LOS ÁNGELES—Un grupo ambientalista demandó al Departamento de Energía de EE.UU. por su decisión de conceder más de USD 1000 millones para ayudar a mantener en funcionamiento la última planta de energía nuclear de California más allá del cierre previsto para 2025. La medida abre otro frente de batalla en la lucha por el futuro de los reactores gemelos del Diablo Canyon.
El grupo Amigos de la Tierra, en una demanda presentada el martes en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Los Ángeles, argumentó que la adjudicación del año pasado al operador de la planta Pacific Gas & Electric se basó en un análisis obsoleto y defectuoso que no reconoció el riesgo de terremotos u otros eventos graves.
La denuncia califica la evaluación de seguridad como “extremadamente deficiente” y acusa al Departamento de Energía de basarse en un análisis ambiental de hace 50 años.
«Las repercusiones medioambientales de la prolongación de la vida útil de esta vieja central no se han abordado adecuadamente ni se han dado a conocer al público», dice la denuncia.
Se envió un correo electrónico al Departamento de Energía en busca de comentarios.
Diablo Canyon se encuentra en un acantilado con vistas al Pacífico a medio camino entre Los Ángeles y San Francisco. Comenzó a operar a mediados de la década de 1980 y suministra hasta el 9 por ciento de la electricidad del estado en un día cualquiera.
En 2016, PG&E, grupos ambientalistas y sindicatos que representan a los trabajadores de la planta acordaron cerrar las instalaciones para 2025. Pero la Legislatura anuló el acuerdo en 2022 después de que el gobernador demócrata Gavin Newsom revirtiera su posición y dijera que la energía es necesaria para evitar apagones a medida que el estado hace la transición a las energías renovables y el cambio climático pone a prueba el sistema energético de California.
Desde entonces, las disputas han girado en torno a la seguridad de los reactores de Diablo Canyon, de décadas de antigüedad, si los contribuyentes podrían cargar con cientos de millones de dólares en costes adicionales e incluso si la electricidad es necesaria en la era de la energía solar y otras energías verdes.
PG&E ha dicho durante mucho tiempo que la planta de doble cúpula es segura, una evaluación respaldada por la Comisión Reguladora Nuclear.
La administración Biden aprobó 1100 millones de dólares en financiación del Departamento de Energía en enero. El financiamiento provino a través del programa de crédito nuclear civil de la administración, que tiene como objetivo rescatar a los propietarios u operadores de reactores nucleares en dificultades financieras como parte del esfuerzo de la administración para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta para 2030 en comparación con los niveles de 2005.
PG&E ha dicho que quiere mantener la planta abierta para “garantizar la confiabilidad eléctrica en todo el estado y combatir el cambio climático” bajo la dirección del estado.
La empresa de servicios públicos busca una extensión de 20 años de sus licencias federales, algo típico en la industria, pero enfatizó que el estado controlaría cuánto tiempo funciona realmente la planta. Un juez estatal aprobó condicionalmente un plan para mantenerla en funcionamiento durante cinco años más, hasta 2030.
California es la cuna del movimiento ecologista moderno y durante décadas ha tenido una relación tensa con la energía nuclear. La disputa por Diablo Canyon se desarrolla mientras la industria nuclear, que lucha desde hace mucho tiempo, ve un posible renacimiento en la era del calentamiento global. La energía nuclear no produce contaminación de carbono como los combustibles fósiles, pero deja residuos que pueden permanecer peligrosamente radiactivos durante siglos.
Por Michael R. Blood
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