Los defensores de la vida y la libertad religiosa ven días oscuros por delante si el fiscal general de California, Xavier Becerra, es confirmado por el Congreso como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
El exvicepresidente Joe Biden ha dicho que nominará a Becerra para el puesto si llega a tomar posesión el 20 de enero. Si Becerra es confirmado, sería el primer hispano en ocupar el puesto.
Becerra en el HHS presenta un panorama sombrío para los defensores de la vida y la libertad religiosa entrevistados esta semana por The Epoch Times.
«Becerra será cualquier cosa menos moderado en lo que se refiere al aborto y la libertad religiosa», dijo la consejera principal de la Alliance Defending Freedom (ADF), Denise Harle, a The Epoch Times.
Harle dijo que ADF «tuvo que ir hasta la Corte Suprema para evitar que Becerra obligara a los centros de embarazo religiosos provida a anunciar los abortos».
«Becerra también continuó con el enjuiciamiento de periodistas provida iniciado por la entonces fiscal general Kamala Harris», dijo. «Y mientras que las iglesias en California tuvieron que librar batallas en los tribunales para abrir sus puertas, los centros de aborto han sido tratados como negocios ‘esenciales'».
El resultado, dijo Harle, fue que Becerra efectivamente dio «a la industria del aborto un pase libre para continuar explotando a las mujeres durante una pandemia». «El historial de Becerra muestra que no tiene consideración por la conciencia o la protección de la vida», dijo.
De manera similar, la presidenta de Susan B. Anthony List, Marjorie Dannenfelser, dijo a The Epoch Times: «Becerra está agresivamente a favor del aborto y es un enemigo de la libertad de expresión. Como fiscal general de California, continuó lo que su predecesora, Kamala Harris, comenzó persiguiendo a los periodistas ciudadanos que expusieron el papel de Planned Parenthood en el tráfico de partes de bebés. Y en el Congreso, votó a favor de los abortos de nacimiento parcial».
Si es confirmado por el Senado, Becerra se encargaría de la gestión administrativa y política diaria de un departamento con más de 80,000 empleados federales y un presupuesto de 1 billón de dólares.
Además de la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, el HHS también abarca los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), lo que convierte a Becerra en un decisor clave en las reformas de ayuda social y la entrega de la vacuna del virus del PCCh, desarrollada en tiempo récord por la Operación Warp Speed del presidente Donald Trump.
Tal cartera preocupa especialmente a Justin Butterfield, consejero general adjunto de First Liberty Institute, con sede en Plano, Texas, la mayor firma legal del país dedicada a cuestiones de libertad religiosa.
La postura de Butterfield es especialmente significativa porque es un exasesor principal de conciencia y libertad religiosa en el HHS bajo Trump, donde lanzó una nueva división dedicada a la protección de la libertad religiosa en la atención médica.
«Como fiscal general de California, Xavier Becerra atacó repetidamente las protecciones de libertad religiosa que se han mantenido durante mucho tiempo para los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud y calificó de ‘ofensivas’ y ‘peligrosas’ las protecciones federales que protegen a los profesionales de la salud de ser coaccionados a realizar abortos en contra de su voluntad», dijo Butterfield a The Epoch Times.
Becerra no ha descrito públicamente ningún detalle de sus planes, pero el futuro de la nueva división de Butterfield en la Oficina de Derechos Civiles del HHS podría estar en peligro.
Al estar radicado en el sur de California, el presidente de Advocates for Faith and Freedom, Robert Tyler, se ha enfrentado en múltiples ocasiones a Becerra, así como a la senadora Kamala Harris (D-California), su predecesora como fiscal general del estado. A Tyler le preocupa el papel de Becerra en la configuración de la política federal sobre la prevención del virus del PCCh.
«Como fiscal general, defendió el deseo del gobierno estatal de obligar a las clínicas de embarazo provida a entregar información de contacto para proveedores de aborto, y esta ley fue considerada inconstitucional por la Corte Suprema de Estados Unidos», dijo Tyler, también socio de la firma de abogados Tyler & Bursch, a The Epoch Times.
«Ahora está siendo puesto en una posición poderosa a nivel federal que ciertamente llevará a la imposición inconstitucional de los mandatos nacionales relacionados con el COVID-19 y otros temas controvertidos».
Si Becerra finalmente obtiene esa poderosa posición depende más inmediatamente del resultado de las dos elecciones al Senado de Georgia del 5 de enero. Están en juego los escaños de los republicanos en funciones David Perdue y Kelly Loeffler.
Si los republicanos ganan una de las elecciones, retendrán el control del Senado y nombrarán al nuevo presidente del poderoso Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP) que considerará una nominación de Becerra. Si los demócratas ganan las dos carreras de Georgia, controlarán el Senado, incluyendo el comité HELP, asumiendo que Joe Biden se convierta en presidente.
Los miembros republicanos del HELP se han mostrado algo reservados hasta la fecha respecto a la posibilidad de una nominación de Becerra.
«Buena persona. No sé qué experiencia tiene en el cuidado de la salud», dijo el senador Bill Cassidy (R-La.) a Los Angeles Times. Cassidy es una voz influyente en temas de salud porque es médico.
Becerra podría enfrentar un problema de ética, gracias al senador Mike Braun (R-La.), quien emitió una declaración señalando que el fiscal general de California «ha aceptado más de 1,000,000 de dólares en donaciones de la gran industria de la salud», según datos de OpenSecrets.org.
Braun, miembro del comité HELP, también señaló que Becerra tiene una calificación del 100 por ciento por parte de Planned Parenthood, la organización a favor del aborto expuesta por el periodista provida David Daleiden por vender partes del cuerpo, incluyendo cabezas, de bebés abortados.
Becerra presentó 15 cargos criminales relacionados con el uso de cámaras encubiertas contra Daleiden y su colega, Sandra Merritt. Los cargos no están resueltos, y Daleiden ha demandado a Becerra y Harris por violar sus derechos civiles.
Becerra no respondió a las solicitudes de comentarios.
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