lo son. Ese es exactamente el tipo de discriminación que prohíbe la Primera Enmienda».
La diócesis de Brooklyn, a su vez, dio lugar a decisiones contra decretos igualmente duros contra la iglesia emitidos por Newsom y Sisolak. Pero Shackelford lanzó una nota de cautela sobre la sentencia de la Corte Suprema contra Cuomo.
Lo que es significativo que las tres decisiones se referían a solicitudes de medidas cautelares de emergencia.
«Aunque estas decisiones sobre mociones de urgencia no son decisiones sobre el fondo del asunto, lo que significa que no se consideran precedentes, siguen siendo una señal muy fuerte para los tribunales inferiores, de cuál es la composición del Tribunal y qué piensan sobre esto», dijo Shackelford.
Además, señaló otra advertencia. Las autoridades pueden retirar fácilmente un decreto infractor, modificarlo ligeramente y volver a publicarlo, con lo que las cuestiones planteadas en la impugnación judicial inicial quedarían sin efecto y los que pretenden defender la Primera Enmienda tendrían que pasar por una nueva y costosa impugnación legal.
«Hemos ganado todos nuestros casos sobre libertad religiosa con todas las iglesias y sinagogas, pero es realmente difícil llevar una decisión hasta la Corte Suprema porque tan pronto como ganas, simplemente retiran la orden [ofensiva] y presentan una nueva orden», dijo.
Como ejemplo, Shackelford señaló la representación de First Liberty Institute (FLI) de la Iglesia Bautista de Capitol Hill en el Distrito de Columbia, cuando las autoridades locales prohibieron los servicios en el interior y al aire libre.
«En D.C. iba a ser un delito tener a 101 personas fuera, con máscaras y socialmente distanciadas para un servicio religioso. Sin embargo, al mismo tiempo, dijeron que estaba bien tener miles y miles de personas protestando», dijo.
«Fuimos al tribunal federal y ganamos. ¿Qué hizo D.C., lo apeló, pudimos ir a la Corte Suprema? No, retiraron su orden», dijo. «Se pueden ganar estas decisiones en los tribunales inferiores, pero llegar a la Corte Suprema es casi imposible porque simplemente retiran o cambian su orden».
Shackelford dijo que los casos que implican multas sustanciales contra las iglesias, como los de California, que ascienden a más de dos millones de dólares, podrían tener más probabilidades de llegar al alto tribunal y provocar una decisión sobre el fondo de la cuestión.
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