La Firearms Policy Coalition presentó una demanda ante una corte federal de San Diego para impugnar el periodo de espera de 10 días establecido en California para la compra de armas, según anunció el grupo el 2 de mayo.
La demanda argumenta que las personas que superan las revisiones de antecedentes sin antecedentes penales deben poder recuperar inmediatamente sus armas de fuego tras la compra para utilizarlas en defensa propia y con otros fines lícitos (pdf).
El objetivo de la ley, que exige un periodo de «reflexión» de 10 días, es evitar que las personas se precipiten a hacerse daño a sí mismas o a otros con armas recién compradas durante periodos de angustia o ira repentinas.
La ley se aplica a todos los consumidores, incluso a aquellos que han aprobado los requisitos de verificación inmediata de antecedentes.
La demanda solicita la eliminación del periodo de «reflexión» y argumenta que la violencia armada es un «problema general de la sociedad» y que un periodo de espera nunca ha sido necesario ni ha ayudado a prevenir la violencia armada.
“La aplicación de las leyes sobre el período de espera impide que las personas respetuosas de la ley tomen posesión de armas de fuego adquiridas legalmente para la autodefensa inmediata”, argumenta la demanda. “Esto relega el derecho a poseer y portar armas a un estatus de segunda clase”.
El fiscal general del estado responde
El fiscal general de California, Rob Bonta, es el acusado principal en la demanda y ha apoyado las regulaciones de armas del estado.
«La violencia armada ha dejado demasiadas familias rotas, demasiados niños traumatizados, demasiados seres queridos sufriendo—es hora de enfrentarse a las empresas que venden estas armas mortales», dijo Bonta en un comunicado. “No hay razón para que la industria de las armas deba ser la única industria exenta de responsabilidad por el daño que causan sus productos. Estamos cansados de ver cómo esta industria obtiene un pase libre mientras las comunidades siguen sufriendo el trauma de la violencia armada».
La oficina de Bonta dijo a Los Angeles Times que estaba “revisando la demanda el martes, pero que no podía hacer ningún otros comentarios”.
La oficina de Bonta no respondió a The Epoch Times antes del cierre de esta edición.
El gobernador Gavin Newsom ha sido un firme defensor del control de armas desde que asumió el cargo.
«California tiene las leyes de seguridad de armas más estrictas de la nación, pero ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de ser complaciente a la hora de abordar la crisis de violencia armada que arrasa nuestro país», dijo Newsom en un comunicado en 2022 tras firmar varias nuevas leyes de armas. «Estas nuevas medidas ayudarán a mantener a los niños seguros en la escuela, a mantener las armas fuera del alcance de personas peligrosas y a regular de forma responsable la venta de armas de fuego en nuestras comunidades. California continuará liderando políticas que salvan vidas y que proporcionan un modelo para la acción de otros estados y de la nación”.
La demanda también alega que la decisión de 2018 de la Corte Suprema de Estados Unidos de no escuchar una impugnación al período de espera de 10 días fue «abrogada», o deshecha, por su decisión más reciente de Bruen, y por lo tanto la ley es inconstitucional bajo el estándar histórico más reciente de la corte, según los documentos.
Compra de armas por Internet
Los grupos de defensa de las armas de fuego como San Diego County Gun Owners PAC, California Gun Rights Foundation y Second Amendment Foundation también se unieron a la demanda.
Los demandantes también abogan por la posibilidad de permitir la venta de armas de fuego en Internet para garantizar que los ciudadanos puedan obtener armas más fácilmente para la «autodefensa inmediata».
«Si las armas de fuego y la munición pudieran comprarse en Internet en California como otros artefactos protegidos por la Constitución, como el papel, los bolígrafos, la tinta y los productos tecnológicos que facilitan la libertad de expresión, los particulares podrían simplemente comprar lo que necesitaran y recibir los artículos en la puerta de su casa», afirma la demanda.
Bill Sack, director de operaciones legales de Firearms Policy Coalition, está decidido a eliminar el período de espera de 10 días para los propietarios de armas respetuosos de la ley.
“Con esta nueva impugnación, la FPC reitera el viejo adagio, un derecho retrasado es un derecho negado”, dijo Sack en un comunicado. “Retrasar arbitrariamente el acceso de personas pacíficas a herramientas salvavidas y protegidas constitucionalmente es inmoral y no está respaldado por el texto, la historia y la tradición de la segunda enmienda en este país. Esta ley debe ser derogada”.
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